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JUDICALES
Las nuevas sanciones para Odebrecht en Perú
07/08/2019

Inahabilitó a la constructora para contratar con el Estado hasta 2022

MINING PRESS/ENERNEWS/El Comercio

El Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) inhabilitó a Odebrecht para contratar con el Estado hasta 2022 por presentar documentos falsos.

Estos están relacionados a las obras de la carretera Callejón de Huaylas Chacas - San Luis, en Áncash. Por esta misma se pagaron US$ 2.6 millones en sobornos al exgobernador regional César Álvarez, afirmó el portal Convoca.pe.

La inhabilitación incluye la prohibición a la constructora brasileña para participar en licitaciones, concursos públicos o contratar con entidades estatales hasta noviembre de 2022.

La documentación falsa la presentó para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.

Trascendió que esta decisión declara infundada la apelación presentada por Odebrecht en junio pasado. Además, dio por agotada la vía administrativa.

Se agranda el escándalo

El escándalo de corrupción sobre el caso Odebrecht en Perú se ha profundizado en las últimas horas tras la revelación de que el ex primer ministro César Villanueva presuntamente también recibió sobornos de la empresa brasileña.

Además de Villanueva, quien fue uno de los personajes con mayor protagonismo en la lucha contra la corrupción durante la primera etapa del actual Gobierno de Martín Vizcarra, representantes de la compañía confirmaron aportes a las campañas electorales de la líder opositora Keiko Fujimori y a la conservadora Lourdes Flores Nano.

El Ministerio de Justicia de Perú (Minjus) afirmó que presentará una denuncia penal contra el procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, por haber favorecido a la empresa brasileña con la devolución de dinero de un monto abonado por concepto de reparación civil en favor del Estado.

e señala que Ramírez "habría pactado irregularmente" la devolución a Odebrecht de cerca de 524 millones de soles (159 millones de dólares) existentes en el fideicomiso de retención y reparación originado por la venta de una hidroeléctrica ubicada en el departamento de Huánuco (norte). 

La Procuraduría Anticorrupción afirmó que Ramírez "habría favorecido a la constructora brasileña y a su exfuncionarios en la negociación del pago de la reparación civil, ocasionando un grave perjuicio a los intereses del Estado peruano", y por tanto se le denunciará penalmente ante la Fiscalía de la Nación.

Ramírez fue el representante del Estado quien, junto a los miembros del equipo fiscal Lava Jato —que investiga el conocido caso de corrupción— suscribieron en febrero un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Por este acuerdo, la constructora se comprometió a brindar toda la información en su poder sobre los delitos cometidos en Perú; a cambio el Estado y la Fiscalía ofrecieron brindar beneficios judiciales.

Odebrecht vendió en abril una hidroeléctrica de su propiedad para cumplir con la reparación civil con el Estado.

Producto de esa venta, el Estado retuvo una cantidad de dinero que usó para la reparación, quedando un monto sobrante que ahora la constructora está exigiendo se le devuelva.

La Procuraduría Anticorrupción indica que Ramírez permitió ilegalmente que exista la posibilidad de devolución sin considerar que algunos exejecutivos de Odebrecht podrían tener investigaciones pendientes, condición que anularía el reembolso. 

Además señala que también consintió que la empresa pueda fraccionar sus deudas en 15 cuotas, escenario que genera que sea posible la reintegración del dinero retenido.

Sin embargo, la Procuraduría Anticorrupción ha señalado que la denuncia contra Ramírez no afectará el acuerdo eficaz con Odebrecht, el cual ya ha sido validado por el Poder Judicial


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