Si se proyecta el actual escenario hídrico deficitario a un par de años, las acciones a corto plazo no serían suficientes
Tras el llamado de organizaciones ciudadanas a respetar texto de reforma al Código de Aguas aprobado por la Sala de la Cámara y la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, los senadores de la Comisión de Agricultura aprobaron por unanimidad que los nuevos derechos de aguas solo podrán ser otorgados como concesiones temporales, y la extinción de aquellos derechos de agua que no sean utilizados por sus titulares.
Tras 9 años de tramitación, la reforma al Código de Aguas de 1981 tuvo un día crucial ayer miércoles 29 de enero, cuando tras ser suspendida en dos ocasiones en días previos por la presión del ejecutivo que instaba a rechazar la reforma, esta finalmente zanjó por unanimidad las normas pendientes, por los senadores Álvaro Elizalde (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) Carmen Gloria Aravena (IND) y Juan Castro (RN). La reforma será despachada en marzo a la Comisión de Constitución que debiera revisar solo las normas que tienen que ver con la carta magna.
Los senadores aprobaron el fundamental artículo 6, que establece que los nuevos derechos de agua serán otorgados como concesiones temporales y bajo criterios de disponibilidad y sustentabilidad de la fuente; el plazo máximo podrá ser de 30 años. También se aprobó (artículo 6 bis) la norma que establece la extinción de derechos de agua por no uso, los que volverán a propiedad pública.
Las organizaciones sociales celebraron este avance, Hugo Maturana presidente de FENATRAOS, presente en la Comisión, destaco "es un logro de la ciudadanía organizada la defensa del agua como un bien público para consumo humano garantizado por el Estado. Con esta votación, el Senado está demostrando que se toman en serio la crisis hídrica y las necesidades de la población afectada".
Sara Larraín directora de Chile Sustentable, quien ha seguido la tramitación durante los 9 años, señaló que "El agua como cualquier otro bien público de la Nación toda, debe ser concesionada bajo ciertos criterios para mantener las cuencas y reservas hídricas. La grave crisis actual muestra que estamos llegando tarde para lograr la seguridad hídrica del país y su gente, que todos esperan. La paz social requiere que esta reforma tenga urgente despacho y aplicación".
Al respecto, Gloria Alvarado, presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural-FENAPRU, sostuvo que " Conocemos en carne propia la necesidad de recuperar el agua. Hoy se dio un paso fundamental: que los nuevos derechos sean concesiones temporales, ello es un avance en el camino correcto, en el de priorizar y garantizar el agua para consumo humano. No podemos normalizar que compatriotas tengan mínimo acceso y otros defiendan propiedad sin considerar derecho humano".
Ezio costa, director de ONG FIMA sentenció que " Queda mucho camino para que la regulación de aguas permita efectivamente proteger a las personas y los ecosistemas en el contexto de escasez y cambio climático, pero esta aprobación unánime es una buena señal de las posibilidades de deliberar y hacer los cambios que se requiere en un futuro próximo ".
La reforma será despachada en marzo a la Comisión de Constitución, la que debiera tramitar el proyecto con celeridad ante la grave situación hídrica que se encuentra el país.
La Tercera
CARLOS CRUZ*
CHILE se está viendo afectado profundamente por el fenómeno del cambio climático. Esto se ha traducido, entre otros efectos, en una importante disminución en la disponibilidad de agua para los distintos sectores que la requieren. Si a ello sumamos los aumentos de demanda producto de la dinámica económica de algunas actividades específicas y una gestión deficiente -según algunos centros de estudio- nos enfrentamos a un escenario complejo que pone en riesgo el consumo humano y el despliegue de sectores productivos clave.
Es posible tomar algunas medidas ante la emergencia y realizar mejoras importantes en la gestión, tal como lo ha estado haciendo el gobierno. Sin embargo, si proyectamos este escenario hídrico deficitario a un par de años, las acciones de corto plazo no serán suficientes.
Para evitar efectos mayores, las soluciones deben ser estructurales y demandarán millonarios recursos para materializar proyectos de acumulación y de generación de nuevas aguas. Es labor del Estado promover esas inversiones y lograr su concreción lo antes posible para paliar el efecto de la restricción hídrica en sectores fundamentales en nuestra estrategia de desarrollo.
La minería ha logrado resolver su problema de agua, mejorando sus procesos y abasteciéndose de forma autónoma, por ejemplo, con plantas desaladoras. El sector agropecuario, en su gran mayoría, no ha demostrado esta misma capacidad. La dispersión del sector, el tamaño relativo de cada uno de los emprendimientos y las capacidades económicas diferenciadas de la industria, restringen la posibilidad de asumir este desafío por cuenta propia y se requiere del Estado para darle el impulso necesario.
La construcción de desaladoras, embalses y el posible trasvase de cuencas vecinas o entre cuencas de distintas regiones, son alternativas que tendrán que ser evaluadas a la mayor brevedad para asegurar un desarrollo sustentable del sector.
Existen distintos mecanismos para financiar este tipo de inversiones. Los recursos pueden provenir del presupuesto público o de modalidades de asociaciones público-privadas, para lo cual será necesario definir estrategias con los actores que participarían. Preguntas relevantes que habrá que responder: ¿Se cobrará por el uso de las nuevas aguas?, ¿Cómo se relaciona este cobro con el uso de los derechos actuales?, ¿Qué sucede con el uso de derechos donde ya no hay disponibilidad?, etc.
Más allá del sistema que se utilice, lo que es claro es que, de no hacernos cargo y comenzar pronto a invertir en infraestructura que permita aumentar de forma considerable la oferta de agua -ante el escenario de cambio climático al que nos enfrentamos- el costo para nuestras actividades productivas en el largo plazo será mucho más alto que lo que representan dichas inversiones.
