La mina de oro abrió en 2018
Boungou es un depósito de oro de alto grado, de la canadiense Semafo Inc., ubicado en la región Este, en el sureste de Burkina Faso. La producción comercial comenzó el 1 de septiembre de 2018.
La construcción y la puesta en servicio de la mina a cielo abierto se completaron en el segundo trimestre de 2018. El primer oro se vertió el 28 de junio, un poco antes de lo previsto, y la producción comercial se alcanzó el 1 de septiembre.
A finales de junio, el desarrollo estaba dentro del presupuesto con US$ 229 millones de los gastos de capital de US$ 231 millones incurridos y había completado la extracción previa de los 18 millones de toneladas proyectados. Se ha finalizado la contratación de empleados de operadores de minas y su capacitación.
La mayor parte del trabajo de perforación RC probará las anomalías regionales de oro en los sectores de tendencia proximal de Boungou, Dangou, Pambourou y 045.
El permiso Boungou, que contiene el depósito Boungou, se encuentra dentro del Cinturón Diapaga Greenstone, un cinturón orientado noreste-suroeste que se extiende más de 250 kilómetros de largo y más de 50 kilómetros de ancho. Semafo posee cuatro permisos contiguos, conocidos colectivamente como el Grupo de Permisos de Tapoa, que cubren aproximadamente 70 kilómetros de longitud de huelga a lo largo del cinturón de Diapaga. La laterita y el aluvión cubren porciones extensas (laterales) del permiso sin embargo ambos tienen generalmente menos de 10 metros de espesor.
El objetivo principal del programa de exploración de US$ 9 millones cuenta en identificar nuevos recursos dentro de la distancia de transporte de la fábrica. Para este fin, el programa de 2019 comprende 41,000 metros de circulación inversa (RC), 1,000 metros de diamante y 100,000 metros de perforación de barrena.
La mayor parte del trabajo de perforación RC hará un seguimiento de los descubrimientos recientes en Dangou y probará las anomalías regionales de oro en los Sectores Pambourou y 045 Trend. El programa de barrena proporcionará una cobertura completa de la propiedad e identificará futuros objetivos de exploración.
Treinta y siete civiles murieron y más de 60 resultaron heridos cuando hombres armados tendieron una emboscada a un convoy que transportaba trabajadores de la minera de oro canadiense Semafo en el este de Burkina Faso, dijeron el miércoles las autoridades regionales.
El ataque es el más mortal en los últimos años, ya que el ejército lucha por contener la violencia islamista que ha invadido partes de Burkina Faso, ubicada en el oeste de África. Semafo reforzó la seguridad el año pasado luego de incidentes armados cerca de dos de sus minas en el país.
Semafo dijo en un comunicado anterior que el ataque a un convoy de cinco autobuses con escolta militar tuvo lugar en el camino a su mina Boungou en la región oriental de Est, a unos 40 kilómetros de Boungou, y que hubo varias muertes y lesiones.
La oficina del gobernador del Este más tarde dio más detalles, diciendo que "hombres armados no identificados pusieron una emboscada a un convoy que transportaba a los trabajadores de Semafo", dando una cifra de muerte civil provisional de 37 con más de 60 heridos.
Esa cifra no incluye un número desconocido de las fuerzas de seguridad que pudieron haber muerto en el ataque. Según una fuente de seguridad, es probable que la cifra aumente, ya que todavía hay una gran cantidad de personas sin explicar.
Dos fuentes de seguridad dijeron que el vehículo militar que lideraba el convoy fue golpeado por un IED en un tramo de carretera donde no hay red de teléfonos celulares.
Poco después de la explosión inicial, un número desconocido de pistoleros abrieron fuego. Una de las fuentes dijo que parecía que apuntaban a los autobuses y a la escolta militar, lo cual era inusual.
Después relativa calma en el Sahel, Burkina ha sufrido una insurgencia local durante los últimos tres años, que se ha visto amplificada por una propagación de la violencia y la criminalidad yihadista de su caótico vecino del norte, Malí.
Tras los incidentes del año pasado, que Semafo dijo que fueron obra de "bandidos armados", la compañía reforzó sus escoltas y decidió transportar a todos los empleados expatriados en helicóptero entre la mina Boungou y Uagadugú.
Los recientes ataques a dos iglesias y a una procesión cristiana pretenden sembrar la división en un país de convivencia interreligiosa.
Domingo por la mañana en Dablo, una pequeña localidad de la región Centro-Norte de Burkina Faso. Mientras los fieles escuchan misa, unos veinte hombres armados entran en la iglesia y comienzan a disparar. Mueren seis personas, una de ellas el cura. Luego, los asesinos queman el templo y varias tiendas del pueblo. Al día siguiente, otros cuatro católicos son asesinados en una procesión religiosa en la provincia de Bam. Este país africano se ha convertido en los últimos meses en el escenario de constantes ataques, asesinatos y secuestros protagonizados por grupos terroristas que afectan ya a 11 de sus 13 regiones, con claro riesgo de extensión hacia el sur, sobre todo Benín, Togo y Costa de Marfil.
“La situación es dramática”, asegura Rinaldo Depagne, director para África occidental del International Crisis Group, “un país que nunca ha vivido rebeliones o guerras se ve enfrentado a un problema de violencia generalizada de especial intensidad”. La empresa de análisis en materia de seguridad Max Security asegura que entre septiembre de 2018 y febrero de 2019, Burkina Faso sufrió 34 ataques terroristas al mes. El problema no es nuevo, desde 2015 ha habido al menos 400 muertos según fuentes del Ministerio de Interior burkinés, pero la violencia se ha intensificado en los últimos meses.
