La pelea por la propuesta parlamentaria de las senadoras Isabel Allende (PS) y Adriana Muñoz (PPD) de limitar a 30 años los derechos de aprovechamiento de agua seguirá fuera del Congreso en caso de ser aprobada. Luego de que la Confederación de Producción y el Comercio (CPC) afirmara que un cambio de estas características podría atentar contra el derecho de propiedad, los expertos advierten que si esta indicación pasa, una vez más será el Tribunal Constitucional el que decida.
“No cabe duda que muchos de estos cambios afectan la propiedad, al modificar características esenciales de los derechos, sin existir indemnización alguna que compense tal afectación”, sostiene el abogado Matías Desmadryl, ex director de la Dirección General de Aguas (DGA) en la administración Piñera.
En la misma línea, su antecesor en la DGA en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Weisner, expone que “este nuevo sistema rompe con una tradición que tiene nuestro país que viene incluso de la época colonial. En Chile, nunca hemos tenido ‘permisos temporales’ para aprovechar las aguas”. Para graficar esta eventual arremetida judicial, el socio de Puga Ortiz afirma que con esta propuesta “perderían los usuarios y sólo ganarían los abogados”.
Tanto la CPC como la Sociedad Nacional de Agricultura se opusieron a la propuesta de las senadoras, que en todo caso no cuenta con el patrocinio del gobierno. De hecho, el Ejecutivo tiene una propuesta que desliza la posibilidad de limitar los derechos de agua, pero no plantea la caducidad a los 30 años. En la minería y la energía también tienen reparos.
El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino sostiene que “en términos generales no se entiende bien el sentido de este proyecto”, tomando en cuenta que paralelamente existe una propuesta gubernamental.
En el sector eléctrico, el plazo de caducidad aparece como su principal preocupación. En su carta a los accionistas, el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, expresó que “los proyectos hidroeléctricos –que no utilizan derechos consuntivos de agua – requieren por su naturaleza de plazos de desarrollo y materialización más largos que los considerados en la iniciativa en trámite”.
Tras el revuelo generado entre los empresarios, la senadora Isabel Allende aseguró que con su iniciativa “nunca se ha propiciado la expropiación de los derechos constituidos legalmente sobre las aguas, ni su uso exclusivo. Lo que he planteado es que en caso de crisis se garantice el consumo humano y el saneamiento mínimo. En este sentido, buscamos establecer en rango constitucional que las aguas son un bien nacional de uso público –cuestión que ya existe en la legislación actualy que haya un manejo sustentable en el recurso hídrico”, explica la parlamentaria, quien añade que su equipo legislativo trabajará con Hacienda una propuesta que tenga en consideración el respeto a los derechos ya constituidos para entregar certeza jurídica a los usuarios.
La senadora y presidenta de la Comisión especial de Recursos Hidrícos, Adriana Muñoz dará cuenta en sala el trabajo que lideró por más de un año y medio. La parlamentaria PPD ha sido la encargada de unir una decena de mociones y convertirla en una propuesta para que la Constitución considere los recursos de agua, como “esenciales” para la vida, por sobre su uso económico. “Es un proyecto con mayorías”, señala, aunque el Gobierno no ha dado su respaldo directo al proyecto, según confirmo Pulso.
-¿Cuáles son las conclusiones del informe que presentará hoy ante la sala del senado?
Hicimos nuestra propia definición, en base a lo que hay en el Código de Aguas y que dice que el agua es un bien nacional de uso público en todos sus estados y pertenece a la nación. Establecimos que los derechos de agua en Chile se entreguen en forma de concesión, por titularidad y por un tiempo determinado que está definido en la ley, 30 años. Nosotros planteamos que el agua debe tener prioridad de uso. El uso prioritario es el consumo humano, el uso doméstico y el uso sanitario, tal como lo dice el código que está aprobado.
.Desde de la CPC han acusado este proyecto de tener una “intención de expropiar” los derechos de agua ya cedidos.
