Fuente: El Comercio, Ecuador

Con la aprobación del proyecto de Ley Minera, que se concretó ayer en el “Congresillo”, se dará inicio a la operación de la minería a gran escala.

Actualmente en el país solo se efectúa una minería artesanal. Con ello se da vía libre al inicio de los cuatro proyectos estrella promovidos por el Gobierno. El sector minero plantea un objetivo ambicioso: generar recursos económicos suficientes para que el país deje atrás su dependencia de los petrodólares.

El país, según el Gobierno, tiene un potencial minero que asciende a u$s 110 000 millones. Los recursos se concentran en cuatro proyectos que aún están en fase de exploración: Fruta del Norte (oro y plata), a cargo de la firma Aurelian; Río Blanco (oro y plata), a cargo de la compañía IMC; Mirador (cobre), de Ecsa; y, Quimsacocha (oro, plata y cobre) de IAMGold. El sector está paralizado desde noviembre de 2006, a la espera de la aprobación de Ley.

La normativa permitirá aliviar la Caja Fiscal con ingresos nuevos, una medida alternativa para hacer frente a la crisis financiera global que amenaza con golpear la economía local, según el asambleísta Jaime Ruiz. Y el tiempo al parecer apremia. Una vez que fue aprobada esta norma, en 120 días las firmas tendrán que ajustarse a la normativa vigente, según la disposición transitoria primera del proyecto de Ley, con el riesgo de perder sus concesiones si no lo hacen.

Sin mayores cambios y con 50 votos a favor de 65 asambleístas presentes se aprobó ayer la Ley Minera enviada por el Ejecutivo.
El Comercio, Ecuador
El texto obtuvo seis votos en contra, tres blancos y seis abstenciones.

Tras un debate que duró alrededor de siete horas, los asambleístas de la mayoría gobiernista incluyó modificaciones al texto original, que fueron más de forma que de fondo. El documento será remitido al Ejecutivo, el cual tendrá un plazo de 10 días para presentar sus observaciones. Antes del debate, un grupo de 12 personas de Acción Ecológica iniciaron, en las afueras del Palacio Legislativo, una huelga de hambre indefinida, en rechazo al proyecto.

Gloria Chicaiza, vocera de esta organización, pidió el archivo de la ley por considerar que constituye un riesgo para las fuentes de agua. “Primero debe cumplirse el Mandato Minero, que prohíbe la explotación en las zonas protegidas, en zonas donde hay fuentes de agua y prohíbe la acumulación de áreas mineras en pocas manos. La ley plantea algo totalmente distinto al Mandato”.

El asambleísta por Pachakutik, Gilberto Guamangate, señaló que el proyecto otorga privilegios a las mineras transnacionales y favorece a la minería a gran escala (actividad que remueve grandes cantidades de tierra, incluso montañas, a fin de obtener los materiales metálicos). El Pleno acogió esta observación e incluyó que el Estado otorgará concesiones mineras solo excepcionalmente.

La asambleísta de RED, Martha Roldós, manifestó que la Ley también contradice el art. 408 de la Constitución, relacionado con las regalías al Fisco. “Aunque la Constitución señala que por lo menos el 50% sea para el Estado, esta ley plantea 5%”. Por esta razón el Pleno incluyó un texto para garantizar una participación del Estado en la misma proporción del sector privado, pero esta regalía incluye el 5% sobre la venta del mineral, Impuesto a la Renta y otros tributos.