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POLÍTICA Y MINERÍA
After Hierro Indio: Los 19 proyectos que esperan en Mendoza
MINING PRESS/Los Andes
11/11/2019

 Juan Manuel Torrez

El aval que dio la Legislatura a la exploración de la mina Hierro Indio, en Malargüe, envalentonó a los empresarios mineros, para quienes la aprobación es un “punto de partida” para volver a hablar de minería metalífera en Mendoza. Como contraparte, sectores ambientalistas encienden alarmas respecto de las “intenciones por detrás” que -denuncian- tienen el Gobierno provincial y partidos de la oposición. Avizoran que se está “preparando” el terreno para modificar la ley 7.722, que prohíbe la utilización de sustancias químicas y tóxicas para la extracción de minerales.

Según la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), en la provincia hay 19 proyectos factibles -ver infografía- para extraer minerales como uranio, cobre, oro, plomo y plata, entre otros. Para ello, Raúl Rodríguez, titular de la Cámara, destacó a Los Andes que necesariamente requieren una reforma de la ley antiminera y que aguardan una “discusión social y política sana y constructiva” para lograr consensos. 

Infografía: Gustavo Guevara / Los Andes

Sin dudas la minería es un tema sensible en Mendoza. Lo sabe el arco político, que debió paralizar la discusión de dos proyectos para reformar la 7.722 en el Senado, en medio del intenso año electoral. No obstante, con la nueva conformación de las Cámaras, y sobre todo con el nuevo Gobierno, volverán a debatirse esos proyectos.
Ilusión empresaria

El gobernador electo, Rodolfo Suárez, sostuvo en su campaña electoral la intención de que se pueda hacer minería “en los lugares donde exista consenso social, con estrictos controles”, poniendo el eje en la creación de empleo. 

En esas palabras se apoya la ilusión de los empresarios mineros. “Se animó a hablar durante la campaña y tuvo el valor de decir que está a favor del desarrollo minero. Que haya sido ratificado por más del 50% de los votos nos da una esperanza de que haya una validación detrás”, consideró Rodríguez.

Los dos proyectos que buscan reformar la 7.722 pertenecen a los peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles. A grandes rasgos, el del primero propone modificar el artículo 1 y eliminar la frase “y otras sustancias similares” cuando la Ley habla de la prohibición del uso de mercurio, cianuro y ácido sulfúrico. En tanto, el ex intendente de Malargüe propone crear “parques mineros controlados” en aquellos lugares donde haya consenso.

“No sabemos qué impulso tomará la reforma, pero tenemos la intención de que este debate siga en 2020”, agregó el empresario minero. 

Alerta ambientalista

Las organizaciones que defienden la 7.722 a rajatabla están decididas a resistir cualquier “ablande” de la Ley, que incluso fue ratificada por la Suprema Corte cuando fue tildada de inconstitucional.

Eduardo Sosa, ex jefe de Gabinete de la secretaría de Ambiente y quien renunció por disidencias con la actual gestión, aseguró que hay una “troica” conformada por el Ejecutivo, legisladores y empresarios mineros que sistemáticamente “trabajan para la derogación o reforma de la Ley”. En este sentido, sostuvo que este grupo “hoy es mayoritario en la Legislatura”, por lo que seguramente se avanzará en la discusión del tema. 

“El lobby minero no lo veo mal porque ellos representan a sus intereses. Pero hay que sincerar las posiciones, porque el problema es que hablan y afirman que representan a la ciudadanía”, destacó.

En este sentido, aseguró que hay una “mayoría silenciosa que defiende el agua y que no es un pequeño grupo de inadaptados o bulliciosos, como dice este Gobierno”. 

En tanto, Carlos Russo, de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap), opinó que Hierro Indio “es la punta de lanza para reformar la 7.722 y entrar de lleno con la megaminería en Mendoza”.

“Sabemos que hay conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición para sacar las leyes adelante, pero vamos a resistir. Sería una barbaridad luego de 10 años, que saquen una ley que cuida el ambiente y evita la contaminación del agua”.