No sé en qué momento se habla de expropiación. Ellos hablan que vamos a quitar los derechos de agua de lo que hoy existe. Eso no está ni en el Código de Aguas ni en propuesta de reforma constitucional. Hoy todas las empresas, industrias, las personas que tienen derecho otorgados por el Estado, todos esos derechos quedarán en manos de propiedad privada. No cambia la situación de estatutos de esos derechos. Lo que se habla, es que de aquí en adelante, lo va hacer por concesión a titularidad y por un tiempo determinado. Eso es lo que ha quedado. En ningún minuto hemos hablado de los derechos expropiatorios.
-Ellos han hecho hincapié en que “los bienes nacionales de uso público, no deben ser confundidos con bienes fiscales o de propiedad del Estado”
Ellos están elucubrando, están instalando una sensación de temor para hacerlo justo un día antes que el Senado comience el debate. Creo que hay una decisión de todos los sectores empresariales, sea cualquiera el tema que tratemos. Pasó lo mismo con la Reforma Laboral, dan alertas e instalan estos miedos. No creo que ellos estén desinformados. Lo que sí, están instalando y buscando es desinformar. Quieren que las cosas sigan tal cual están. Lo más importante de la reforma al Código, de la reforma a la Constitución es que hoy debemos tener en Chile una noción, un valor de lo que es el agua como recurso esencial para la vida y que después de aquello, es un elemento de uso para la actividad productiva y económica.
Hoy es al contrario. Se ha establecido el camión aljibe como una institución en el país. En la actualidad, más de 90 mil familias tienen agua todos los días en su casas, solamente por camiones aljibes. Es una vergüenza. Hay un desequilibrio que nos obliga a repensar y a reinstalar en nuestro marco normativo que el agua es un derecho humano, es esencial para la vida. Por eso, debe ser del Estado de Chile y de todos los chilenos.
Lo que queremos hacer es que el agua, en medida que es un bien de uso público consagrado en la Constitución, porque el temor que ellos tienen, hoy está consagrado en el Código Civil y en el Código de Aguas, y ahora nosotros lo estamos consagrando en la Constitución. El temor de ellos es que el Estado en cualquier momento les quite el agua. Si hay una guerra, si hay una pandemia, si hay una catástrofe y no hay agua, por qué el Estado no podrá recurrir a derechos que se entregó a privados.
-¿Pedirá apoyo directo al Gobierno para sacar adelante el proyecto?
Vamos a seguir nuestro cauce parlamentario. Lo que sí, es una cosa rara que este proyecto no se pueda votar como cualquier proyecto. Va a ser sólo un informe. No nos han dado el derecho a que se debata ni que tampoco que se vote. Esto se expondrá como una pieza de producción de una comisión y se mandará a Constitución. Eso indica el temor que hay en este propio parlamento de debatir sobre este tema por las presiones empresariales que hoy hemos visto.
La Presidenta Bachelet presentó un proyecto idéntico a este en el 2009, que después en el Gobierno de Piñera lo retiró. Nunca más se debatió. Esto es una iniciativa nuestra, netamente parlamentaria. Si el gobierno no se quiere pronunciar y el ministro de Agricultura, Carlos Furche ha sido el abanderado en ese sentido, que no se pronuncie, pero nosotros tenemos el deber rendir el resultado de un trabajo y de abrir un debate que es muy importante que se abra.
“Creemos que es importante priorizar el consumo humano y estamos totalmente de acuerdo con ello; sin embargo, la institucionalidad actualmente vigente también lo establece así. Esto es, no se requiere de ninguna reforma constitucional para asegurar su protección”.
Así de clara es la posición de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) respecto a la propuesta de reforma planteada por las senadoras Isabel Allende y Adriana Muñoz para reformar la constitución y modificar la categorización de los derechos de agua.
“En nuestra interpretación, el proyecto regula, entre otros, la extinción de los actuales derechos. Por ello, coincidimos plenamente con lo señalado por la CPC respecto a que al declararse los derechos de utilidad pública, se pretende desconocer el derecho de propiedad sobre los derechos de aguas existentes, señala la entidad que preside Alberto Salas, también timonel de la CPC.
“En estas circunstancias, ello tiene una clara intencionalidad expropiatoria sobre estos derechos, pues no permite que el Congreso -en el ejercicio de su rol calificador de bienes de utilidad pública- evite potenciales abusos de autoridad que pudieran suscitarse en caso de expropiaciones”, añadió Sonami mediante una declaración.
