En la madrugada del lunes 13 de septiembre, y ante el abandono al que se dejó al intendente Jorge Washington Barifusa por parte de los funcionarios provinciales, éste acordó con los asambleistas que encargarían un análisis de los ríos donde se había derramado más de 1.000.000 de litros de agua con cianuro. Dicho análisis fue solicitado a la Universidad Nacional de Cuyo. Una vez pedido el trabajo a la prestigiosa academia, se acordó también que el contacto entre UNCuyo y el pueblo de Jáchal sería Saúl Zeballos, quien figura en el análisis luego entregado como "contacto". 

Asimismo, el "solicitante", según consta en el estudio, es la Municipalidad de Jáchal quien pagó la suma de 42.000 pesos por el trabajo. Hasta acá, todos de acuerdo, el problema fue cuando llegaron los resultados. 

El miércoles 23 de septiembre, Saúl Zeballos, miembro autorizado a retirar los resultados del estudio encargado a la UNCuyo, viajó a Mendoza y retiró el análisis químico y bactereológico. En el impreso del estudio, insisto, figura como "contacto" válido, por lo cual quién más sino él para buscarlo. Una vez en sus manos, entregó una copia a Cristian Romero, Secretario de Gobierno municipal de Jáchal, y la otra a la Asamblea de Jáchal, para que los vecinos, angustiados por el episodio, pudiesen conocer la información brindada por la universidad mendocina. ¿Qué pasó entonces? Esto que sigue.

El Secretario de Gobierno municipal de Jáchal habría arrancado del impreso la parte del "Informe de Análisis Bactereológico". ¿Por qué?, preguntará el curioso lector. Porque el estudio microbiológico indica "que hay bacterias muy nocivas y difundidas, como la escherichiacoli, donde se originan los cauces de agua montañosos". Esto indicaría que los líquidos sanitarios (materia fecal y orina) de los habitantes de la mina Veladero estarían siendo arrojados a los cauces de estos ríos montañosos que se alimentan del deshielo de nieves y glaciares. Se sabe, la escherichiacoli es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del ser humano y puede producir el síndrome urémico hemolítico, enfermedad fatal.

Pero además, el resultado detectó metales en dosis por encima de los valores tolerables. Esta información encolerizó al Gobierno de San Juan que, según se supo, habría apretado por teléfono al rector de la universidad, Daniel Ricardo Pizzi, para que la información no trascendiera públicamente; de lo contrario, se iniciarían acciones judiciales contra la universidad. Como respuesta al "apriete", el rector ordenó hacer un artículo en base al trabajo encargado y publicarlo en el sitio Unidiversidad.com.ar, que es un diario on line de la UNCuyo. Este supuesto "apriete" del que nadie habla pero que todos conocen, fue mucho antes de que el Gobierno de San Juan decidiera formalmente enviar una carta notarial a la UNCuyo para que rectifique o ratifique los dichos del artículo periodístico publicado y subido a la web. La nota apareció bajo el título "El derrame de la Barrick envenenó el aguade Jáchal".

Llegamos a un punto del asunto en que los detalles son fundamentales. El juez Pablo Oritja recibe en la denuncia radicada en su juzgado el análisis que le entregó el Secretario de Gobierno de Jáchal, Cristian Romero. Es decir, el análisis incompleto porque se le arrancó el "Informe de Análisis Bactereológico" que originalmente traía el estudio.

Hay tres denunciantes en la causa por el derrame de cianuro de Veladero: El primero es Saúl Zeballos (asambleista), más tarde lo hizo Guillermo De Sanctis (Fiscal de Estado) y finalmente fue Julio Orihuela (Defensor del Pueblo) quien decidió denunciar. Esta semana, el denunciante Saúl Zeballos aportaría a la causa el análisis completo de la UNCuyo, naturalmente con el Informe de Análisis Bactereológico. ¿Por qué? Sencillo: porque sería acertado y justo que este punto esté en la causa por la gravedad de los datos que deja al descubierto.

Otro dato no menor, el juez Pablo Oritja solicitó de oficio a la Universidad Nacional de San Juan un estudio de las mismas características al solicitado a la UNCuyo. Y, vaya coincidencia, el resultado  de la UNSJ arroja los mismos valores que los de UNCuyo pero sin el Informe de Análisis Bactereológico. Ese informe, aún no difundido por la UNSJ, indica que en las muestras se detectan valores altos de aluminio y manganeso.

Finalmente los análisis que aún faltan en la causa son los propios de la empresa Barrick compartidos con el Ministerio de Minería de San Juan: Son los del Programa de Monitoreo permanente en los ríos Potrerillos y Las Taguas y que Gimena Daneri (representante de la empresa) en su informe preliminar del miércoles 16 de septiembre elevó al ministerio. Allí se explica que los datos del mentado monitoreo estaban en un laboratorio externo. Dichos análisis arrojarían la hora y el volumen exacto de cianuro derramado y la elevación de los metales en los cursos de agua contactados como producto de la lixiviación “no deseada”. Esto ya ha sido pedido al juez por el denunciante Saúl Zeballos pero hasta el momento Oritja no le ha ordenado a la empresa minera que proporcione esa vital información. Nadie sabe por qué y nosotros mucho menos. Así nos va.

(*) Especial para Perfil.com, desde San Juan