ERNESTO SIMÓN
Durante la gestión de José Luis Gioja no se llamó a licitación para contratar la ART que aseguraba a los empleados públicos de San Juan. Se calcula un sobreprecio de 27.000.000 de pesos mensuales.
El Gobierno de San Juan firmó un convenio con el Gobierno de Entre Ríos en 2005 y contrató en forma directa al Instituto Autárquico de esa provincia. Así, con la impunidad que otorgan los votos de una sociedad ovejuna y timorata, año tras año fue renovando el vínculo en forma automática.
El trato que firmó Gioja como Gobernador de San Juan con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos consistía en que el Estado sanjuanino le pague un porcentaje de la masa salarial de sus empleados a cambio de atención médica para cada uno de ellos en caso de accidentes en horario de trabajo. El desembolso que Gioja hacía durante 2015 por el servicio de cobertura era de 42.000.000 pesos mensuales. Hoy, por el mismo servicio, se paga 15.000.000 de pesos mensuales. ¿Qué pasó en el medio?
Este año, durante la gestión de Sergio Uñac como Gobernador, se llamó a licitación y resultó ganadora la compañía Provincia Art, que cobrará por mes casi 15.000.000 de pesos. Antes, el ex Gobernador Gioja pagaba 42.000.000, es decir que podría haber existido un sobre precio de 27.000.000 de pesos. ¿Investigará alguna vez la Justicia de San Juan este grave episodio? ¿Por qué el Tribunal de Cuentas de la provincia no alertó sobre tan sospechosa maniobra?
Se trata de 38.209 trabajadores del Estado que la aseguradora debe cubrir durante todo el año. Son los empleados de la administración pública, docentes, Servicio Penitenciario y Policía de San Juan.
En 2012, en Casa de Gobierno, la provincia renovó el contrato con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) por un año más, oportunidad en la que también se incluyó los exámenes preocupacionales para los 4.000 contratados que ingresaron a la administración pública durante aquel año. La entidad prestaba el servicio de aseguradora de riesgo de trabajo desde el 2005 para el Gobierno de San Juan. Importante remarcarlo: Esta operación de contratación directa por una suma tan generosa y obscena se venía haciendo desde 2005. ¿Investigará la Justicia de San Juan este episodio financiero que se prolongó por más de una década?
Pasaron 12 años de un régimen feudal y vicioso, rayano en la corrupción aldeana donde todo sucede bajo la aplicada complicidad de los pobladores, hasta que en 2016 recién se llamó a licitación por la ART para los empleados públicos de San Juan. Fue así que a partir de la gestión del gobernador Segio Uñac se convocó por primera vez a las empresas a presentarse para prestar el servicio de ART para los empleados de la administración central.
Todos los años anteriores, es fatal tener que recalcarlo, el servicio se contrató en forma directa y en los últimos tiempos de Gioja se estuvo pagando la friolera de 42.000.000 de pesos mensuales, monto que actualmente se bajó a 15.000.000 de pesos. ¿Estará dispuesto el actual Gobernador Sergio Uñac a impulsar una investigación sobre este episodio negro de la política económica vernácula?, ¿o dejará que todo se disperse en el olvido?
Autoridades del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos formalizaron siempre el contrato con el gobierno de San Juan para dar la cobertura de riesgo del trabajo a más de 30.000 empleados estatales y de Obras Sanitarias Sociedad del Estado. El organismo entrerriano se ocupaba de hacer los estudios preocupacionales a todos los trabajadores que ingresaban a la órbita estatal.
En la firma del convenio participó el presidente del IAPSER, Jorge Mencía y José Luis Gioja. De esta forma pretendían brindar cobertura de riesgos del trabajo a la totalidad de los empleados y funcionarios de la provincia. Una relación turbia entre la aseguradora y la provincia de San Juan. Lamentable que ningún diputado se haya puesto a investigar seriamente el tema.
Moisés Lara fue diputado del bloque justicialista en los años 90. Hasta hace poco era el delegado del Instituto del Seguro de Entre Ríos en San Juan. Hace poco fue despedazado por parte de la prensa mutante, que ahora descubre que hubo corrupción en San Juan. Moisés, en su defensa, dijo que sólo hubo un cambio por una incompatibilidad entre el cargo que ostentaba y su calidad de productor de seguros. Lara dijo que la observación la hizo el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. El exsecretario General del Sindicato del Seguro dijo que su actividad continuará con su empresa de seguros.
Sin embargo, su nombre apareció reluciente en un pedido de informes en la Cámara de Senadores de Entre Ríos. En febrero de 2016, se impulsó desde la Cámara Alta de Entre Ríos un pedido de informes del Senador provincial Nicolás Mattiauda, de Cambiemos Gualeguaychú. En ese pedido, el legislador se dirige al Poder Ejecutivo para que, "por intermedio de los organismos competentes", informe sobre una serie de puntos, "vinculados con la denuncia por enriquecimiento ilícito efectuada contra el contador público Martín Daniel Fernández, actual gerente general del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos".
En el mismo escrito, el Senador Mattiauda explicaba que "el pasado día 12 de febrero, fue presentada en los Tribunales de la ciudad de Paraná por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, una memoria anónima de una auditoría interna realizada en el IAPSER. La misma había sido enviada de forma anónima al estudio del abogado Pagliotto.
En el documento presentado se hace alusión a convenios millonarios firmados entre el organismo entrerriano y las provincias de San Juan y San Luis. Se trata de un convenio secreto con la firma Gerenciadora de Riesgos Ríos Varadero/Colonia Suiza". En el texto se destaca "el hecho de que el representante del IAPSER en San Juan, Moisés Lara, es también productor de seguros" y se pone en duda "la compra con dinero del organismo" que realizó Lara, para luego alquilar el inmueble al IPASER, que él mismo administra.
