NICOLÁS GADANO*

Han pasado varios meses desde los primeros anuncios oficiales respecto al llamado “Plan Gas IV”, un nuevo programa de estímulo nacional para la industria del gas natural. Cambiaron las autoridades de la secretaría de Energía –no solo el secretario, sino también otros funcionarios que habían diseñado el plan- , el presidente viajó a Vaca Muerta para presentar públicamente el programa, se conocieron borradores del decreto, pero la medida sigue aun sin publicarse en el Boletín Oficial. De acuerdo a trascendidos, la resistencia de algunos productores a renunciar a sus demandas contra el Estado como condición para presentarse al nuevo esquema estarían demorando la redacción definitiva del plan.

Pese a esta demora, la cámara de Diputados decidió otorgar dos “cheques en blanco” para el Plan Gas, incluidos en la media sanción de la ley de Presupuesto 2021. Aprobar medidas complementarias a decisiones que el Ejecutivo no ha materializado no parece ser la mejor técnica legislativa. Mucho menos si finalmente el Ejecutivo asume facultades del Congreso y el programa se aprueba por Decreto de Necesidad y Urgencia.

El primer “cheque en blanco” es la incorporación de los gastos asociados al Plan Gas en el ejercicio presupuestario 2021, que no habían sido incluidos en el proyecto original presentado al Congreso. Es difícil estimar esos gastos; más con un plan que no ha sido aprobado y cuyos detalles se desconocen. De los borradores que circulan podemos estimar que el costo fiscal dependerá de dos parámetros críticos: el precio del gas natural que el Gobierno asegure a los productores, y el porcentaje de ese precio que el mismo Gobierno autorice a trasladar en las tarifas a los consumidores. Las estimaciones difundidas el día de los anuncios del presidente en Vaca Muerta totalizan cerca de US$ 1.300 millones para el primer año, una cifra sin dudas significativa.

¿Quiere decir que con el agregado del nuevo artículo aprobado para el Plan Gas se incrementó el déficit presupuestado para el 2021 en US$ 1.300 millones? No. ¿Se redujeron otros gastos proporcionalmente para compensar los subsidios al gas? Tampoco. ¿Se aumentaron impuestos para financiar los mayores egresos? Negativo. ¿Y entonces?

Los diputados recurrieron a una fórmula habitual utilizada en el Congreso para incrementar los gastos en el proyecto de presupuesto sin preocuparse por financiarlos, compensarlos, o asumir la responsabilidad de incrementar de forma explícita el déficit fiscal: darle facultades al jefe de Gabinete para “reasignar gastos”, es decir, encomendarle sumar los nuevos egresos sin que los números consolidados del presupuesto cambien.

Esta fórmula puede funcionar cuando se trata de gastos muy pequeños en relación al total del presupuesto; pero empieza a resultar engañosa cuando hablamos de grandes cifras como las que están en juego en el Plan Gas, muy difíciles de absorber con recortes en otras áreas. Este problema para el jefe de Gabinete, sin embargo, no parece preocupar a los Diputados. Además del artículo para los gastos del Plan Gas, Diputados sumó también al proyecto del Ejecutivo $260.564 millones -según el calculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso- haciendo uso de la misma fórmula: “el jefe de Gabinete reasignará.”

El segundo “cheque en blanco” para el Plan Gas aprobado por Diputados es todavía más complicado. Sin conocer las características y montos del programa, el Congreso aceptaría que las empresas beneficiarias de los subsidios puedan convertir sus acreencias en Certificados de Crédito Fiscal (CCF) aplicables al pago de impuestos. Es decir, los productores de gas podrán imputar sus acreencias por subsidios nacionales a sus obligaciones impositivas.

Quienes justifican la medida enfatizan que este mecanismo operará como una suerte de garantía para las empresas, que habitualmente desconfían de la capacidad estatal para cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Sin negar la validez del argumento, el problema es que si todos quienes reciben fondos del Estado –proveedores, jubilados, tenedores de deuda pública, entre otros- recibieran el beneficio de cancelar sus obligaciones impositivas con dichas acreencias, la gestión financiera del Estado se tornaría imposible.

Un detalle no menor es que con los CCF se dolarizan las acreencias de los productores beneficiarios del subsidio a los productores, que hasta donde sabemos, estaría expresado en pesos. De acuerdo al artículo incluido en Diputados, los CCF serán nominados en dólares, y se convertirán a pesos al momento de su utilización para el pago de impuestos.

Existe un problema adicional con la iniciativa de los diputados: al asignarle al subsidio poder cancelatorio de impuestos como el IVA y/o Ganancias, el Congreso estaría repartiendo su costo entre todas las provincias. Si las empresas usan esos certificados, el potencial gasto del presupuesto nacional se convertiría en menor recaudación de impuestos coparticipables, afectando las finanzas no solo de la Nación, sino de las demás jurisdicciones.

Si bien se incorporó un artículo que busca compensar dicho efecto (una vez más la fórmula de “…el jefe de Gabinete dispondrá los ajustes presupuestarios que correspondan”), el Poder Ejecutivo nacional no tiene facultades para intervenir en la coparticipación, por lo que cualquier compensación tendría las limitaciones propias de la ejecución presupuestaria: el Ejecutivo tendría la facultad de concretarla con las provincias con las que quisiera hacerlo, pero podría no hacerlo con todas.

En definitiva, tras su paso por Diputados el proyecto de Presupuesto 2021 aprueba gastos sin monto contingentes a una decisión del Ejecutivo, y le otorga a las empresas derechos controvertidos –una suerte de seguro de cambios coparticipable- para un Plan Gas que seguimos sin conocer, y cuyo impacto fiscal es todavía imposible de discernir.

*Economista. Autor de "Historia del petróleo en la Argentina. 1907-1955: Desde los inicios hasta la caída de Perón". Editorial Edhasa