¿Qué debieran hacer los actores involucrados, qué rumbos debiera adoptar esta industria, qué medidas debieran tomarse para que la minería se consolide y demuestre finalmente todo su potencial de creación de riqueza?

Para que la minería sea entendida como una actividad respetable y legítima, debe ser conocida.

Desde el punto de vista de las empresas privadas y las entidades que las nuclean, es importante que se conduzcan con corrección, con absoluto apego a las normas vigentes, sobre todo las referidas a la protección ambiental, y no descuiden el relacionamiento con las comunidades aledañas, sus vecinos a lo largo de la vida de los proyectos, con un enfoque de transparencia, respeto, diálogo y colaboración.

La búsqueda y utilización de las mejores prácticas y eficiencia en el uso del agua, la disminución de la disrupción del paisaje y la eficiencia en la recuperación de las reservas minerales debe ser una constante. Como así también el ahondamiento en la adopción de regulación voluntaria de sus actividades, que ayudan en la gestión, minimización de riesgos, costos y exposición, como son la adopción de códigos de conducta, las certificaciones ISO 14001, SA8000, UN Global Compact, entre otras.

El desafío de la comunicación
Los recientes hechos en otras provincias, que echaron por tierra algunos proyectos mineros y las restricciones impuestas a la actividad minera han demostrado que el sector minero debe mejorar sus canales de comunicación e información y tener más protagonismo en la vida económica del país.

Igualmente, el análisis serio (desprovisto de dogmatismos) de las posibilidades de industrialización realista de la producción que se genera en nuestros yacimientos, y el aprovechamiento de las facilidades de los parques industriales ubicados en la Puna es algo que debe promoverse. La interacción con los centros de investigación y casas de altos estudios, mediante proyectos que combinen la investigación aplicada a procesos y usos de esa producción también debiera priorizarse.

Desde el punto de vista de los gobiernos, tanto provinciales como municipales, es vital la garantía de seguridad jurídica que permita previsibilidad a largo plazo, para todo tipo de inversión, pero sobre todo para la minera, caracterizada por largos períodos de exploración y estudios de factibilidad de proyectos, evitando la proliferación de normas que distorsionen el régimen de estabilidad característico de esta rama de la economía.

Ante la crisis energética que ya se encuentra instalada entre nosotros, sería importante el impulso de medidas de promoción y difusión de las energías alternativas no tradicionales, especialmente en la región andina, donde se encuentra el mayor potencial minero: solar, geotérmica, eólica. La seguridad energética y la disminución de costos de este insumo facilitaría mayor cantidad de proyectos y contribuiría con las poblaciones locales, aisladas y carentes de este preciado bien.

La “igualdad” y “proporcionalidad” de los controles ambientales que se aplican sobre la actividad, respecto a otras actividades económicas es algo que el sector reclama. La minería es, en general, por su gran visibilidad, el blanco de las críticas, pero se descuidan otras importantes fuentes de contaminación y daños provocados por actividades mucho más tradicionales y ubicadas en zonas mucho más pobladas. La llamada “pequeña minería” o “minería artesanal” no debe descuidarse, y conviene ayudarla para que logre mejorar también sus estándares de seguridad, salud y protección ambiental, equiparable a los de las empresas más grandes.

Muy poco se discute sobre el fin que se da a los ingresos fiscales que se obtienen mediante la extracción de los recursos naturales no renovables. Debiera ser responsabilidad de las autoridades y de los ciudadanos en general interiorizarse sobre el destino de esos fondos, controlar su correcta administración, exigir transparencia en su utilización, y discutir, planificar y diseñar mecanismos a largo plazo para garantizar un uso sostenible de los mismos, para que el beneficio no se agote con la vida de los yacimientos.

Por último, la sociedad en su conjunto y las poblaciones vecinas a las minas tienen también su cuota de responsabilidad y participación en este proceso: los dirigentes vecinales y líderes políticos han comenzado a darse cuenta que las empresas no son enemigos y que el diálogo constructivo conduce a mayores beneficios que la confrontación. Igualmente, la dádiva, la promesa o el beneficio obtenido por presión -característico del pasado- ha dado lugar a la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas socioeconómicos, la capacitación y fortalecimiento institucional y el “pensar de a dos” los medios conducentes al desarrollo sostenible de las comunidades, y prepararlas para los momentos de interrupción de la actividades por baja de precios o agotamiento de los yacimientos. Todavía hay mucho por hacer para lograr una distribución más equitativa, un correcto entendimiento de los derechos que emanan del Convenio 169 de la OIT y evitar las distorsiones causadas por algunos actores ajenos a la región.

Para que la minería sea entendida como una actividad respetable y legítima, debe ser conocida. En el pasado, por ejemplo, existían programas de Mineralogía y Geología que se enseñaban en el quinto año de los colegios nacionales, práctica que ha desaparecido y que de retomarse contribuiría al conocimiento de la actividad, sobre todo en los grandes centros urbanos. La prensa y otros actores sociales deben también estar mejor informados. La especialización en la materia y un seguimiento de la evolución del desarrollo de los proyectos por parte de los “formadores de opinión” ayudaría a contar con datos y opiniones más objetivas y realistas.

Para concluir, hago llegar en su aniversario mis más sinceros deseos de felicidad y progreso a los mineros que día a día, silenciosamente, en los más alejados y recónditos parajes de nuestra geografía, dedican sus esfuerzos a extraer de las entrañas de la madre tierra los elementos minerales que permiten que nuestra vida se desenvuelva con normalidad y hacen posible el desarrollo de nuestra Nación.

* Abogado, Consultor de temas energéticos y mineros