De fenómeno transitorio a condición permanente. La sequía que ha golpeado al país en los últimos años ha obligado a distintas industrias como el agro o la energía a invertir para asegurar el abastecimiento de agua o bien, en hacer más eficiente su uso. 

La industria sanitaria no ha estado ajena a esta discusión y tanto los privados como el Gobierno han levantado su preocupación por el aseguramiento del abastecimiento para consumo humano. La zona más afectada es el norte pues es allí donde menor disponibilidad existe y donde más ha bajado el caudal de los ríos a causa de la sequía.

Esto ha llevado a empresas de infraestructura y a las mismas sanitarias a trabajar, en conjunto con el Gobierno, en un plan que considera inversiones por hasta US$900 millones para construir cinco nuevas plantas entre las ciudades de Arica y Coquimbo, además de ampliar la unidad ya existente en Antofagasta.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) elaboró un listado con los proyectos que están en distintas etapas de desarrollo y que dan respuesta a las zonas más precarias. Allí figuran iniciativas en las ciudades de Arica, Antofagasta, Taltal, Copiapó y el conurbano La Serena-Coquimbo.

El proyecto más ambicioso sería el de la planta desaladora de La Serena-Coquimbo, zona donde el tema de la disponibilidad de agua se ha tomado la agenda local en los últimos años. La iniciativa en la que trabaja la SISS considera una capacidad de 1.000 l/s, lo que la convertiría en la mayor instalación de este tipo en el país sin contar a la minería.

Pero la idea de instalar una planta desalinizadora en esa zona sufrió recientemente un traspié. En 2014, la empresa CKC presentó una propuesta al Consejo de Concesiones para construir una planta desalinizadora multipropósito por US$200 millones. Sin embargo, esa idea no fue declarada de interés público por parte del Consejo de Concesiones, lo que, por ahora, echa por tierra esa idea.

Entre las empresas que participarían de un eventual negocio en esta área figuran Aguas de Antofagasta, ligada a la colombiana EPM; Aguas del Valle (de Ontario Teacher’s Pension Plan)  y Aguas Chañar, cuya propiedad comparten Hidrosan e Icafal.

Los avances. Si bien este plan está siendo trabajado entre la industria y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, no está claro aún cómo se remunerará la inversión.

Fuentes de la industria comentan que una posibilidad es que exista un modelo mixto entre subsidio y cargo a tarifa, mientras que al Ejecutivo le preocupa que esto derive en un aumento muy fuerte en las cuentas de los usuarios. Por ahora, esa es la piedra de toque.

En una presentación, Gabriel Zamorano, Superintendente de Servicios Sanitarios (TyP), explicó que las figuras que se están analizando son: que un proveedor de agua desalinizada venda el recurso a un productor de agua potable; que la planta desalinizadora forme parte de la infraestructura del concesionario; o que una compañía se constituya como productor de agua potable y establezca contratos con distribuidores.

Zamorano añadió que un factor clave es el costo de la energía, que supone una parte muy relevante del costo de operación.