Medida generaría obstáculos según mineras:
Cuando las empresas requieran usar las aguas halladas en la exploración y explotación, deberán informar a la DGA y solicitar una autorización.  

En un obstáculo más para la tramitación de los proyectos mineros podría convertirse la indicación al Código de Aguas que hace algunas semanas aprobó la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados.

La medida establece que los concesionarios mineros que requieran usar las aguas halladas en sus labores de exploración y de explotación minera -y en la medida que sean necesaria para dichas faenas- deberán informar a la Dirección General de Aguas (DGA). Esto, identificando su ubicación y volumen por unidad de tiempo, dentro de 90 días corridos desde su hallazgo para establecer su registro. Junto con lo anterior, deberán solicitar una autorización para su uso a la DGA, entidad que tendrá la facultad de denegarlo total o parcialmente en el caso de que el uso ponga en riesgo la sustentabilidad del acuífero o derechos de terceros.

El Consejo Minero se mostró conforme con la primera parte de la medida, pero no con la segunda, ya que aseguran que este cambio podría traducirse en un aumento en el tiempo de tramitación de proyectos de esta industria, producto de los recursos insuficientes y la alta carga de trabajo que mantiene la DGA. "No vemos problema alguno en informar las extracciones de aguas del minero, porque de hecho ya lo hacemos, pero si se persiste en los demás cambios sobre autorizaciones de uso, solo se va a lograr subir el costo de las operaciones mineras", asegura el presidente ejecutivo Consejo Minero, Joaquín Villarino. Adicionalmente, el Consejo asegura que sería inviable construir sistemas de almacenamientos de aguas transitorios en casos de afloramiento del elemento en rajos, paredes y túneles que afectan la seguridad y la continuidad de las faenas mineras, mientras la DGA se encuentra en proceso de tramitación del permiso.

Finalmente, asegura Villarino, esta nueva autorización de la DGA se superpondría con varias Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) vigentes, que ya establecen un límite global a las extracciones de agua.