La mina de uranio que hace 17 años genera conflictos

El Gobierno provincial no lo oculta. Una vez más hay interés de la Nación por reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, que queda en San Rafael y que fue explotada por la Comisión Nacional de Energía Atómica desde 1975 hasta 1995.

Con ese cierre, se abrió un conflicto que lleva 17 años sin resolución debido a la presencia de residuos contaminantes que aún no fueron saneados. El rechazo que genera ese emprendimiento quedó en evidencia ayer en Alvear, con la manifestación de ambientalistas que reclamó al gobernador, Francisco Pérez, que no vuelva a funcionar.

La CNEA empezó a operar Sierra Pintada en 1975 y, según se calcula, hubo una extracción de 1.600 toneladas de uranio (1.000 en San Rafael y 600 en Malargüe, donde quedó la mayoría de los residuos). Pero 20 años después cerró. Esa decisión se debió básicamente a que era más barato importar uranio que producirlo en la Argentina: era la época de la convertibilidad menemista y además el precio del mineral a nivel internacional estaba bajo. Pero la CNEA dejó residuos sin el tratamiento necesario para evitar la contaminación de la zona: 1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio.

El complejo de Sierra Pintada está paralizado desde 1995, pero su explotación dejó muchos residuos sin tratar.

En 2003, con otro marco político-económico, el organismo nacional anunció su intención de extraer nuevamente uranio y como requiere de la venia de la Provincia para hacerlo, le presentó al por entonces gobernador radical Julio Cobos una evaluación de impacto ambiental avalada por la Universidad Tecnológica de Avellaneda.

Pero el Gobierno rechazó la posibilidad de reabrir la mina. A través de una resolución firmada por el ex ministro de Ambiente y Obras Públicas Francisco Morandini se estableció que la CNEA debía resolver antes la situación de los residuos si pretendía extraer otra vez uranio. Además, puso condiciones a la evaluación presentada: debía estar bajo el régimen legal provincial.

Más allá de las decisiones gubernamentales, ante la presencia de las colas de uranio en el Sur y las denuncias crecientes de contaminación, se gestó en los últimos diez años la multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable (que reúne a casi 40 entidades de distinta índole del departamento) que comenzó con una intensa lucha que incluyó una pelea judicial. Fue así que la organización se presentó ante el Juzgado Federal de San Rafael y consiguió en 2005 una medida cautelar que impedía la actividad en Sierra Pintada.

Esa presentación tuvo muchas idas y vueltas, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó la reapertura de la mina en un fallo de diciembre de 2010. Los jueces supremos advirtieron que, para poder reiniciar la explotación, la CNEA debe remediar los pasivos ambientales, pero aunque puso un límite a la actividad, obvió plazos para ese tratamiento (ver aparte). Paralelamente, se convocó a una audiencia pública para la remediación de los pasivos, que fracasó varias veces.

La tarea de saneamiento comenzó pero aún no está terminada y hay quejas de distintos sectores sociales por falta de información de la Nación respecto del estado de avance. En las últimos meses, con el precio del uranio en alza y la decisión expresa de la Nación de impulsar extracciones mineras, la reactivación de Sierra Pintada volvió a ser una posibilidad cierta. El Gobierno nacional está ilusionado en transformarse en uno de los principales exportadores de uranio del mundo y en ese sentido, la mina sanrafaelina es clave. Por eso, el Ejecutivo provincial está planeando distintas formas de retomar la extracción uranífera en el Sur.

Entre ellas, la de hacerla pasar como “combustible”, en el marco de la empresa provincial de energía, que impulsa el oficialismo y aún no consigue aún el aval del Senado. Pero esa posibilidad ya trajo voces en contra, especialmente por la sospecha latente de que el Gobierno estaría tratando de obviar el cumplimiento de la ley 7.722 que en 2007 prohibió el uso de sustancias contaminantes en la minería.

