El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), por intermedio de su presidente, Juan Carlos Ortiz, formalizó un diagnóstico técnico sobre las condiciones de competitividad del sector extractivo local, concluyendo que la consolidación de la institucionalidad, la seguridad jurídica y el combate irrestricto a las operaciones al margen de la ley constituyen los factores críticos para que el país andino capitalice su potencial geológico.

En el marco del actual escenario macroeconómico internacional, condicionado por una aceleración en la demanda de minerales estratégicos y una reconfiguración de la industria global, la entidad advirtió que el flujo de capitales fijos (Capex) se desplazará de forma selectiva hacia aquellas jurisdicciones que garanticen predictibilidad normativa y estabilidad territorial.

La proliferación de trabas administrativas y las inconsistencias en los marcos regulatorios operan en detrimento de la posición del país frente a otros distritos competidores de la región y el mundo. “La inversión buscará aquellos destinos que ofrezcan estabilidad, seguridad jurídica, instituciones sólidas y capacidad para ejecutar proyectos de manera eficiente y responsable”, argumentó Ortiz,  especificando que la excesiva carga burocrática, la incertidumbre en las reglas de juego y la falta de articulación entre los estamentos del Estado reducen los índices de eficiencia del aparato productor peruano.

La dirección del IIMP señaló que la próxima administración de gobierno deberá asumir una estrategia firme y decidida para neutralizar las economías ilícitas que interfieren en los distritos mineros, promoviendo en su lugar un modelo de minería formal, moderno y transparente. Bajo esta línea analítica, el ejecutivo remarcó la necesidad de someter a revisión técnica los mecanismos y registros de formalización vigentes en el país, con el objeto de que dichos instrumentos legales recuperen su naturaleza inicial de fomento productivo y dejen de ser instrumentados como coberturas o escudos de protección por organizaciones que operan fuera del marco de la ley.

De manera precavida, los cuadros técnicos y analistas del entorno corporativo refrendan que el desarrollo sostenible y la generación de empleo formal de alta calificación técnica están supeditados de forma directa al ordenamiento y la preservación de las garantías constitucionales en las zonas de operaciones. A modo de conclusión, Ortiz ratificó la política institucional de la entidad orientada a dar soporte técnico al despliegue de proyectos transparentes que tributen en las regiones correspondientes: “La mejor respuesta frente a la ilegalidad es una minería moderna, formal, transparente y responsable”, aseveró la máxima autoridad del IIMP, situando a la gran minería regulada como el principal vector para el progreso social y la estabilidad macroeconómica del distrito andino.