Argentina enfrenta una severa emergencia energética provocada por una intensa ola polar, que ha llevado el consumo de gas y electricidad a niveles récord, desbordando la capacidad del sistema y generando importantes cortes en el suministro. La situación ha derivado en un cruce de acusaciones entre las empresas distribuidoras y generadoras de energía, mientras el gobierno busca medidas para garantizar el abastecimiento.

El consumo residencial de gas ha alcanzado picos históricos, superando los 100 millones de metros cúbicos diarios en la última semana, una cifra nunca antes vista. Esta demanda sin precedentes, sumada a problemas de inyección desde yacimientos en Vaca Muerta, ha forzado al Enargas a convocar al Comité Ejecutivo de Emergencia. Para asegurar el suministro prioritario a los hogares, se han implementado medidas drásticas:

Cortes a industrias: El suministro de gas a grandes empresas ha sido interrumpido; Limitación de GNC: Se ha restringido la carga de Gas Natural Comprimido; Restricción de exportaciones: Los envíos de gas a Chile han sido reducidos.

Las regiones más afectadas por la escasez de gas son el norte, centro y litoral argentino, donde la red de gasoductos no está completamente desarrollada, agravando la situación y exponiendo la urgencia de infraestructuras como la reversión del Gasoducto Norte.

Sistema Eléctrico al Límite y Controverisa por los Cortes de Luz

La ola de frío también ha golpeado al suministro eléctrico, con miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afectados por cortes de luz. La situación ha generado una fuerte controversia:

El sistema eléctrico opera al límite, cubriendo la demanda con importaciones de energía desde Brasil. La preocupación gubernamental se centra también en la falta de inversión para ampliar la oferta de generación térmica, especialmente tras la cancelación de la licitación TerConf. Se advierte que la demanda de energía se mantendrá alta, superando récords de consumo invernal en los próximos días.

La emergencia actual subraya la vulnerabilidad de la infraestructura energética del país en sus tres segmentos: generación, transporte y distribución, y la necesidad urgente de inversiones y planificación estratégica.