Desde 2004 - con la sanción de la ley 25.922, para la industria del software - a 2019, los empleados pasaron de 29.000 a 110.000
MATÍAS KULFAS*
En 2004 se sancionó la ley 25.922, de promoción de la industria del software, que luego fue modificada para prorrogar los beneficios hasta 2019. En el momento de la sanción de esa ley, el sector empleaba a unas 29.000 personas y exportaba por unos US$200 millones. A fines del año pasado, se ubicaba en torno de los 110.000 ocupados, con exportaciones algo inferiores a US$2000 millones, es decir que en 15 años el empleo se multiplicó por 3,8 y las exportaciones, por casi 10.
No resulta sencillo encontrar sectores con un desempeño similar. En ese período, el empleo privado registrado se multiplicó por 1,6, es decir, menos de la mitad que las actividades del software. Mayor aún es el contraste cuando se analizan los últimos cuatro años, en que el conjunto del empleo privado prácticamente no creció, más allá de algunas oscilaciones temporales, mientras que el empleo en software creció 19%.
Varios factores concurrieron en este desempeño positivo. La disponibilidad de recursos humanos altamente calificados y creativos es, sin dudas, un aspecto central, tanto a la hora de explicar el crecimiento de nuevos y exitosos emprendimientos como el crecimiento de diferentes actividades y el ingreso de empresas internacionales que se radicaron en el país.
En segundo lugar, podemos destacar un escenario internacional caracterizado por el auge de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que han signado una nueva etapa de internacionalización de la producción, con sistemas operando en tiempo real en la administración de los procesos productivos y de servicios.
En este escenario, la Argentina se convirtió, dentro de la periferia, en un eficiente proveedor de servicios tecnológicos basado en buena medida en la disponibilidad de recursos humanos calificados, que perciben salarios aproximadamente 50% más elevados respecto del promedio de nuestra economía, pero competitivos respecto de los países más desarrollados.
En este marco, la implementación de la ley de software fue una señal positiva para estimular el desarrollo del sector y aprovechar las nuevas condiciones locales e internacionales, donde incluso muchas empresas internacionales se radicaron en el país, aun si tener la posibilidad de obtener los beneficios de la ley.
La ley de economía del conocimiento -incorporando nuevas actividades, como centros de servicios profesionales, automatización, nano y biotecnología, industria 4.0 y otros- ha sido una idea acertada. El mundo avanza de manera cada vez más decidida en lo que desde hace algunos años se denomina "cuarta revolución industrial" o "industria 4.0", temas sobre los cuales nuestro país no ha dado ningún paso importante. Sin embargo, la iniciativa mostró algunas inconsistencias e indefiniciones que tornan poco claro a qué se denomina "economía del conocimiento", ampliando los beneficios fiscales de manera difusa.
No se brindó claridad respecto del costo fiscal de la ley, básicamente porque resulta difícil delimitar qué está alcanzado y qué no con los parámetros de la ley aprobada en 2019. La ley de software generó un universo de entre 500 y 600 empresas beneficiarias. La nueva ley, tal como fue en su momento aprobada, podría beneficiar a 11.500 firmas, según lo consignado por algunos referentes del gobierno que finalizó en diciembre de 2019, y algunas estimaciones indican que sería más aún.
Los regímenes sectoriales son por definición acotados. Buscan apuntalar núcleos dinámicos y sectores que requieren algún apoyo particular para generar externalidades y efectos en cadena. El objetivo de la reforma que el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Congreso es adecuar la ley al régimen promocional establecido, generando herramientas adicionales para su delimitación y estimulando de manera más decidida a las pymes y al interior. Asimismo, simplifica la manera de calcular los beneficios promocionales.
Entre las modificaciones propuestas destacamos las siguientes: 1) se crea el Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), destinado a financiar a las mipymes y nuevos emprendimientos del sector. 2) Los beneficiarios de la ley tendrán acceso a un beneficio fiscal por el equivalente al 70% de las contribuciones patronales, que ascenderá al 80% cuando se generen nuevas incorporaciones laborales de mujeres, profesionales con posgrados, personas con discapacidad y/o residentes en provincias de menor desarrollo relativo y otros grupos de interés. 3) Se creará un consejo consultivo integrado por referentes de instituciones del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación destinado a asesorar a la autoridad de aplicación sobre la pertinencia de incorporar nuevos proyectos y beneficiarios a la ley. 4) Se aseguran los beneficios para las mipymes del sector y se establecen límites para las empresas de mayor tamaño relativo. Las empresas grandes podrán luego solicitar ampliar el beneficio para el personal adicional que generen por encima de ese tope, el cual podrá estar sujeto a un cupo fiscal.
Estas modificaciones consolidan los objetivos originales de la ley, al tiempo que dan mejores herramientas para las mipymes e incentivan la diversificación del empleo. De aprobarse la ley, los beneficios serán retroactivos al 1º de enero, de modo tal que habrá continuidad para las empresas beneficiarias de la ley de software que se incorporen a la ley de economía del conocimiento.
En todo este proceso de elaboración del proyecto de modificación, realizado en pocas pero intensas semanas, se dialogó con diferentes actores del sector, de modo tal que muchas de sus inquietudes han quedado reflejadas en el proyecto.
El necesario cambio de perfil productivo que la Argentina deberá realizar en esta década que acaba de comenzar tendrá un capítulo especial en la economía del conocimiento. Esto significa avanzar decididamente en la era de la industria 4.0, incorporando digitalización, inteligencia artificial, automatización, empleo calificado y mayor productividad en diferentes actividades, saliendo de las dicotomías del siglo XX (recursos naturales vs. manufacturas) para avanzar en la conformación de clústeres productivos en torno a recursos naturales, redes productivas en petróleo, gas, minería y agricultura, más conocimiento en las manufacturas tradicionales y nuevos desafíos, tales como la electromovilidad, entre muchos otros.
El indispensable ordenamiento de la economía y las pautas para generar las condiciones para una reactivación no deben ser incompatibles con la necesaria agenda del mediano y largo plazo que nuestro país demanda. Aspiramos a que ley de economía del conocimiento sea un hito en esta contribución al cambio estructural que nuestro país necesita para crecer de manera sostenida, con equilibrio externo, generación de empleos de calidad y mayores recursos fiscales para luchar contra la pobreza.
