JOSÉ IGNACIO BETETA BAZÁN*

Recuerdo que hace 7 años tuve la oportunidad de trabajar en las comunidades cajamarquinas aledañas al proyecto minero que Southern Perú acaba de adjudicarse hace algunos días. Entre las “anécdotas” más interesantes, resalta aquella en la que fui “retenido” durante varias horas por líderes comunitarios que querían imponerme algunas condiciones para los proyectos de desarrollo social que promovía. Cada vez que volvía, me decía a mí mismo, “Ay, ay, ay, Michiquillay…”

Y es que las comunidades de Michiquillay y su vecina La Encañada, se encuentran en una zona en la que confluyen no uno, no dos, sino varios proyectos mineros. Y este no es un dato accesorio. Las minas aledañas siempre tuvieron y tienen que negociar con ellas renovaciones de acuerdos para poder operar o seguir operando.

De hecho, la anterior propietaria de la concesión, Anglo American S.A tuvo varios problemas sociales con sus comuneros; problemas siempre agrupados bajo el paraguas o subtítulo de “conflictos por contaminación y/o deterioro ambiental, incumplimiento de acuerdos, problemática relacionada con el territorio y sus prioridades de uso, malas relaciones con el personal y/o servicios, prácticas de reducción de personal, incumplimiento de Beneficios Laborales”, entre otros asuntos.

Pero el punto es que debajo de cada uno de estos items, no solo se debía o debe evaluar el desempeño o posible incumplimiento de compromisos por parte de la empresa minera, sino echar luz sobre el poder de negociación casi ilimitado, y los intereses no explícitos que tienen ciertos líderes comunitarios, intereses que no se basan necesariamente en buscar mayor calidad de vida para sus conciudadanos, sino en fortalecer sus agendas políticas o alimentar sus proyectos económicos personales.

La cartera de proyectos mineros de Cajamarca es la más grande del país y representa el 22,3% del total. Los grandes proyectos mineros de la región están bloqueados por conflictos sociales no resueltos. Ahora, Southern se alista para iniciar el desarrollo de este proyecto con una inversión de 2,500 millones de dólares en los siguientes 5 años; y el CEO de la empresa ha sido enfático en afirmar que si bien harán todo lo posible por cumplir esos plazos o tomarse más tiempo, pueden decirle al gobierno (cito), “señores, acá está su proyecto. No va a funcionar y punto.”

Está bastante claro que el Ejecutivo tiene que involucrarse en este proyecto. Pero tiene que hacerlo bien. Y los funcionarios designados, si bien deben ser hábiles para intermediar, también deben contar con un equipo de comunicación y sensibilización fuerte, que transmita mensajes fidedignos y asertivos a la población cajamarquina.

Por otro lado, según la ministra de Energía y Minas, Angela Grossheim, el Fondo de Adelanto Social debería implementarse en breve, con lo cual el Estado empezaría a acompañar a las empresas privadas que se han adjudicado proyectos mineros importantes, invirtiendo en obras e iniciativas de desarrollo, antes de la explotación y durante la fase de exploración inclusive. También anunció que entrará en vigencia el reglamento de exploración minera ambiental, norma que facilitaría la inversión en el sector.

Preguntas por responder: ¿se cuenta con un detallado mapa de actores relevantes en la zona: ONGs, medios de comunicación local, líderes, autoridades locales? ¿se implementará este Fondo de Adelanto Social en esta zona “caliente”? Más allá de las competencias de una u otra oficina del Ministerio y de las demás entidades estatales, ¿quiénes representarán al Estado frente a la empresa y a las comunidades del área de influencia directa de Michiquillay? ¿Se formará un equipo especializado para este proceso? ¿Volverá Southern a cometer los errores que cometió en Tía María? ¿En qué se diferenciará su estrategia de acercamiento a las comunidades esta vez?

Espero no volver a repetir esa fatídico mantra, ”Ay, ay, ay, Michiquillay…”

*Historiador, Magister en Gestión Pública, Responsabilidad Social y Política