El análisis de una una base de datos construida por Ojo-publico.com en base a pedidos de información a la Autoridad Nacional del Agua revela que 10 de las mineras más importantes del Perú tienen autorización para explotar hasta 302 mil millones de litros de agua cada año, a cambio de una compensación máxima de S/0,27 por cada m3 consumido. Sin embargo, las cifras de la autoridad no cuadran con las de las empresas. Ocho mineras deben un total de S/1,6 millones al Estado por el uso del agua.
Cada año, diez de las compañías mineras más importantes que operan en el Perú están autorizadas a usar un máximo de 302.442 millones de litros de agua de quebradas, lagunas y acuíferos para atender sus operaciones. La lista la integran Southern Peru, Antamina, Milpo-Votorantim, Volcan, Xstrata, Buenaventura, Las Bambas, Minero Horizonte, Yanacocha y Barrick, y la cifra se desprende del análisis de una base de datos construida por Ojo-Publico.com con reportes obtenidos a través de pedidos de información a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), institución encargada de la gestión hídrica en el país.
Según la ANA, el consumo promedio anual de estas compañías no supera el 25% de los volúmenes autorizados. Sostienen, por ejemplo, que el 2016 las mineras usaron apenas el 14% de los volúmenes de agua permitidos y el 2015 el 36%. Sin embargo, las cifras de la autoridad se contradicen con las autorizaciones y consumos declarados por las propias empresas, confirmando con ello la débil fiscalización del Estado en la explotación de este recurso.
Ojo-Publico.com solicitó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el detalle del agua utilizada por las 10 mineras que poseen el mayor número de licencias para extraer este recurso, los volúmenes otorgados, el detalle de las cantidades usadas cada año y el pago que se les exige en compensación por este consumo.
El análisis de la base de datos señala que, desde el 2012 hasta fines del 2016, estas mineras utilizaron solo 377.589 millones de litros de agua para procesar sus minerales, suprimir el polvo en sus áreas de trabajo y cubrir las necesidades de servicios de sus campamentos. Pero los volúmenes de consumo que la ANA le atribuye a las mineras, son ínfimos respecto a las cantidades reales. Uno de los casos más evidentes es el de Southern Perú Cooper, subsidiaria del Grupo México y compañía que más agua capta y extrae en el Perú, según la información oficial.
De acuerdo con los reportes de la ANA, el 2015 todas las operaciones de Southern usaron 24.780 millones de litros para cubrir las necesidades de las dos minas de cobre que administra en Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna). Sin embargo, los reportes que la misma empresa aloja en su página web revelan que ese año gastó el doble: 50.490 millones de litros. Una cantidad similar a la que ocuparían 12.500 piscinas olímpicas y que representa total del consumo de los habitantes de Tacna y Moquegua durante un año.
Pero no solo no concuerdan las cifras del uso, tampco los volúmenes autorizados a la compañía minera. El volumen que la institución estatal otorgó y registró a favor de dicha empresa es mayor al que esta admite.
Lo reportado en la última memoria anual del Grupo México indica que su filial peruana tiene licencia para explotar un máximo de 1.950 l/s, es decir, aproximadamente 61.500 millones de litros cada año, un volumen similar al consumo anual de la mitad de la población de Arequipa, región en donde Southern tiene a Tía Maria, proyecto minero que se encuentra paralizado precisamente por conflictos por el agua. Sin embargo, según la ANA, la empresa tiene autotización para más: 139.342 millones de litros.
La oficina de comunicación de Southern Perú Cooper respondió por escrito a Ojo-Publico.com y sostuvo que ellos cuentan con medidores en cada punto de captación del recurso. No precisaron cuántas licencias tienen, pero confirmaron que los litros de agua autorizados y utilizados son los mismos que señalan en su memoria anual. Estos son "enviados y verificados mensualmente por la ANA". Añadieron que toda la información es pública y puede obtenerse de dicha institución; sin embargo, como detallamos más arriba las cifras de la ANA no cuadran.
Ruth Preciado, ingeniera especializada en gestión hídrica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostiene que –además de estas incongruencias en el registro de la ANA– los cálculos del uso minero del agua siempre quedarán cortos porque no se incluye el líquido que se pierde en el bombeo a tajo abierto, ni mucho menos el drenaje que hacen las empresas para secar la zona y evitar infiltraciones en sus proyectos.
“Este drenaje tiene un impacto negativo en el agua subterránea, pues impide que el líquido se almacene en temporada de lluvia para nutrir las quebradas en época seca. Ello reduce su disponibilidad de agua en las zonas bajas”, explicó la ingeniera.
El límite de metros cúbicos de agua que puede extraer cada minera es fijado por resoluciones administrativas emitidas entre 1972 y el 2009, primero por el Ministerio de Agricultura, y ahora por la ANA, cuando no se contaba con estudios de disponibilidad hídrica nacional, ni se conocía la sobreexplotación o superposición de usos en cada quebrada, laguna o río.
Los datos obtenidos por Ojo-Publico.com muestran que el 57% del total de las licencias otorgadas a estas 10 importantes mineras fueron entregadas antes del 2010, año en que la ANA publicó su primer estudio sobre la situación de los recursos hídricos en el Perú. Y fue recién desde el año 2012 que dicha institución empezó a elaborar planes de gestión del agua detallados para cada cuenca.