El pasado jueves, el ministro de Exteriores burkinés, Alpha Barry, planteó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la creación de una coalición internacional para hacer frente a este desafío. “Los estados miembros del G5 del Sahel no lo lograrán solos”, dijo. El órgano de la ONU expresó su “profunda preocupación ante el continuo deterioro de la situación en materia de seguridad y humanitaria en la región del Sahel”.
“Al principio los ataques estaban dirigidos contra la representación del Estado, fuerzas de seguridad, funcionarios de Aduanas, etc. Luego comenzó la denominada guerra contra las escuelas, en la que profesores y centros escolares se convirtieron en el objetivo. Ahora asistimos a violencia contra cristianos, hace dos semanas una iglesia protestante y ahora otra católica, además de la procesión”, asegura Depagne. El pasado 15 de febrero fue asesinado el salesiano español Antonio César Fernández cerca de la frontera con Togo, al sur del país.
La deriva de la violencia terrorista hacia conflictos intercomunitarios inquieta de manera especial a las autoridades, que miran de reojo a la explosiva situación en Malí y las masacres que sufre la etnia peul en este país. Sin embargo, frente a un Gobierno que se ha mostrado incapaz de hacer frente a esta amenaza, los terroristas han escogido un nuevo foco de tensión: la religión. La convivencia pacífica entre distintos cultos ha sido la tónica general de Burkina Faso a lo largo de toda su historia, pero los recientes ataques contra cristianos pretenden sembrar la división. El país tiene un 65% de musulmanes y un 35% de cristianos.
“Esto nos interpela a todos sea cual sea nuestra religión o etnia”, ha manifestado el presidente burkinés Roch Marc Christian Kaboré mediante un comunicado, “debemos permanecer unidos porque es la convivencia la que está amenazada (…) Los terroristas han reorganizado su modus operandi y han pasado de intentar crear conflictos intercomunitarios a conflictos interreligiosos, porque esas personas fueron asesinadas por su fe, simplemente por practicar su religión”.
Varios elementos confluyen en este estallido de violencia. En primer lugar la crisis de Malí de 2012, país con el que comparte problemática, etnias y una extensa y porosa frontera. La creciente presencia de grupos radicales en la región de Mopti y sur de Gao acabó por contagiar al norte de Burkina Faso. En segundo lugar, la caída de Blaise Compaoré en 2014. El expresidente burkinés mantenía acuerdos no escritos con los yihadistas del norte, sobre todo a través de su consejero especial, Moustapha Chafi, y del general Gilbert Dienderé.
Pese a que su principal lugar de refugio se encuentra en la zona de Menaka, en Malí, uno de los grupos terroristas más activos en Burkina Faso es el Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS), liderado por Abou Walid Al Saharaui. Sin embargo, pronto le salió competencia con el nacimiento de Ansarul Islam, el primer grupo yihadista de origen burkinés creado en torno a la figura de Ibrahim Malam Dicko, un predicador radicalizado a la sombra del maliense Amadou Koufa. El grupo se estrenó en diciembre de 2016 con el asesinato de doce militares en la región de Sahel y desde entonces no ha dejado de sembrar el terror.
“Aunque el EIGS prestó fidelidad [al líder del Estado Islámico, Abubaker] Al Bagdadi, es difícil saber las vinculaciones reales de estos grupos a estructuras como Estado Islámico o Al Qaeda”, asegura Depagne, quien explica que en Burkina Faso han surgido decenas de pequeños grupos “que llevan el nombre de la localidad donde se implantan y se asocian a unos o a otros”. Los yihadistas también han sabido explotar las tensiones intercomunitarias para sembrar el caos.
Un reciente informe de Human Rights Watch ponía el acento en este aspecto al destacar la represión violenta del Ejército, con asesinatos extrajudiciales incluidos, contra un grupo étnico concreto, los peul, a quienes se acusa de estar detrás de estos grupos violentos, una percepción bastante extendida entre parte de la población. Sin embargo, el mismo informe apuntaba a asesinatos selectivos de mossis y otras etnias por parte de los radicales precisamente para exacerbar las tensiones entre las diferentes comunidades. “No son grupos peul, es mucho más complejo que eso”, remata Depagne.
La situación se ha deteriorado hasta tal extremo que hay decenas de miles de personas desplazadas de sus hogares y más de 1.100 colegios cerrados, sobre todo en las regiones de Sahel y Norte, así como centros de salud vacíos por temor a ser atacados. “Hay más de 150.000 niños y niñas que no pueden ir a la escuela”, aseguró el pasado febrero el ministro de Educación Stanislas Ouaro. En este contexto, los secuestros de personas se han incrementado, no sólo a occidentales como los que suelen publicar los medios occidentales, sino, la mayoría, burkineses. Hace una semana le ocurrió a un chófer de una ambulancia, posteriormente liberado tras un proceso de negociación.
La incapacidad del Estado burkinés para hacer frente a este desafío está provocando que haya zonas del país totalmente fuera de su control y que la actividad terrorista se extienda hacia el sur. El norte de Costa de Marfil, Togo y Benín, donde se produjo el secuestro de dos franceses y el asesinato de su chófer beninés el pasado 1 de mayo, ya comienzan a sufrir infiltraciones, lo que unido a la inestabilidad en Níger, cumple las peores expectativas de expansión de la violencia, recluida en 2012 en el norte de Malí y hoy en franco crecimiento.