Uranio, oro, cobre, plata y plomo 

La Camem tiene una carpeta con casi 20 proyectos, pero sólo cuatro están avanzados. Uno es Cerro Amarillo (cuya exploración se intentó aprobar en 2014 con Hierro Indio pero fracasó), la mina de cobre que se explotó en la década del ‘70 durante cuatro años.

Por su parte, Paramillos (también en Uspallata) tiene plomo, plata y zinc; y Don Sixto (ex La Cabeza), oro en una zona que comparten San Rafael y Malargüe.

El resto se dividen en dos minas de uranio, Sierra Pintada y Agua Botada; cinco proyectos en exploración perforados, como Paramillos Norte y Sur (cobre), Las Choicas (cobre), Santa Clara (oro) y Yalguaraz (cobre); y otros 9 en exploración pero sin perforaciones, como Picos Bayos (cobre), Papagallos (cobre y oro), Universidad (cobre), Elisa (cobre), El Seguro (cobre), Matancillas (cobre), Cajón Grande (cobre), Quebrada Amarilla (cobre) y Malargüe (cobre y oro).

 

Un posible cambio de ley

MDZ

MARCELO ARCE

Más de una década debió pasar para que en Mendoza se vuelva a plantear, en esta oportunidad como salida a la crisis económica, la alternativa de desarrollar la minería a gran escala.

Luego de un largo tiempo de imperio de la ley 7722 (que estableció en 2007 restricciones fuertes para el desarrollo de la actividad en la provincia) un cambio de era aparentemente se aproxima impulsado por Rodolfo Suarez.

 

En su etapa de candidato, el gobernador electo mostró su plan para apostar, en el mediano y largo plazo, a dos ideas fuertes para diversificar la economía: desarrollar tanto Vaca Muerta como la minería y usarlos de motores para generar trabajo y riqueza.

En la cabeza de Suarez ronda la idea de terminar generando un círculo virtuoso que consiste en aprovechar los recursos que generarán las dos actividades para destinarlos, entre otras iniciativas, a obras de infraestructura que mejoren la gestión del agua.

Algo de este plan ya se comenzó a gestar estos últimos días en China, como parte de la gira que el gobierno de Mendoza encaró nuevamente por ese país y en la que, ademas de Suarez, participó también el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner.

 

Una de los asuntos que en ese país se manejaron, fue la reactivación de lo que en su momento fue Potasio Río Colorado. El proyecto quedó trunco en 2013 por la salida de los propios inversores brasileros de Vale, quienes habían dejado intacta una inversión de más de U$S 2.000 millones en infraestructura para la extracción y el procesamiento del cloruro de potasio en ese yacimiento situado a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.

Desde hace meses, la administración de Alfredo Cornejo viene negociando la salida de los brasileros a través de un acuerdo que abarca la alternativa del retiro de los privados para que el Estado se haga cargo de la mina.

Esa negociación está en una etapa de auditoría y en un plazo de 90 días (que ya están corriendo) se podría terminar firmando un contrato para el traspaso de las acciones por parte de los privados a la provincia.

Cuando Vale se fue hace seis años, el impacto negativo fue fenomenal en la economía mendocina. La caída del proyecto movió fuerte la aguja y tuvo, entre otros,  un efecto en los índices de empleo mendocino.

Según un estudio de la consultora mendocina Ideal, en aquel momento, la provincia precisó al menos un año para crear la cantidad de puestos de trabajo directos (unos 4.500) que estaban relacionados con Vale y de dos años y medio para cubrir el empleo indirecto (unos 6.500 empleos), que dependían de la firma que terminó resignando inversiones aquí y que luego terminó involucrada en el escándalo del Lavajato en su país.

Con mucho sigilo, Kerchner viene tejiendo con inversores chinos la reactivación de la mina y Mendoza ya tiene firmado con uno de ellos un acuerdo que quedó sujeto a la confidencialidad de las partes.

En este punto, hay un interesado visible que es el Instituto de Investigación en Minería de Potasio de Shangai (Shanghai Potash), aunque se menciona que existirían al menos dos posibles inversores más a nivel internacional.

