Se lo señala como uno de los principales responsables de la crisis social, pero no hay consenso para definirlo
Francisca Guerrero / Rodrigo Cárdenas
Con todo, hay características clave del modelo chileno, como su apertura económica, la libertad de precios, la competencia y el libre mercado, los que estuvieron en el corazón de su instalación inicial, en los años 70, y que se mantienen hasta hoy. Así, también, el rol subsidiario del Estado.
Esta estructura económica ha generado elementos sociales objetivamente positivos en las últimas décadas, las de mayor desarrollo de la historia de Chile, como la baja en el índice de pobreza por ingresos, el cual llegó a 8,6% en 2017, muy lejos del casi 68% de 1989; la segunda mayor esperanza de vida de América Latina (superado levemente por Costa Rica) y el PIB per cápita más alto de la región, el cual se empinaría hasta los US$ 30 mil en 2023. Sin embargo, otros datos, como la segregación, la calidad de la salud y la educación pública, y las bajas pensiones, han ensombrecido los resultados más macro.
Es justamente el desempeño en estas materias el que ha multiplicado las críticas y que ha estado al centro del debate sobre los cambios que habría que realizarle, o no, al modelo. Pulso consultó a economistas de todo el espectro político sobre su definición del modelo, los que, además, comentan las variaciones que debería tener hacia adelante. Asimismo, analizamos tres países que han surgido como ejemplos distintos de desarrollo, dentro de los modelos capitalistas, que pueden dar luces sobre hacia dónde avanzar.
Los resultados del modelo chileno han sido excepcionales en materia de expansión económica y reducción de la pobreza, señala Andrea Repetto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien de todas maneras destaca las importantes debilidades que provienen, fundamentalmente, de una participación débil del Estado.
Mientras el PIB per cápita ha registrado “un aumento sustantivo”, la combinación de una estrategia centrada en la promoción del crecimiento, la iniciativa privada y una focalización del gasto público en los más pobres no ha tenido “buenos resultados en inclusión, cohesión y protección social”.
Para Repetto, falta presencia del Estado en lo que considera “aspectos cruciales del bienestar de las personas”, dejando en manos privadas gran parte de su responsabilidad en materias como educación, salud, pensiones y vivienda.
De esta manera, lo que vemos en Chile es que “la provisión de servicios sociales está segmentada socioeconómicamente: los hogares de menores ingresos reciben servicios gratuitos de baja calidad, los de ingresos medios pueden adquirir servicios de calidad intermedia a través del cofinanciamiento de las prestaciones, y los de más altos ingresos tienen acceso a servicios de calidad que adquieren en mercados privados”.
En su análisis crítico, sostiene que el país se ha caracterizado por una “escasa solidaridad, limitando la capacidad de aseguramiento de buena parte de la población”. A lo anterior suma el hecho de que el Estado no ha crecido junto al desarrollo del país, mientras que el sistema tributario no está diseñado para redistribuir ingresos.
Como respuesta al “abusivo uso del Estado como asignador de recursos”, que en lugar de proteger la industria nacional presionaba a gremios empresariales y trabajadores organizados, surgió el modelo que nos conduce hoy. Así lo afirma Ricardo Paredes, rector de Duoc UC, quien destaca la “introducción del principio de subsidiariedad, tomado fundamentalmente de la Iglesia Católica”, que procuró huir de un “Estado asfixiante”, limitando sus actividades “a aquellas que el sector privado no puede o no desea hacer”.
Operando en ese perímetro, el Estado no fija precios, a excepción de monopolios (definidos por el ente pertinente y leyes de quórum calificado) y se autoimpone que el principal impuesto, el IVA, sea parejo, tal como los aranceles a la importación. “A este principio de reglas rígidas se suma la autonomía del Banco Central (…) y la regla de superávit estructural”, detalla Paredes.
En este esquema, advierte que la debilidad radica en la regulación, particularmente en la que tiene que ver con la protección de los consumidores y en una que sea capaz de terminar con los “monopolios del Estado”, como notarías y conservador de bienes raíces.
Para superarlas, es preciso recurrir a una de las fortalezas de este modelo, que, a su juicio, tiene que ver con el adecuado abordaje de las fallas del Estado que se van identificando. “El Estado puede funcionar mejor, pero ello requiere fortalecerlo, con funcionarios que se les evalúa, desarrolla y promueve; con instituciones que incluyen el Parlamento, que asegure la calidad del trabajo parlamentario (…); asegurar el cumplimiento de la ley respecto del derecho de propiedad y dar más certeza jurídica respecto de los procesos de autorización de proyectos”.
