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ESCENARIO
Ecuador minero: Justicia protege ambiente en Valle de Íntag
MINING PRESS/Mongabay Latam/GK
14/10/2020

En el valle de Íntag se juntan dos ecosistemas: una parte de El Chocó ecuatoriano —área de prioridad de conservación mundial—y los Andes Tropicales —el hotspot con mayor riqueza biológica del planeta—. En este extenso valle en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, sus habitantes durante casi tres décadas se han enfrentado al Estado ecuatoriano para evitar la minería. Desde 2011 han centrado sus esfuerzos en detener, en particular, el proyecto Llurimagua. Nueve años después, lo han conseguido: el 24 de septiembre de 2020, una jueza les concedió una acción de protección y medidas cautelares para cuidar a la naturaleza.

Las ranas encabezaron la lucha. La demanda presentada por la bióloga Andrea Terán dice que la industria minera en Llurimagua amenaza de forma inminente y grave a las ranas arlequín hocicuda (Atelopus longirostris) y nodriza confusa (Etopoglossus confusus) que están en peligro de extinción. La Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a la rana nodriza confusa como una especie En Peligro, mientras  la arlequín hocicuda sigue en el listado de especies extintas —porque se creía que lo estaba hasta 2016 y aún no se ha actualizado—. Ambas especies son bastante vulnerables pues solo existen en este lugar y por eso Terán cree que fue por ellas que la jueza falló a favor de las medidas cautelares. “La victoria de las ranas es la victoria de todos”, dice.

Según un estudio publicado en el Tropical Conservation Science Journal en 2018, el valle de Íntag protege a varias especies En Peligro y otras En Peligro Crítico de extinción. Además, es hogar de mamíferos, aves, anfibios y plantas que son únicas del ecosistema de bosque nublado y páramo, entre ellos, el oso de anteojos, el tapir andino, el zamarrito pechinegro, el sapo andino de Tandayapa y el mono araña. Todas estas especies estaban en riesgo por la industria minera en Llurimagua y ahora, con las medidas cautelares y la acción de protección, eso podría cambiar.

Una lucha de casi treinta años

La historia minera en Íntag se remonta a la década de los noventa cuando la empresa japonesa Bishimetals, subsidiaria de Mitsubishi, inició la exploración minera en la zona. En la concesión de 4829 hectáreas —unas 75 veces el Parque La Carolina de Quito— se cree que hay aproximadamente 2,26 millones de toneladas de cobre —suficientes para construir 90 estatuas de La Libertad—.

La preocupación por la minería empezó en las comunidades, y en 1995 se conformó la Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN), una organización creada para cuidar los bosques de la región. Un año después, la compañía presentó a los habitantes locales un estudio de impacto ambiental que, según DECOIN, mostraba que el proyecto de los japoneses contaminaría los ríos y que los bosques serían destruidos. Entonces, la resistencia se hizo más fuerte, y en 1998, cuenta el activista y cofundador de la DECOIN Carlos Zorrilla, la empresa Bishimetals se fue de Íntag.

Ranas ganan a la minería. El valle de Íntag es uno de los lugares con mayor riqueza biológica de Ecuador. Fotografía de Carlos Zorrilla.

El valle de Íntag es uno de los lugares con mayor riqueza biológica de Ecuador. Fotografía de Carlos Zorrilla.

Pero la oposición no terminó ahí. En 2004, la empresa canadiense Ascendant Copper, que luego cambió su nombre a Copper Mesa, llegó a Íntag para hacerse cargo de las áreas de concesión minera que le pertenecían a Bishimetals. Los locales se opusieron de inmediato.

Un informe sobre el caso, elaborado por Corporate Europe Observatory —un grupo de investigación que trabaja para exponer las malas prácticas de las corporaciones— dice que la minera canadiense habría incurrido en actividades que atentaron contra el medio ambiente y la integridad de las comunidades. El asunto escaló al punto que, en 2005, habitantes del valle de Íntag incendiaron un campamento de la compañía.

La resistencia antiminera tuvo otra victoria en 2008 cuando Ascendant Copper se fue de Íntag y de Ecuador. En abril de ese año, la Asamblea Nacional aprobó el Mandato Minero y con él se extinguieron alrededor del 80 % de concesiones mineras en el país, entre ellas la de la compañía canadiense.

Sin embargo, en enero de 2009 se aprobó la Ley de Minería que incentivaba los proyectos mineros a gran escala en el país. Dicha ley fue ampliamente rechazada por grupos sociales que se movilizaron en varias zonas del país para exigir su revocatoria, pero no fueron escuchados. Un año después, en 2010, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la ley y el entonces presidente Rafael Correa ordenó la creación de la Empresa Nacional Minera (Enami EP). Los proyectos mineros rondaron al valle de Íntag una vez más.

La minería volvió a la zona en noviembre de 2011, cuando el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables le entregó a la Enami EP la concesión minera de Llurimagua. Ese mismo mes, la empresa firmó un acuerdo para la exploración minera del lugar con la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco). De nuevo, comenzó otro enfrentamiento entre las comunidades del valle contra la industria minera.

Ranas ganan a la minería. Con la aprobación de la acción de protección y medidas cautelares para proteger a Íntag, se puede cuidar a decenas de especies endémicas y salvar a otras que están en peligro. Fotografía de Carlos Zorrilla.

Con la aprobación de la acción de protección y medidas cautelares para proteger a Íntag, se puede cuidar a decenas de especies endémicas y salvar a otras que están en peligro. Fotografía de Carlos Zorrilla.

Carlos Zorrilla, quien vive en Íntag desde hace 42 años, dice que la Enami intentó socializar los beneficios económicos del proyecto para la comunidad local y, aunque las autoridades oficiales dicen que no había oposición, la realidad era otra. Zorrilla cuenta que la mayoría de personas rechazaron las propuestas de la Enami y que por eso, en mayo de 2014, la empresa pública trajo a más de 300 policías para poder entrar al área de la concesión que estaba abandonada desde que la minera canadiense se fue. Su intervención fue igual de grande que la de Bishimetals y Ascendant Copper: hasta 2018, la ENAMI y Codelco habían hecho 90 perforaciones.

En 2019, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado hicieron observaciones sobre irregularidades del proyecto. Sin embargo, no se tomaron acciones concretas y la lucha contra Codelco parecía que no iba a terminar.

Mongabay Latam se comunicó con Enami, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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