No a la mina

“Pérez quiere reabrir la mina de Sierra Pintada obviando la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos. En la extracción del uranio se utiliza el ácido sulfúrico, no existen muchas vueltas semánticas que se le puedan dar a la cuestión de Sierra Pintada”, explicó el diputado nacional por la UCR Enrique Vaquié.

En esa línea, la diputada nacional radical Mariana Juri confirmó que esta semana intentará el tratamiento de dos proyectos en el Congreso Nacional. “Uno es para exigirle a la CNEA que remedie los pasivos en todo el país y otro para que no reinicie ninguna explotación uranífera si no remedia esos pasivos”, sostuvo la legisladora.

Hace diez días, la CNEA confirmó que se detectaron filtraciones en uno de los diques de remediación de Sierra Pintada, lo que alertó más a la población. En ese sentido, Eduardo Sosa, el titular de Oikos Red Ambiental que trabajó en el tema en sintonía con la Multisectorial, aseveró: “Que la sociedad se haya enterado de una fuga de residuos peligrosos por los medios de comunicación habla claramente de todo lo que tenemos que trabajar antes de pensar en la reapertura de la mina de uranio. La historia de la industria nuclear se ha construido en base al secreto y esta situación no puede volver a ocurrir”.

 

Los pasivos ambientales son uno de los frenos para la extracción de uranio en Sierra Pintada, San Rafael

La reapertura del yacimiento de uranio de Sierra Pintada, que fue agitada por el gobierno de Francisco Pérez esta última semana, implica que se remedien pasivos ambientales de, al menos, 1.400.000 toneladas de rocas que, según estimaciones de la Multisectorial del Sur, contienen más de 500.000 kilogramos de material contaminante.

Esa tarea deberá estar a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que ya recibió varias sentencias en su contra por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que presiona para establecer una solución sincronizada. Esto es sanear los pasivos ambientales al mismo tiempo que se procede a la explotación.

Empujado por el Gobierno nacional, que persigue la explotación de uranio en todo el país, Pérez habló el lunes en una reunión con el radicalismo, en la que se discutió el futuro de YPF en Mendoza y la creación de la empresa de energía, de la posibilidad de la reapertura de Sierra Pintada y recibió el visto bueno de ese sector de la oposición salvo por dos puntos: que se respete la ley 7.722 y que la Nación, finalmente, se ocupe de remediar los pasivos que descansan a sólo 25 kilómetros de San Rafael desde hace más de 15 años. Esto fue lo que planteó la Multisectorial del Sur en 2005 en una presentación judicial.

Cristina Fernández le vuelve a poner ahora especial atención a la mina: se calcula que Sierra Pintada es el tercer yacimiento a nivel mundial, con reservas por 100 años que podrían abastecer, no sólo a las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse), sino que transformarían, además, a Argentina en uno de los principales exportadores del elemento.

En 2002, la libra (medio kilo) de uranio costaba en el mercado internacional 6 dólares, hoy se paga por lo mismo 48 dólares y continúa siendo un buen negocio a pesar de que en el último año y medio se cerraron decenas de centrales nucleares alrededor de todo el mundo. El uranio se utiliza en la construcción de estabilizadores para aviones, satélites y además, en los tomógrafos.

El plan de Pérez para rehabilitar Sierra Pintada, contempla varios puntos. Pero a medida que trascendieron detalles, se supo que serán difícil de llevar adelante. Uno de ellos es demostrar que la extracción de uranio se puede hacer, según métodos modernos, sin pasar por alto a la ley 7.722. En ese sentido Pérez mencionó ante la UCR que existe un método que se está experimentando en México y que, a través de electricidad, logran hacer el proceso biodegradable y sin utilizar sistemas de lixiviación con elementos tales como el ácido sulfúrico.

La estrategia oficial

Los especialistas coinciden en que hoy casi en ningún lugar del mundo se llevan a cabo procesos de lixiviación sin utilizar ácido sulfúrico, sustancia prohibida aquí por ley .