En Chile el 82% del agua se utiliza en la agricultura
MARÍA PAZ BYERS
El agua es fundamental para el ser humano, además de ser una fuente estratégica para la producción de alimentos. Chile es un país altamente vulnerable al fenómeno de cambio climático, a lo que se suma “la fuerte dependencia que tienen las principales actividades socioeconómicas del país al clima, principalmente de la disponibilidad hídrica”, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Desde el 2010 Chile enfrenta una megasequía que abarca el área comprendida entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía. Es decir, existe un déficit de precipitaciones de aproximadamente un 25% a 30% menos que el promedio histórico. Por otra parte, la escasez hídrica -que implica que el agua disponible es menor que la demanda-, se ha instalado de manera acentuada en regiones como Valparaíso.
En el contexto del estallido social, iniciado el 18 de octubre de 2019, la disponibilidad de recursos hídricos para la población se levantó como una de las demandas de la ciudadanía.
Con todo, el 7 de enero de 2020, 12 senadores oficialistas votaron en contra de la reforma a la norma que permitía legislar, constitucionalmente, el agua como un uso de bien público. Por lo tanto, de momento seguirá siendo un elemento que se puede transar en el mercado.
En Chile el 82% del agua se utiliza en la agricultura. En contraste, un total de 1.431.162 personas -pertenecientes a 478.308 hogares- no tienen agua potable o alcantarillado, según la Casen de 2017.
Coquimbo tiene un total de 757.865 habitantes de acuerdo al último Censo. En la región hay 490 localidades rurales, siendo estas las más afectadas en el acceso al agua. Un 66% de ellas tiene conexión a la red pública de agua potable.
Por otra parte, siguiendo la tendencia nacional, la agricultura representa el mayor consumo con un total de 27,19 m3/s anual, versus el agua potable con 1,89 m3/s, según el Atlas de Agua, de la Dirección General de Aguas (DGA) de 2016. (Ver infografía 1).
Esto tiene su explicación a partir del otorgamiento de Derechos de Aprovechamientos de Aguas (DAA) por parte de la DGA. Dicho organismo está a cargo de gestionar, verificar y difundir la disponibilidad hídrica en las cuencas chilenas y de los DDA otorgados.
“Los usuarios de agua pueden solicitar Derechos de Aprovechamiento de Aguas a la DGA, indicando el uso que le darán, las coordenadas y el caudal que requerirán. Luego, la DGA otorga un DAA a partir del agua disponible en la cuenca, respetando los ya otorgados previamente”, explica Pilar Barría Sandoval, profesora de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza y encargada del equipo hídrico de la Universidad de Chile.
El alto porcentaje de DAA de la agricultura se explica luego de que en la dictadura militar se implementara el Código de Aguas de 1981, documento que concibe el agua como un bien económico.
Dicho modelo buscaba el crecimiento económico basado en actividades que tienen alta dependencia de agua, como la agricultura, minería y la industria forestal, entre otras.
Barría precisa que, “estas industrias tienen asociados DAA que se otorgaron en su gran mayoría antes del año 2000, período en que había mucha más agua en las cuencas. Por lo que los derechos otorgados para agricultura, corresponden a una sobreestimación del agua que hay disponible ahora en las mismas cuencas (producto de la megasequía y de las tendencias climáticas)”.
El Informe Regional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA, 2019) fundamenta esta información. Las áreas productivas en Coquimbo con mayor requerimiento de recursos hídricos al año, son el sector agropecuario y la minería. (Ver infografía 1).
Con respecto a la agricultura, los dos tipos de cultivos que tienen más hectáreas plantadas son la vid de mesa -uva- y el palto, seguidos en tercer y cuarto lugar por el olivo y el mandarino.
De esto se desprende que la uva utiliza 19.856 litros de agua al año. El palto, en tanto, utiliza 14.199 litros anuales y 32.000 en períodos con mayor demanda por cada árbol.
Los requerimientos hídricos del cultivo del palto dependen del método de riego, el tipo de suelo o, la evapotranspiración potencial y la edad del huerto.
“Con la economía de libre mercado, un privado hace lo que quiere dentro de su predio y eso es lo que no ha regulado el Estado y, por lo tanto, hoy día se producen muchos abusos referentes a los repartos de agua”, denuncia el alcalde Illapel, Denis Cortés, precisando que a nivel municipal, no existe ningún instrumento para regular, por ejemplo, al sector agrícola.
Además detalla que en este contexto, “las personas que tienen cuatro o cinco acciones (de agua), no tienen ninguna posibilidad de regar. Los grandes (agricultores) arriendan y compran los derechos de agua y en los sectores donde ellos tienen 1.000 o 1.500 hectáreas plantadas, alrededor hay pequeños propietarios que no pueden regar”.
En Coquimbo 24.260 personas se abastecen de agua para el consumo humano a través de camiones aljibe. De ese total, la mayoría se concentra en las provincias de Limarí y Choapa.
La ONEMI de Coquimbo detalla que, al último trimestre de 2019, en Punitaqui el número de beneficiarios ascendía a 4.055. Le seguía Illapel (2.821), Canela (1.724), mientras que en Monte Patria y Ovalle, las personas atendidas por este sistema alcanzaban a 1.580 y 1.487, respectivamente. Cada usuario recibe 50 litros al día. (Ver infografía 2).
Uno de los problemas es que escasea la infraestructura que permite abastecer a los hogares de agua potable. Las empresas sanitarias no llegan a las zonas alejadas.
El alcalde de Canela, Juan Leyton, explica que en el caso de esta comuna “desde que se concesionó la administración de agua potable, la empresa sanitaria (Aguas del Valle) no otorga la factibilidad para urbanizar”.
“En el sector Altunhua, hay casi cien familias que aún no tienen agua potable, ni alcantarillado a pesar de estar al lado de la zona urbana, porque Aguas del Valle nunca nos dio la factibilidad para presentar proyectos de urbanización”, añade.
Las familias han migrado desde zonas rurales hasta Altunhua y, según Leyton, la empresa sanitaria asegura que no hay agua disponible para esta población.
“Entonces, el cambio climático o la falta de agua les afecta tanto a los que viven en el campo -que tienen una agricultura de subsistencia-, como a los que están en los sectores más concentrados de población”, afirma el jefe comunal.
Pilar Barría, jefa del Equipo Hídrico de la Universidad de Chile señala que existe un problema de desigualdad en las comunidades rurales, los sistemas de Agua Potable Rural (APR) y la pequeña agricultura de subsistencia, que tiene relación con la información y vulnerabilidad financiera, que dificulta la adaptación a la disminución de agua disponible.
Además precisa que, debido que la lógica en la gestión de recursos hídricos en Chile, con derechos otorgados a perpetuidad y valores fijos, que no se adaptan a la disponibilidad hídrica, existe “poca flexibilidad para poder reasignar el agua hacia actividades menos lucrativas, como lo son, por ejemplo, el abastecimiento de agua de una APR”.
“El sistema de otorgamiento de derechos de agua opera con la lógica de un mercado de aguas, en el cual, el uso de esta se regula buscando eficiencia económica. Es decir, el uso que genere mayor beneficio económico, es que el tendrá el DAA. Frente a dicha lógica, la agricultura de subsistencia, o el agua potable rural, no son competitivos en el mercado”, puntualiza.
