Piden crear una comisión investigadora por el problema de la demarcación del límite con Bolivia en el Abra de Santa Cruz, del departamento Santa Victoria Oeste. El proyecto fue presentado por el diputado nacional y abogado por la provincia de Buenos Aires, Alberto Asseff, y cuenta con el apoyo su bancada, UNIR-Frente Renovador, el espacio político que conduce Sergio Massa. La comisión podrá recibir denuncias de los lugareños y se reserva la facultad de denunciar a funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Además, podría llevar la disputa limítrofe ante los organismos internacionales que correspondan y hasta solicitar un arbitraje internacional.

En el Abra de Santa Cruz, unas 17 familias salteñas quedaron viviendo en Bolivia desde la instalación de un nuevo hito fronterizo que modificó el criterio de demarcación del límite que el Estado y los pobladores del lugar habían respetado durante los últimos 90 años. El nuevo hito, sin identificación y numeración conocida, fue colocado el 28 de noviembre de 2013. Hasta ese momento el único Estado que ejercía soberanía en ese territorio había sido el argentino, que reclutó para sus Fuerzas Armadas y brindó documentación, salud, caminos, educación y asistencia social a los lugareños instalados ahí desde hace tres generaciones. En el lugar hay yacimientos de uranio, según informó en 2012 el organismo minero de la vecina República Plurinacional de Bolivia.

El mismo intendente de Santa Victoria Oeste, en una reunión en el Centro Cívico Grand Bourg, mantenida con algunos de los habitantes de la zona que habían viajado por más de 10 horas para poder explicar la situación que atraviesan, planteó: “Les conviene quedar en suelo boliviano para poder cobrar los planes sociales de los dos países”, había propuesto Cástulo Yanque. Punteros del intendente, como publicó este medio, hacen de interlocutores con los funcionarios bolivianos y dividieron a los pobladores al sugerirles crear una nueva comunidad aborigen con personería jurídica boliviana y abandonar su pertenencia a la comunidad argentina originaria de la etnia colla del abra de Santa Cruz.

“Es más conveniente estar en Bolivia”, dijeron algunos vecinos en la última reunión en el lugar del 17 de marzo, a la que no asistió ningún representante del Gobierno. Pero en el encuentro del mes anterior, al que también asistió El Tribuno sin presencia alguna de autoridades, los pobladores habían expuesto en un acta, y de manera unánime, el pedido a los funcionarios argentinos para que intercedieran a favor de la demarcación tradicional que existió hasta noviembre de 2013 en la zona y que indicaba que esas tierras siempre pertenecieron al departamento de Santa Victoria Oeste.

Ahora la comisión podrá investigar el accionar de los funcionarios públicos que intervinieron en la cuestión que significó la pérdida de alrededor de 600 hectáreas en manos del vecino país. Desde el primer tratado de 1889 entre ambos países y hasta la fecha la Argentina perdió un territorio equivalente a la provincia de Tucumán, cerca de 22.000 kilómetros cuadrados, con Bolivia. El proyecto del massismo prevé que “la comisión podrá solicitar la colaboración de medios de comunicación locales que reflejen los hechos investigados”.

La comisión podrá “denunciar ante la Justicia provincial de Salta y la Justicia Federal cualquier intento de ocultamiento, negación, obstrucción a la investigación o la destrucción de elementos probatorios” y “cualquier intento por parte de funcionarios nacionales, de la provincia de Salta o pertenecientes al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, cualquier intento de acallar, amedrentar o amenazar a los habitantes denunciantes del hecho investigado por esta comisión”.

En este sentido hay que destacar que, según testimonios de los habitantes del departamento de Santa Victoria Oeste, hace alrededor de 10 años que la Gendarmería Nacional abandonó un procedimiento rutinario que se realizaba en la zona. Se trata de un control semanal a caballo que realizaban por los hitos de la localidad, personal de Gendarmería. Según testigos de San Juan de Minas y Río Grande, en Viscachani “hace 10 años que no se ven más”. El diputado massista Alberto Asseff citó en los fundamentos del proyecto los artículos de El Tribuno. “Muchos testimonios, declaraciones tanto del lado del Gobierno de Salta como de algunos funcionarios de Bolivia, como así también de la Cancillería Argentina han resultado contradictorios y preocupantes.. .Es necesario poner un manto de seriedad”, dijo.