Por Eduardo Chaparro Dávila*

El mundo de hoy no es ni será posible sin la industria minera y la demanda de minerales y metales es una respuesta a obligaciones éticas y políticas.

Pero la vieja creencia de una demanda permanente de productos mineros ha cambiado, para dar paso a una oferta minera basada en la responsabilidad social y ambiental de la minería. Hoy, para poder tener proyectos mineros viables se necesita incrementar el nivel de gestión pública y ciudadana en los países en desarrollo que explotan recursos naturales no renovables, incrementando, fortaleciendo y capacitando el recurso humano como capital social.

El sector público latinoamericano carece de desarrollos significativos en gerencia  pública minera (hay pocas excepciones). Pero también muestra déficit claros en capacidad de negociación en mega-proyectos mineros, implicaciones tributarias de las reformas normativas, equilibrio entre las normas y marcos legales y la praxis de la participación ciudadana; conocimiento del público de lo que es la industria minera, y conocimiento del concepto de sostenibilidad del desarrollo, de los nuevos derechos ciudadanos y el alcance de los mismos. Ese desconocimiento, por paradójico que parezca, se acentúa aun más en autoridades locales, como gobernadores, regidores, alcaldes, jefes administrativos etc.

¿Cómo estamos hoy? La industria minera, reconociendo la oposición social, legitimó las  nuevas expresiones de organización social y posibilitó conceptos como el de licencia social intangible, que hoy es aceptado en diferentes  industrias.

El concepto de ciclo de vida de los metales debería aumentar la confianza de los  actores sociales  de contar con un ambiente más sano, para posibilitar soluciones factibles a los proyectos mineros y nuevas formas de participación social, basadas en la ciencia y la tecnología.

En países donde la industria minera tiene peso en sus economías, no todas las comunidades saben que  la minería es una opción de bienestar, dada la reconocida y entendible resistencia, de pueblos indígenas y  organizaciones ambientalistas.

La inversión minera es un imán que atrae inversión y el despegue minero ha permitido ampliar el espectro de las exportaciones de algunos países en desarrollo. Pero también es cierto que, por la falta de diálogo, comunicación y negociación, debilidad de los gobiernos locales, incumplimientos de lo pactado, la industria minera tiene hoy dificultades en temas como uso del agua y del suelo, el pago de indemnizaciones por daños a la propiedad, el uso de tierras comunitarias y cada vez más con el concepto de Áreas Protegidas.

En la Región, la Responsabilidad Social Corporativa es un concepto nuevo, promovido casi siempre por el sector privado, en constante transformación y con tantas aproximaciones como iniciativas. Aún es difícil identificar accionistas, consumidores u organizaciones que exijan en forma clara y sistemática un comportamiento responsable por parte de las empresas.

El Sector Público. En este contexto, el papel de los gobiernos no siempre es claro y, durante algún tiempo, no se espera que lo sea. Copian  normas de países desarrollados, aunque muchas corporaciones multinacionales tienen procedimientos y normas superiores; carecen de personal calificado, de medios de transporte, no tienen capacidad de investigación ni de validación de la información empresaria. Y encima, sufren profundas divisiones políticas. Todo esto lleva a que las comunidades se vuelquen a las ONG’S y deslegitimen el Estado.

Ante la ausencia de políticas públicas, se debería promover que autoridades y empresas fomenten y respeten una cultura participativa que rompa el centralismo de muchos países, incluyan el tema social y ambiental en las evaluaciones económicas, construyan relaciones de confianza, que rompan el natural recelo de los actores y promover mecanismos de resolución de conflictos y aseguren la representatividad de los delegados en las mesas de discusión.

Mandating. En la región, las propuestas relacionadas con el tema emanan de las empresas o grupos de empresas, pero el sector público debería ser preceptivo y mandatorio, potenciando  leyes, marcos regulatorios en instituciones que den incentivos tributarios a cambio de la observación de las leyes laborales y salarios justos a los trabajadores.

Facilitating. Debería tener un papel facilitador para aplicar incentivos a la inversión e investigación para la potenciación de la opinión pública. Promoción de la transparencia y facilitador del intercambio de visiones entre las empresas y los grupos de interés.

Partnering. Debería ser un aliado junto a al sector privado y la sociedad civil para buscar de recursos, instrumentos y habilidades que promuevan una “agenda país” de RSC; buscar respaldo y apoyo (endorsing) político hacia las prácticas relacionadas con la RSC en el mercado: normas, indicadores y principios promovidos por cualquiera de los actores comprometidos con la temática.

¿Y las empresas? “No habrá minería sin licencia social”. Quienes ignoran este mensaje, hacen una competencia desleal con sus pares y dañan la reputación de la industria seria.

Otros, en cambio, informan con calidad, oportunidad y cantidad suficiente y están abiertos a las críticas. Son las mineras que entrenan,  capacitan y preparan a la comunidad en  resolución de conflictos, las que reinsertan a los trabajadores en el mundo laboral luego del cierre, forman equipos multidisciplinarios y recurren a organismos gremiales y a ONGs de solvencia ética; identifican a las organizaciones sociales que representan a las minorías étnicas y comunitarias; protegen  los intereses del medio físico; informan a las autoridades para que tomen las previsiones sobre los ingresos provenientes de impuestos en el futuro y realizan audiencias públicas para que la comunidad opine y participe en todo el proceso.

Acciones como estas son necesarias en un proceso de largo plazo que garantice buenas prácticas de la industria y un tránsito reglado, estable y seguro de los poseedores de títulos mineros en el ejercicio de su derecho.

En síntesis, las empresas y sus proyectos deben cuidar a todos los actores del ciclo minero. Eso es, sencillamente, Responsabilidad Social.

* Eduardo Chaparro es responsable del área de Minería en la División de Re¬cursos Naturales de la CEPAL.