La propuesta consiste en la construcción de una planta en la costa de la Región de Valparaíso que produciría agua potable para los residentes a cambio de acceso a aguas residuales que podrían usarse en las minas, dijo el gerente de Anglo Chile, Aaron Puna.

“Todos los caminos conducen a la desalinización”, dijo Puna. “Esperaríamos tener algo firme sobre eso en los próximos 12 meses”.

Este proyecto ofrece una solución a más largo plazo para la mina Los Bronces de Anglo, vecina a Andina de Codelco en las montañas sobre Santiago.

Las gigantescas minas de cobre en el desierto del norte han recurrido al agua de mar en medio del agotamiento de las reservas de agua dulce que ha provocado una revisión del sistema de derechos de agua del país y mayores protecciones para los glaciares.

Con un costo de entre US$ 500 millones y US$ 1.000 millones, el proyecto de desalinización probablemente no estaría listo hasta dentro de cuatro o cinco años. Por ahora, Los Bronces se está alejando del agua dulce mediante el reciclaje de las presas de relaves y el uso de agua industrial local.

Esa solución permitirá que Los Bronces supere entre un 3% y un 5% la proyección de producción del primer trimestre, aunque la producción habría sido mayor sin las restricciones de agua, dijo Puna. En la sociedad Collahuasi de Anglo con Glencore, las lluvias generadas por el llamado invierno altiplánico han tenido un impacto mayor al normal en la producción, explicó.

Además de una posible planta desalinizadora, Anglo planea invertir alrededor de US$ 3.000 millones esta década para mantener la producción anual en Los Bronces en alrededor de 350.000 toneladas métricas. En Collahuasi se están gastando otros US$3.500 millones.

Anglo no ha detenido ninguna inversión y está “comprometida con Chile”, aunque sigue de cerca el proceso de redacción de una nueva Constitución junto con los planes del Gobierno para aumentar los impuestos, dijo Puna. Los redactores de la nueva Carta Magna están sopesando propuestas radicales, incluido el rediseño de los derechos de propiedad privada e incluso la nacionalización de las minas.

Si bien la empresa tiene “mucha confianza en las instituciones y los procesos políticos”, el desafío será lograr el equilibrio adecuado entre lo que es mejor para Chile y mantener los incentivos para las inversiones, afirmó.