No se trata de dirimir cual de estas lacras puede llega a ser más perjudicial en el camino de una determinada construcción, pero sin duda que estos vicios del comportamiento, en determinadas circunstancias potencian y retroalimentan a sus mensajeros, que aparecen como actores principales en el teatro de nuestra interminable decadencia nacional.

No me referiré aquí a la desvergonzada posición sobre minería que pregona el diputado Fernando Solanas, tratando de cosechar adhesiones en un mar de desconocimiento general. Él es sinónimo de la tercera de estas calificaciones.

Acaban de ingresar al parlamento nacional distintas iniciativas referidas a modificar la tributación que la minería realiza en concepto de regalías mineras. Antes de que se inicie el debate debe saberse que en Argentina se tributa por regalías más que en Chile y en Perú, y que a diferencia de estos países de organización política unitaria, en nuestro caso, las regalías son parte de los ingresos del gobierno provincial en el que yace el recurso mineral.

En Perú se tributa uno, dos o tres por ciento; según sea el monto anual exportado y la base del cálculo se obtiene restando al valor bruto de venta del producto final, los costos de tratamiento para llegar al valor de concentrado. Además el monto efectivamente pagado por concepto de regalía minera, es considerado como costo durante el año fiscal, beneficio que las empresas mineras no poseen en nuestra legislación.

A fines del 2005, en las postrimerías del gobierno de Ricardo Lagos, Chile estableció un impuesto gradual a la minería, del 0,5 al 5% en las utilidades operacionales de las mineras que producen desde 12.000 ton a más de 50.000 ton/año de cobre fino o su equivalente. Este Royalty II, como se conoce a ley 20.026, no es más que una falsa regalía ya que su pago depende de las utilidades operacionales de las empresas mineras que debido a múltiples deducciones de la renta líquida imponible, al decir de muchos, a veces no tributa y es claramente menos gravosa que el royalty de Perú.

La minería se desarrolló en nuestro tiempo porque desde los ‘80 fue política de Estado. Contribuyó, como ninguna otra acción posterior, el tratado de Paz y Amistad con Chile firmado por Raúl Alfonsín, que alejó los ejércitos y acercó las exploraciones mineras a la zona limítrofe. El gobernador de San Juan, Carlos Gómez Centurión, impulsó en San Juan la creación del Instituto Minero y el gobernador Juan C. Rojas aceptó las inversiones para la exploración de las áreas de reserva Del Carmen y Veladero. El gobernador Escobar firmó los protocolos bi-nacionales para la explotación conjunta de minerales que yacen a ambos lados de la cordillera. El gobierno de Avelín el que firmara la Declaración de Impacto Ambiental habilitó el inicio de fenomenales inversiones, posibilitó en 2005 que el gobernador José Luis Gioja anunciara la explotación de la mina de oro más importante del país, e impulsar su desarrollo y diversificación.

Deberíamos proponernos para los próximos 20 años, acercarnos a las producciones metalíferas que exhiben Chile y Perú. Recursos naturales no nos faltan. El mundo está reclamando muchos minerales que podemos proveer. Los requieren para la construcción de infraestructuras, en desarrollos de nuevas tecnologías y desde la creciente producción agrícola. Debemos sacar a la minería de aquella tribuna política donde la demagogia apesta.

Necesitamos actuar con la serenidad que otorga el conocimiento, con prudencia y amplios consensos a la hora de proponer mejoras a una legislación exitosa; a un código que en virtud del objetivo del pleno desarrollo de la minería argentina, aún puede mejorar. De lo contrario ignorancia, demagogia y cinismo persistirán sobre el escenario político, y habrán sido causa criminal al imposibilitar que cientos de miles de compatriotas alcancen bienestar económico de la mano del desarrollo minero, que sólo visualizamos con equidad social y un insospechado sistema de gestión ambiental.

* Ingeniero en Minas. Ex Diputado Nacional