El exviceministro de Minas, Ricardo Labó, sostuvo que a nivel del Estado debería existir una coordinación y política en relación con el sector minero. En ese sentido, planteó una especie de “Rimay interno”, el cual permita que los ministerios de Energía y Minas (Minem), del Ambiente (Minam) y de Cultura se sienten para llegar a un alineamiento.

Durante su participación en el Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, precisó que “de nada servirá sentarse a la mesa el Estado con las empresas y con la sociedad civil a plantear una visión; porque esa visión no va a funcionar si no hay esa alineación. Además, esa falta de coordinación generalmente está demorando la operatividad y el desarrollo del sector minero”, enfatizó Labó.

Asimismo, señaló que en el caso de las aprobaciones de las Fichas Técnicas Ambientales (FTA), la demora no provendría del Minem sino de los otros ministerios vinculados a las revisiones de estas solicitudes que se requieren para las actividades de exploración.

“En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), se trata de una serie de inversiones y compromisos que asumen las empresas mineras y que son fiscalizados por el Estado. Es por ello que debe cambiarse esa visión de que el EIA es solo un sí o no a la puesta en marcha de un determinado proyecto minero”, planteó Ricardo Labó.

Por su parte, Rubén Arratia, experto en Economía de Minerales de la consultora Wood Mackenzie dijo que se tenía que confiar en las empresas para hacer política minera, de lo contrario la política minera se basará en el control y lo único que se generará será hacer perder competitividad a las empresas mineras.

Asimismo, sostuvo que el Perú es uno de los pocos países donde el 50% de las utilidades que generan las empresas mineras regresan a las regiones donde se encuentran las operaciones. “Prácticamente las regiones ya son codueñas de las operaciones”, indicó.

A su turno, el exviceministro de Minas, Augusto Cauti, indicó que el Estado debe tener un rol de promotor e impulsor del sector minero; y sugirió necesario una gobernanza de los recursos naturales. “En el Perú se requiere definir una política de gobernanza de los recursos naturales, donde se integren la minería y las otras actividades económicas”, opinó Augusto Cauti.

Otro tema que se evaluó en la última edición del Jueves Minero virtual fue el relacionado con el costo de la energía eléctrica, índice en el cual el Perú mantiene un nivel competitivo frente a Chile, pero que requiere una pronta atención frente a una potencial reducción de las leyes mineras.

“Cuando las leyes están bajando se pierde competitividad. Si bien gran parte de la reducción de costos depende de las empresas, también debe venir por parte del Estado; por ejemplo, a través de una energía barata, factor que es fundamental para ser competitivos”, planteó el experto de Wood Mackenzie.

En esa misma línea, Ricardo Labó planteó la necesidad de desarrollar más centrales hidroeléctricas y de gas con la finalidad de atender la demanda.

“A partir de 2025, o quizás antes debido a unos cambios regulatorios que podrían darse este año, la demanda de energía eléctrica va a cubrir una oferta no eficiente; es decir, se tendrán que prender plantas a diésel y a carbón. Ese factor competitivo podría terminar muy pronto por no dejar que el mercado funcione”, subrayó Ricardo Labó.

Minem: Comité de gestión intersectorial

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) implementará, desde la próxima semana, la instalación de Comités de Gestión Intersectorial en varias regiones del país para sumar esfuerzos entre el Estado, las autoridades, la población y el sector privado, a fin de sacar adelante iniciativas de desarrollo y dar cuenta de la importancia de la inversión en el cierre de brechas.

El ministro Miguel Incháustegui adelantó que el primero de estos comités será instalado en la región Moquegua y que, posteriormente, el modelo será replicado en Cajamarca, Loreto y Piura en una primera etapa, buscando establecer niveles de confianza en torno a los proyectos extractivos y su rol en el desarrollo de localidades y regiones.

"El Perú tiene varias posibilidades de desarrollo. La minería es un recurso importante y hay que aprovecharla de la mejor forma. Hay que construir los consensos para que los recursos del subsuelo puedan convertirse en desarrollo. Ese es nuestro objetivo y para eso trabajamos", enfatizó.

Agregó que, actualmente, hay un nuevo paradigma a nivel global sobre los proyectos extractivos, que solo pueden ser implementados cuando exista consenso entre todos los actores sociales y su ejecución esté orientada al cierre de brechas en el área de influencia.

Incháustegui señaló que hay esfuerzos del sector privado para lograr ese objetivo en regiones como Áncash, Cajamarca y Arequipa, donde en consenso con alcaldes o gobernadores regionales ayudan a implementar proyectos en electrificación rural, agua y saneamiento carreteras.

"El Estado debe facilitar el desarrollo de esa cooperación y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y sociales, a la vez de coordinar con los gobiernos subnacionales para que las brechas se vayan resolviendo. La idea es recuperar la interrelación entre todos los actores para beneficio del país", dijo.

El ministro ratificó que está en marcha la construcción de los proyectos mineros Quellaveco (Moquegua), Mina Justa (Ica) y Ampliación Toromocho (Junín), y que además se sumarían San Gabriel (Moquegua), Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) y Corani (Puno), que están avanzando en su implementación y podrían empezar operaciones el próximo año.