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ANÁLISIS
Chappuis: MEM y las garantías para el cierre de minas
03/07/2019

¿Ingenuidad o negligencia?

MINING PRESS/Semana Económica

MARITA CHAPPUIS

Desde el 2005 los titulares de minas y fundiciones deben constituir a nombre del Ministerio de Energía y Minas (MEM) garantías de “importe suficiente y realización oportuna” que respalden el cumplimiento de los planes de cierre o que, llegado el caso, el MEM pueda ejecutarlas para llevar a cabo las labores de cierre. El objetivo es evitar que se gesten más pasivos ambientales que terminen siendo remediados por el Estado y se deteriore la imagen de la minería en general.

Esta obligación ha sido cumplida religiosamente por la mayoría de titulares mineros en los últimos 14 años. Incluso, el ministro Francisco Ísmodes ha señalado en varias oportunidades que existen más de 8,600 pasivos en el país, que le costarán al Estado más de US$1,000 millones en remediar. El presupuesto de este año supera los S/270 millones. Hace dos semanas Ísmodes amenazó con “ejecutar las garantías” de la mina Tucari por no cumplir a tiempo con su plan de cierre.

En el 2016 se permitió que la garantía para el cierre podría estar constituida por bienes inmuebles hasta en un 50% y la diferencia, como el espíritu de la ley lo exige, sí tendría que ser suficientemente líquida, por lo tanto el titular debería presentar carta fianzas, pólizas de caución o un fideicomiso en efectivo.

Sin embargo, el pasado 26 de junio El Peruano publicó una resolución firmada por el ministro Ísmodes, en la que hace referencia a un informe sobre la preocupación de la Dirección General de Minería que ha “advertido” que existe la dificultad en los titulares que están en un procedimiento concursal de conseguir financiamiento en los bancos y seguros, por lo que el MEM les otorgará la facilidad de incrementar el porcentaje de 50% a 100% de las garantías en bienes inmuebles, para lo cual se realizará una “tasación comercial” de los mismos.

Esta resolución podría beneficiar al Complejo Metalúrgico de La Oroya, la mina Quiruvilca, Castrovirreyna, las minas de la familia Sánchez Paredes, pues todas ellas están en proceso concursal.

Con esta medida, el MEM podría hacerse de varias plantas que serán imposibles de transferir, como lo es el Complejo de La Oroya, donde se ha visto pasar año tras año liquidadores, asesores, etc. que prometen vender estas instalaciones, que están “tasadas” en US$280 millones, aun cuando no tienen interesados.

No se entiende por qué el MEM ha decidido que los contribuyentes tenemos que financiar el cierre de estas operaciones mineras, mientras sus operadores no han sido sancionados penalmente y/o hayan perdido el dominio de sus propios bienes por el daño ambiental que están ocasionando al abandonar instalaciones sin cerrarlas apropiadamente. Es previsible que en el proceso judicial correspondiente presentarían tasaciones infladas de los inmuebles que dejaron abandonados, al lado de yacimientos agotados.


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