MARCO ARANA*
Un editorial de este Diario (“A calmar las aguas”, 7 de abril del 2017) afirma que “hay inquina”, “ojeriza” y “malhumores que trascienden las reglas básicas de la racionalidad” porque hemos presentado un proyecto de ley de protección y cabeceras de cuenca, el mismo que ha obtenido un dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, por lo que debe pasar a debate del pleno del Congreso de la República.
¿Por qué es importante una iniciativa legislativa de esta naturaleza? Porque en pleno siglo XXI en nuestro país no tenemos información adecuada sobre todas nuestras cuencas y, si bien la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha identificado 159 unidades hidrográficas principales, no disponemos de estudios en detalle de cuáles son sus funciones ecosistémicas y cómo podemos protegerlas y conservarlas en beneficio de la mayoría de peruanos. La iniciativa legislativa también es relevante porque no debemos seguir gestionando nuestras zonas productoras de aguas desinformados o con información precaria. El dictamen busca garantizar el conocimiento, la delimitación y, por consiguiente, la protección de “las partes altas de la cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”.
En ese sentido, lo que se busca mejorar con la aprobación de una ley de esta naturaleza es: 1) la identificación precisa de las cuencas hidrográficas; 2) la generación de información técnica y científica de las entidades estatales correspondientes para adoptar las medidas que estimen necesario para asegurar su protección; 3) que esta identificación se realice de modo concertado entre los sectores públicos involucrados y los actores económicos y sociales relevantes en el país; 4) que no se afecten derechos de las comunidades campesinas y nativas ni de los actores privados que tengan un derecho obtenido válidamente en el lugar.
Está demostrado que, pese a que desde el 2009 está vigente la Ley de Recursos Hídricos, el Ejecutivo no ha cumplido su función de identificar, delimitar y menos aun proteger las cabeceras de cuenca, arriesgando el futuro de todos los ciudadanos y afectando su derecho al agua, como lo han hecho saber las comunidades campesinas y los pueblos indígenas en cuyos territorios se dan la mayoría de conflictos hídricos del país.
La minería es una actividad económica importante para nuestro país, pero no puede ser vista solo desde su significación económica y contable, sino también en su dimensión social, geográfica y sobre todo ecológica, estando este último enfoque casi ausente. En este sentido, no es faltar a la verdad cuando afirmamos la importancia de proteger las fuentes naturales de agua, ya que los propios impulsores de la minería a gran escala saben que su actividad demanda inmensas cantidades de recursos hídricos. Por ello es que un estudio del Banco de las Américas ha calificado la minería como “una industria sedienta” y, sin tener odio al sector, ha señalado que la disponibilidad del agua es el punto más crítico de las inversiones mineras, así como la mayor fuente de sus conflictos con las comunidades.
Sin embargo, en el Perú se sigue difundiendo información desactualizada sobre uso de agua en minería. Incluso en foros académicos se exhiben datos del siglo pasado con los cuales afirman que la minería solo consume entre 1% y 2% del total del agua disponible del país. Se oculta que a nivel de cuencas o microcuencas una sola mina puede llegar a consumir más de la mitad del agua disponible, como ocurre en Tacna o la microcuenca del río Grande en Cajamarca. ¡Así estamos!
Legislar para que la ANA pueda estudiar y dar información que permita tomar decisiones para proteger las cuencas no es un despropósito. Que la iniciativa legislativa recuerde que el principio precautorio, el ordenamiento y la planificación territorial son necesarios debería ser lo racional si estamos pensando en un desarrollo que no convierta las fuentes generadoras de agua en sus primeras y últimas víctimas.
*Congresista de la República