Los chinos tienen la mirada sobre el yacimiento de minerales malargüino (utilizados como fertilizante) porque su propia producción no les alcanza para cubrir la demanda.

En China se consumen en la actualidad 17 millones de toneladas de sales de potasio, pero ese país alcanza a producir 10 millones de toneladas y el resto lo importa. El proyecto original de los brasileros de Vale fue producir en Mendoza 4 millones de toneladas, después se achicó a 1 millón de toneladas y ahora lo que se está analizando es establecer una planta piloto para producir 200.000 toneladas.

El problema no es solo la inversión requerida, que ronda los U$S1.500 millones. Sino que dese hace varios años (y en la actualidad) las sales de potasio han depreciado su valor y ya no es un negocio apetecible como sí lo era hace una década.

Lo que le resta al próximo gobierno en este sentido, es avanzar con el proyecto para que, en caso de que las sales recuperen su valor, estar listos para comenzar la explotación.

Pero más allá de lo que suceda en Malargüe con las sales de potasio, el cambio de época se dará si Suarez consigue avanzar con lo que ya anticipó en la campaña: modificar la ley 7722.

En este punto, el gobernador que viene tiene una postura que no dista mucho del que se va. Pero con una diferencia: Cornejo no quiso abrir el debate pendiente de la conflictividad social que el tema despierta, fundamentalmente, en el Valle de Uco.

Para él discutir esa ley, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte en en 2017, siempre fue considerado como un beneficio que podría llegara a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo.

Cuando un intento por cambiar la norma avanzó el año pasado, Cornejo solo la dejó correr. Pero nunca terminó de respaldarlo del todo.

Aquella iniciativa fue del senador kirchnerista Alejandro Abraham, aunque también ya existía otra presentada por el exintendente de Malargüe, Juan Agulles, quien desde hace años viene insistiendo con la misma modificación. 

Lo que se pretende discutir son dos cambios clave. El más trascendente, es que se propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.

Y el otro aspecto es el que más controversia generó. Si bien se mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "y otras sustancias similares", lo que amplía el espectro de recursos químicos a utilizar. Entre ellos, el xantato que es utilizado para los procesos de lixiviación.

Algo hay que mencionar en ese proceso discusión. Está claro que las modificaciones no prosperaron, pero es cierto también que tampoco antes el debate legislativo por este tema había avanzado tan lejos.

Algunas conversaciones en los pasillos legislativos ya han comenzado entre el oficialismo y la oposición para intentar avanzar, por caso, en la unificación de los dos proyectos ya presentados para eventualmente comenzar a discutirlos en comisiones.

Pero no será sencillo. Por un lado, representantes de sectores vinculados al cuidado del ambiente ya comenzaron a alzar su voz en contra de los cambios a la ley. Uno de ellos fue Eduardo Sosa, de la organización ecologista OIKOS  y exsecretario de Ambiente, quien alertó a través de una nota de opinión publicada el miércoles que no respaldará modificaciones a la 7722 porque, según dijo, “la ley sirve, solo hay que aplicarla”.

La reacción del ambientalista fue el correlato de la aprobación, el martes, del proyecto de Hierro Indio en el Senado. Allí, se tomó nota de otra realidad: la senadora tunuyanina del PJ, Patricia Fadel, junto a otros tres legisladores del PJ, se abstuvieron de votar en favor del nuevo proyecto minero. El Valle de Uco aportará más resistencia al debate seguramente. Con el recambio que llegará en diciembre, ingresará a Diputados Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos y principal impulsor de la 7722 cuando se sancionó hace doce años.

El nivel de las protestas que habitualmente surgen desde esa zona de la provincia por este tema fue muy acotado el año pasado, sin embargo. Y, salvo un cruce muy virulento registrado en el comienzo del debate entre un legislador y el representante de la Cámara minera, prácticamente todas las audiencias legislativas transcurrieron con relativa normalidad.

En definitiva: por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo como siempre fue la discusión por la minería, se buscó salir con conversación política y con las alternativas que cada sector propuso para resolver el problema y cada uno escuchó lo que el otro tenía para decir. Ese es el clima que apunta a instalar nuevamente Suarez.


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