A inicios del gobierno, la política energética parecía tener un rumbo fijo, salvaguardando el interés nacional antes que el privado, sin embargo, hoy tres años y medio después, el gobierno optó mediante Decreto Supremo ampliar contratos petroleros cuando en un inicio se habían planteado licitaciones. 

Vale mirar algunos antecedentes. En febrero de 2012, Perupetro (la agencia estatal promotora de la inversión en el sector) decidió mediante acuerdo de directorio licitar todos aquellos lotes cuyos contratos estaban por expirar, con la finalidad de lograr mejores condiciones que no solo revierta la declinante producción de petróleo sino fortalezcan las arcas del fisco.

Aurelio Ochoa, ex titular de la agencia estatal, recuerda que esta propuesta venía desde el gobierno aprista con Daniel Saba al frente de Perupetro y fijaba siempre una licitación pública internacional y nunca una extensión de contratos, además de incluir a la estatal Petroperú como socio minoritario, que podría ingresar hasta con un máximo de 49% y un mínimo de 25%.

Solo unos meses después (diciembre 2012) Luis Ortigas, hasta ese momento viceministro de Energía, asumió la presidencia del directorio de Perupetro y entre las novedades que trajo su gestión se optó por cambiar los acuerdos de directorios previos (hasta hoy desconocidos por la opinión pública y en los que se detalla los sustentos técnicos y económicos de la decisión) y se anuncia que un grupo de lotes ubicados en el noroeste serán prorrogados a sus mismos concesionarios y Petroperú puede optar por ingresar asociado con un mínimo de 25%.

A la fecha, el único argumento que se ha dado desde Perupetro es que si se realizaba concurso la producción de crudo descendería.

Situación actual

Los primeros lotes iban a ser licitados de manera anticipada en el 2012 debido a que su situación contractual culminaba en el presente quinquenio era los III y IV (operados en ese momento por Interoil), los lotes VII y VI (Sapet), el lote II (Monterrico) y el lote IX (Unipetro), todos ellos ubicados en Talara, así como el lote 1AB (hoy 192) en la selva peruana operado por Pluspetrol.

En el 2013, el contrato del lote de estudio IX, operado por la Universidad de Ingeniería, fue prorrogado por dos años, marcando así el inicio de la política de Perupetro, pues en ese mismo año decidió, mediante acuerdo de directorio, prorrogar contratos en los lotes III/IV, VII/VI, II y el lote XV.

En medio de una candente polémica en el verano del 2014 los contratos de los lotes III y IV fueron ampliados un año más a Interoil, empresa que hace poco se retiró del país sin pagar al Estado por un año usufructuado de los lotes. 

En la primera quincena de diciembre último, ambos lotes fueron licitados por separado, con un solo postor en carrera, siendo Graña y Montero el nuevo dueño por 30 años. Petroperú tiene por responder (desde la entrega de buena pro corren 90 días) si aceptará la alianza.

Para el caso de los lotes VII y VI, así como el lote XV (Monterrico), se ha decidido mediante Decreto Supremo modificar los contratos de licencia  y así extender a los actuales operadores la explotación de hidrocarburos hasta 30 años. Igualmente se deja a potestad de Petroperú si participará asociado minoritariamente.

El DS lleva la firma del Presidente de la República, Ollanta Humala, así como del ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, y del titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

Al respecto, Juan Castillo More, presidente de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores de Petroperú, consideró que no existe coherencia en la política petrolera del país pues en algunos casos se amplían contratos pero en otros se sacan nuevas licitaciones.

"Lo curioso es que todos esos contratos son similares. Es como si se estuviera trabajando de acuerdo al pedido del cliente porque una prórroga es una adjudicación a dedo", advirtió el dirigente petrolero, quien recomienda que el tema sea investigado en el Congreso.

La ampliación de contratos petroleros en el noroeste no pasará inadvertida, al menos para el Congreso de la República, pues desde la sede del Legislativo se solicitará información completa sobre los fundamentos técnicos y económicos sobre la decisión tomada desde Perupetro y refrendada días atrás por el Ejecutivo.

En ese sentido, el congresista Manuel Dammert explicó a La República que por facultades inherentes del Congreso y además por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se deberá enviar toda la documentación pertinente sobre la prórroga otorgada a Sapet y a Petrolera Monterrico mediante Decreto Supremo.

El oficio estará dirigido a Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas, así como a Perupetro, agencia estatal encargada de la inversión en el sector hidrocarburos, y deberá ser respondida en un plazo de 15 días, caso contrario este mecanismo legal obliga a los funcionarios de ambas instituciones a presentarse en el Congreso para informar sobre lo acontecido.

Se debe recordar que mediante Decreto Supremo, cuya base son los acuerdos de directorio de Perupetro, se decidió prorrogar por 10 años más los contratos de los lotes VII/VI a Sapet (filial de China National Petroleum Corporation-CNPC) y a Petrolera Monterrico en el lote XV y estaría pendiente la ampliación del contrato en el lote II actualmente operado por este último.

Ambos operadores llevan ocupando estos campos petroleros, ubicados en Talara, casi 20 años.

"Hoy o mañana pediré toda la información completa con fundamentos técnicos porque a pesar de que este tema se discutió en la comisión de Energía y Minas, no se puede prorrogar habiendo esa importante renta petrolera y más aún cuando está en juego el fortalecimiento de Petroperú a través de la integración vertical", aseveró Dammert, miembro titular de la referida comisión parlamentaria.

Sobre la presencia de la estatal, se debe aclarar que su participación en estos lotes petroleros, y en los recientemente licitados lotes III y IV (hoy concesionados por 30 años a Graña y Montero), era de 25% a 49%, sin embargo actualmente es solo de hasta 25%.

En tal sentido, Petroperú está facultado de participar en todos los lotes citados siempre y cuando su directorio así lo determine, para lo cual tiene un plazo no mayor de 90 días, el mismo que ya viene corriendo.

Por ello, Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), aseguró  que Petroperú debería manifestarse cuanto antes sobre su intención de participar en estos lotes porque aún cuando sean marginales algunos de ellos, como el VII/VI y el III, son atractivos por su producción y nivel de reservas.

"Pero la única empresa que demostró interés de asociarse con Petroperú fue Monterrico pero allí la producción es de 400 barriles y con regalías de 50% lo cual no convendría. Me parecería grave que en cambio se deje lado el fortalecimiento de la empresa pública con otras opciones que se le presenta hoy", anotó.

Para el experto sanmarquino el tema de fondo radica en la pérdida de brújula en Perupetro a cuyo presidente (Luis Ortigas), el titular del MEM le habría pedido su renuncia.

LAS PRÁCTICAS DE SAPET
Un hecho que según Manco Zaconetti debe preocupar es que Sapet sería una empresa conocida por sus malas prácticas con sus trabajadores a los cuales paga los salarios más bajos del sector y realizaría prácticas antisindicales. 

Mientras que por el lado ambiental, el experto comentó que esta empresa ha descuidado este tipo de manejo en Zorritos, en donde preferiría pagar las multas que la impone el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que hacer la inversión en remediación ambiental.

"Sapet se encuentra en proceso de expansión y al ser una filial de la estatal CPNPC, tiene convenios y negocia a nivel de gobierno con el Perú", alertó.

CLAVES

Dammert explicó que otro problema para Petroperú reside en la ley 30130 que restringiría su regreso a la explotación petrolera en estos lotes por no poder destinar recursos nada más que a la nueva refinería de Talara.

"La Iniciativa Ciudadana que deroga los candados de esta ley se presentará en marzo. Así Petroperú tendrá integración vertical", dijo.