Tanto la evaluación bajo los parámetros de la disciplina económica como desde un foco más humanista dan cuenta de que la estrategia de desarrollo nacional está “agotada”. Así lo plantea Nicolás Grau, economista del Frente Amplio que se considera parte de una minoría más crítica del “capitalismo de laboratorio” de Chile, bajo el cual se han llevado a cabo “experimentos sociales de gran escala”, que han conducido, entre otras cosas, al quiebre del contrato social que vemos hoy.
“Llevamos más de una década con la productividad estancada y sin avanzar en la diversificación exportadora. Los recursos naturales no tienen el rendimiento económico de antaño y su sobreexplotación tiene a muchas comunidades enfermas o sin agua”, señala el también académico de la Universidad de Chile, agregando que la estrategia actual “genera y reproduce vulnerabilidad en gran parte de la población, como también una altísima desigualdad económica y política”. En ese marco, Grau llama a no continuar con los experimentos. A su juicio, se debe optar por la estrategia que en otros lados ya ha probado ser la que genera una mejor calidad de vida: un estado de bienestar moderno, con perspectiva de género, sustentabilidad y de amplia participación. En términos prácticos, apuesta por “una estrategia de desarrollo productivo y de política industrial con un fuerte rol del Estado y con un compromiso de beneficio mutuo con el sector privado”.
Adicionalmente, considera importante balancear mejor el poder entre trabajadores y empresarios, lo que incluye negociación ramal; aumentar la recaudación fiscal con impuestos progresivos y la extracción de recursos naturales; mayor control democrático de los bienes comunes y la existencia de derechos sociales universales y financiados responsablemente, que den seguridad a las personas en sus necesidades básicas y fundamentales.
El modelo económico chileno tiene por objetivo “una sociedad donde las personas tengan la oportunidad de buscar sus propios fines, teniendo en cuenta en este proceso de búsqueda a los demás habitantes del país”, asevera Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de los Andes.
Se trata, entonces, de una convivencia de libertad política y económica, cuyos pilares son la democracia representativa, el respeto de las leyes y el orden público. En ese marco, a su juicio, el Estado cumple roles esenciales, “como la mantención del estado de derecho, respeto a la propiedad privada, seguridad pública y el acceso a la educación y a la salud”, procurando velar por la igualdad de oportunidades, “de tal forma que todos puedan salir adelante por sus propios medios”.
Para Cifuentes, los problemas recientes dan cuenta de un debilitamiento de los pilares antes descritos, de lo cual es la élite la principal responsable. “Se ha hecho evidente el grado de deterioro del estado de derecho, que es vulnerado por los tres poderes del Estado, como también el daño a la libertad económica, a través de las violaciones a la libre competencia. El trasfondo de este deterioro institucional es un problema ético”, sostiene.
Fija, entonces, como prioridad la recuperación del “imperio de la ley”, mientras que en el largo plazo se viene un proceso difícil para “recuperar la confianza, que tiene que tener como premisa fundamental el que los actos deben tener consecuencias”. Dicho esto, admite una gran preocupación, dado que “aún no se ven signos de que estemos empezando a recorrer ese camino de salida. Hasta ahora, cuesta ser optimista sobre lo que viene por delante”.
Como en pocos países, en Chile es relativamente fácil identificar el hilo conductor de la estrategia de desarrollo, de acuerdo a Guillermo Larraín, economista de la Universidad de Chile. Según precisa, esto obedece a “la influencia decisiva que tuvo una particular ideología -el neoliberalismo- en el diseño de las instituciones chilenas”.
Esta “forma extrema de capitalismo”, como la define, “pretende una hegemonía de la lógica económica por sobre otras áreas de la vida”, lo que se observa en la Constitución y leyes como los códigos de minería y agua. “En todas estas áreas, con mayor o menor éxito, la intención era crear mercados ahí donde no los había”, señala.
Una de las debilidades de este enfoque es que “no da respuesta satisfactoria siempre a todas las necesidades humanas”. En ese marco, Larraín llama a construir un nuevo pacto social que abra espacios de cooperación y solidaridad. Para ello, plantea un equilibrio entre lo económico, lo político y lo social, “sin destruir los incentivos al crecimiento”, como el autointerés y la competencia, a su juicio, motores de la actividad humana. En esa misión, Larraín destaca que en Chile el importante rol de las empresas, incluyendo las pymes, es una realidad. Así, cree relevante el cuestionamiento sobre las reglas de libre competencia, pensando en un “desarrollo empresarial que brinde igualdad de oportunidades”.
También destaca la tensión en torno a la agenda social. “Surgen demandas de mejor trato, de reconocimiento y de apoyo en caso de necesidad. Cada uno tendrá su juicio caso a caso, pero en el agregado son demandas justificadas en una sociedad moderna”, indica. En ese contexto, reconoce un dilema sobre la necesidad de ganar competitividad, planteando que en la nueva Constitución se debe procurar que no haya “víctimas trágicas” de esta disyuntiva.
