CAMILO ALBERTO KAHALE*

Si las pymes representan el 70% de los puestos de trabajo del sector privado y el 45% de la actividad económica del país, y desde 2016 a la fecha -según el registro de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA)-, bajaron la persiana de forma ininterrumpida más de 9.600 pequeñas y medianas empresas, es lógico que Argentina afronte el mayor índice de pobreza desde la crisis que se precipitó en diciembre de 2001 (34,5% en el primer semestre del año).

Lo que no se contempla entre los parámetros lógicos son las decisiones tomadas por la actual gestión en materia político-económica. La apertura indiscriminada de las importaciones atenta contra las pymes, que además tienen que afrontar la inflación que según los indicadores se estima del 55% para diciembre de 2019. A esto hay que sumarle la destrucción sistemática del mercado interno y el aumento de las tarifas de electricidad y gas, junto a otros impuestos, insostenible para cualquier empresario, emprendedor y comerciante.

La ecuación es sencilla, si baja el consumo las ventas disminuyen y si se vende menos se torna cada vez más difícil para los empresarios mantener sus gastos fijos. Según los informes de FEBA todos los rubros siguen en caída libre: Industria y Comercio 16 meses consecutivos en baja, y Construcción 12 meses.

Desde el año pasado, desde FEBA estamos pidiendo una serie de medidas de alivio para evitar que el sector llegara a esta situación. Nos hemos reunido varias veces con representantes del Gobierno Nacional y Provincial en busca de una solución y con propuestas concretas:

-En cuanto a lo financiero, se necesitaba restablecer las líneas de financiamiento para la producción. Bonificar las tasas y limitar los pedidos de reciprocidad de los bancos.

+En lo referente a medidas fiscales, solicitamos suspender las ejecuciones fiscales y embargos a pymes por 180 días; a su vez, era necesario suspender el esquema de anticipos de ganancias, como así también, el régimen de calificación de contribuyentes. Ampliar la moratoria fiscal y provisional es otra medida que reclamamos entendiendo que ayudaría a paliar la situación, sumada a una devolución automática de los saldos a favor de IVA e impuestos a los Ingresos Brutos.

+El mercado interno merecía una especial atención, era importante establecer un régimen de formalización de empleo con blanqueo laboral. Formalizar y generalizar el régimen de Ahora 12 durante todo 2019; y acelerar y aumentar el otorgamiento de los REPRO para preservar el empleo.

+También era clave replantear las medidas energéticas. Entre otras cosas se necesitaba reducir tarifas y homogeneizar la carga total de impuestos nacionales y provinciales.

Estas y otras medidas fuimos reclamando en tiempo y forma para evitar la muerte de muchas pymes, y en consecuencia, la caída de miles de familias por debajo de la línea de la pobreza. Lo cierto es que en varios momentos el Gobierno intentó dar curso a algunas medidas de las mencionadas, pero siempre como un paliativo y no como una solución concreta con un plan ordenado y progresivo.

En los últimos días vemos muchos anuncios para pymes poco consistentes y claros, varios de los cuales tienen fecha de vencimiento en noviembre-diciembre de 2019, o se pretende que dichas medidas entren en vigencia a partir de 2020. Poco serio y creíble si se tiene en cuenta que son anuncios en medio de una campaña electoral que, de acuerdo a los resultados de las primarias, se presenta desfavorable para la actual gestión.

Lamentablemente, el Gobierno se acordó tarde de las pymes que hoy, más que pensar en crecer, están pensando en cómo hacer para sobrevivir. Desde FEBA seguiremos acompañando y trabajando con todas las Cámaras que nuclean a las pequeñas y medianas empresas, proponiendo alternativas para sobrellevar la crisis que el sector está viviendo.