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Las obras públicas que podrían reactivarse en Perú
MININGPRESS/ENERNEWS/Andina/El Peruano

Más de 200 obras paralizadas pueden acogerse a un régimen especial para su reactivación

16/01/2020

El Contralor General de la República, Nelson Shack, anunció hoy que sólo 224 obras paralizadas forman parte del inventario realizado por diversas entidades públicas y que pueden acogerse al régimen especial establecido en el Decreto de Urgencia N° 008-2019 para retomar su ejecución y ser concluidas en beneficio de la población.

“Como una información preliminar sabemos que existen 224 obras a nivel nacional que han sido inventariadas, las cuales estarían en el inicio de sus respectivos procesos para reactivarse durante este primer semestre del año en el marco de la aplicación del Decreto de Urgencia  008-2019”, reveló.

Nelson Shack dijo que en el transcurso de las próximas semanas, la Contraloría se encargará de hacer una revisión de dicha información para elaborar un informe sobre el nivel de cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 008-2019, cuyo plazo final para actualizar el inventario de obras paralizadas venció el 31 de diciembre del 2019.

Recordó que este marco legal permite a las entidades públicas retomar el control de sus obras paralizadas, incluso de aquellas involucradas en procesos de arbitraje o procesos de litigio, y puedan ser culminadas.

También mencionó que las entidades públicas que no cumplieron con hacer el inventario de las obras paralizadas serán sometidas a medidas administrativas y “más allá de posibles sanciones que correspondan, han perdido una gran oportunidad de reactivar obras paralizadas en su jurisdicción”.

“Habrá una gran frustración por parte de la ciudadanía porque va a ver que su autoridad política no tuvo la precaución, la diligencia y la preocupación necesaria para implementar el Decreto de Urgencia N° 008-2019, que es un marco legal excepcional y lo que está inventariado debe ser priorizado en su reactivación”, señaló.

Recientemente, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que evaluará modificar los alcances del DU N° 008-2019 para incluir también a las obras paralizadas que fueron adjudicadas por administración directa.

“Eso no contemplaba el DU, entonces también estamos viendo para que se incluyan las obras por administración directa que están en situación de paralizadas”, indicó el Jefe de Estado.

Reactivación de obras

Como se recordará, el pasado 31 de octubre de 2019 se publicó el Decreto de Urgencia N° 008-2019 que establece medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional, con el fin de garantizar su continuidad y puesta en funcionamiento, mejorando el servicio público y la inversión pública.

Esta iniciativa fue promovida por la Contraloría General con el fin de impulsar la reactivación de las obras públicas paralizadas en diversas regiones del país, en materia de educación, salud, saneamiento (agua potable y alcantarillado), así como obras viales, entre otras, que la propia población reportó durante las jornadas de supervisión y audiencias públicas que realiza la entidad superior de control.

Esto motivó un estudio por el cual la Contraloría General identificó 867 obras paralizadas solo a nivel de gobiernos regionales.

El DU estableció etapas para su implementación o activación. Al 31 de diciembre de 2019, las autoridades debieron, bajo responsabilidad, realizar el inventario de obras públicas paralizadas a su cargo, paso fundamental y necesario para la reactivación.

Reunión con MEF y AMPE

Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y alcaldes de distintas localidades, agrupados en la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), sostuvieron recientemente una reunión, cuya finalidad fue coordinar las medidas para dinamizar el gasto público de los gobiernos locales.

En este encuentro, los alcaldes y el MEF definieron que, a fines del presente año, deben haber invertido el 85% de su presupuesto en obras públicas de relevancia social.

La meta es importante y ambiciosa, teniendo en cuenta que –según estadísticas oficiales– la ejecución de los gobiernos locales se ha estancado al año en 12,000 millones de soles de un monto asignado superior a los 20,000 millones de soles. Es decir, los municipios solo gastan alrededor del 60% de su presupuesto anual, a pesar de las notorias brechas que existen en el territorio nacional, especialmente en el ámbito social y de infraestructura y que podrían cerrarse con una inversión más prolija.

Otra de las decisiones entre los alcaldes y los funcionarios del MEF fue establecer indicadores trimestrales con la finalidad de monitorear el avance del gasto e intervenir para optimizarlo cuando no se estén cumpliendo las metas trazadas.

Se ha fijado como objetivo, por ejemplo, que en el primer trimestre del año en curso los gobiernos locales ejecuten el 25% de su presupuesto. En el segundo trimestre, la meta es alcanzar el 45%, mientras que en el tercer trimestre se proyecta haber devengado el 60%. De ese modo, para el fin del año debería llegar al 85%.

Mejorar la calidad de la inversión pública constituye una de las prioridades del MEF, dirigido por la ministra María Antonieta Alva, quien ha subrayado la necesidad de romper el precedente de un bajo gasto público, especialmente en los primeros meses del año.

En ese contexto, el esfuerzo del Poder Ejecutivo por acelerar y mejorar este rubro abarca también a los gobiernos regionales. El MEF ha dictado una serie de medidas para respaldar a las regiones y dotarlas de las herramientas técnicas que les posibiliten usar sus presupuestos en forma eficiente.

En el ámbito local, es fundamental que se invierta en proyectos relevantes y de alto impacto social, puesto que los municipios son las instancias de gobierno más cercanas al ciudadano y a la población. En el aparato estatal, son la primera línea de atención al ciudadano y recae sobre ellos la responsabilidad de atender sus necesidades más inmediatas mediante la puesta en marcha de obras.

Cumplir ese objetivo, aplicando una ejecución técnica, eficiente y transparente de los recursos, permitirá, además, dinamizar la inversión pública que requiere el país para apuntalar su crecimiento económico este año, generar empleo y, por consiguiente, reducir la pobreza por medio del cierre de brechas sociales.

El respaldo y la asistencia técnica puestos a disposición por el Ejecutivo para lograr estas metas son positivos, por lo que las regiones y los municipios tienen la responsabilidad de aprovecharlos para superar las deficiencias técnicas que les impiden gastar mejor sus recursos . El principal beneficiado será la población del país.


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