Desde el 22 de junio de este año, la Constitución Política del Perú reconoce el agua como un bien público, Patrimonio de la Nación, e impone al Estado el deber de priorizar el acceso y el consumo humano sobre otros usos. Todo el que la extrae de sus fuentes naturales está obligado a pagar una retribución económica al Estado.
El monto de este pago lo calcula la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con una fórmula aprobada el 2012 y que se oficializa a través de un decreto supremo cada año, y es firmado por el Ministerio de Agricultura. Lo recaudado debe servir para mejorar la gestión y disponibilidad del agua en todo el Perú.
Sin embargo, no existen medidores o equipos en el Estado para cuantificar los volúmenes de agua que usan las mineras. Mirco Miranda, consultor en recursos hídricos y exfuncionarios de la ANA, explica que son las propias empresas las que envían una declaración jurada indicando el agua que consumieron durante el año. Cuando la información no es enviada, la Oficina de Régimen Económico de esta institución les factura un promedio aproximado en base al límite máximo permitido.
De acuerdo al Decreto Supremo 024-15, toda empresa que obtenga una licencia de uso minero está obligada a pagar una "retribución por el derecho de uso de agua" en sumas que van de S/0,09 a S/0,27 céntimos por cada metro cúbico (mil litros) utilizados.
Los agricultores pagan entre S/ 0,0010 a S/ 0,0030 por cada m3 de agua catalagoda de uso agrario. Los montos por el uso poblacional van entre S/ 0,004 y el S/ 0,03, pero, según la ANA, mineras como Volcan, Yanacocha, Southern, Minero Horizonte, Milpo y Buenaventura, también cuentan con licencias de este tipo para atender las demandas de sus campamentos mineros, por lo que algunas de sus licencias acceden a este pago menor.
Teniendo en cuenta estos montos, la base de datos que construyó Ojo-Publico.com con información de la ANA revela que dicha institución facturó a las diez mineras un total de S/ 38 millones por el consumo de los 377.589 millones de litros de agua que usaron en cinco años; desde la última fase del boom minero del 2012 hasta el cierre del 2016.
Pero las empresas no siempre pagan. La data oficial muestra que 8 las 10 mineras que analizamos deben un total de S/1,6 millones al Estado por el uso del agua. Solo Southern y Xtrata aparecen con todas sus facturas canceladas.
Funcionarios de la ANA confirmaron que las deudas por los consumos del 2015 al 2012 ya han sido enviadas a la Oficina de Ejecución Coactiva, pero que no podrían precisar si las mineras han presentado algún recurso o reclamo para no cumplir con su obligación. La lista la encabeza Volcan, con S/829,206 de pago pendiente; seguido de Milpo-Votorantim con S/ 536,278. En tanto, Buenaventura y Yanacocha tienen deudas que datan del 2012.
La información remitida por la Oficina de Régimen Económico de la ANA también muestra que el año pasado no se giró ningún recibo a nombre de la canadiense Barrick, la mayor productora de oro del mundo. Los reportes señalan que hubo un volumen de utilización de agua cero, pese a que su proyecto estrella Lagunas Norte, en La Libertad, estuvo en plena actividad y produjo 435.000 onzas de oro anual.
Lo mismo sucede con Las Bambas, minera de la compañía china Minerals and Metals Group (MMG), que reanudó sus operaciones en Apurímac a mediados del 2016 luego de un severo conflicto con los habitantes de la zona; y con Antamina, controlada por el consorcio BHP Billiton Ltd, Glencore, Teck Cominco Ltd y Mitsubishi Corp, y que el año pasado procesó un promedio de 430 mil toneladas de cobre y 170 mil de zinc en Áncash. Ambas compañías no tienen facturas de agua por pagar pese a su alta producción.
En la Oficina de Régimen Económico de la ANA no explicaron por qué en sus archivos no aparecen recibos a nombre de dichas mineras.
Se les solicitó a Antamina, Las Bambas y Barrick el detalle de los volúmenes de agua que están autorizados a extraer en todo el país, así como las cantidades utilizadas en los últimos cinco años, pero no dieron estos detalles. Por escrito Antamina dijo que la información la podíamos obtener de la ANA, pero aseguraron que el 100% de agua que usan es de lluvia y más del 99% de lo empleado en el procesamiento de minerales es reciclada. No obstante, existen 10 resoluciones que le otorgan a Antamina derechos de uso en dos quebradas, un río y una laguna de Áncash, así como un acuífero en Barranca, Lima.
Por su parte, los voceros de Las Bambas dijeron que más del 95% del agua utilizada para sus operaciones extractivas es reciclada y les reportan cada mes a la ANA sus consumos. Barrick, en tanto, solo precisó que "el uso del agua es gestionado por estrictos estándares, regulados por las autoridades gubernamentales nacionales y locales de cada región en la que operamos".
Fabiola Alburqueque Vílchez, comisionada de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, de la Defensoría del Pueblo, advierte que el 35% de los conflictos sociales se concentran en la cantidad, calidad y oportunidad del uso del agua. "En el caso de la minería, la poca transparencia y falta de información actualizada sobre cuánto consumen estas empresas termina exacerbando las demandas de las poblaciones que conviven con proyectos extractivos", dijo. La minería no subsiste sin agua, tampoco la agricultura que se desarrolla a su alrededor. La ANA ha puesto sus esfuerzos en mapear el uso agrícola y poblacional de este vital recurso, pero no en saber cuánto gastan y pagan las grandes empresas.
