-¿Cómo ha quedado la minería en Perú después del impuestazo de Humala?
- Las tres leyes aprobadas en septiembre sinceran las cosas y es una mejor oportunidad para todos, porque las regalías van directo a las regiones, y es un ingreso importante.
Una ley modifica la de Regalías, que ya existía, en cuanto a la escala a aplicar, que antes era del 1% al 3% y ahora es del 1% al 12%, pero también sobre la base imponible sobre la que se aplican las regalías. En la ley anterior la regalía se aplicaba sobre el valor de venta del mineral, mientas que ahora se va a aplicar sobre la denominada utilidad productiva.

Esa escala se adapta a la realidad de cada operador minero. Esto es importante en la medida en que antes, con el valor de venta había cierta injusticia, porque todos vendían al mismo precio pero no todos llegaban a ese precio con los mismos costos.

La segunda ley  crea un impuesto a las sobre ganancias mineras, que se aplica sobre las utilidades que se obtengan, en escalas del 3% al 8%. Y la tercera ley, vinculada a la anterior, establece la posibilidad de que aquellas mineras que tengan vigentes contratos de estabilidad, a las que no se les puede aplicar el impuesto, puedan suscribir convenios en los que la empresa, de manera voluntaria, aporte un monto equivalente al impuesto a las sobreganancias, como parte de su contribución al desarrollo.

 -¿Esto cambia significativamente el tema tributario en el Perú?
-No lo creo, porque además el impuesto a la sobreganancia parte de un período extraordinario de precios, entonces, si estos precios bajaran, como ocurre con cualquier ciclo, el impuesto va a dejar de aplicarse, de modo que no creo que esto sea un cambio importante, que pueda ahuyentar las inversiones aunque no deja de ser un elemento más a considerar.

La inversión en Perú naturalmente se retrajo un poco durante este año electoral. Tanto Keiko Fujimori como Humala planteaban en sus respectivas campañas presidenciales modificar las leyes mineras, pero el actual presidente generaba más inquietud. Preocupaba cierta ala radical que lo acompañaba durante la campaña y que podía pensarse que iban a tomar decisiones de tipo nacionalista, recortar alguno de los derechos de los inversores, pero hasta hoy, que tampoco es mucho, ha dado muestras de que va a respetar las reglas de juego, que va a adaptar algunas de las figuras políticas para cumplir con el lema de su campaña, que fue 'inversión pero con inclusión social'".

- Por lo pronto, ha cumplido su promesa de incrementar los impuestos mineros
-El cálculo del gobierno es incrementar en 3.000 millones de soles (más de US$ 1.000 millones) el ingreso por renta minera, en 2013, con lo que el sector estaría aportando el 20% del PBI. Pero esta cifra no se podría dar si no se concretan este año y el próximo las ampliaciones de algunas de las minas que están en producción o el inicio de nuevas operaciones, que no se van a hacer si las reglas de juego cambian de una manera dramática. Tiene que haber inversión y se tienen que despegar los proyectos que están en espera. Humala, como Perú, precisa que haya más minería.

Si algo tengo que reclamarle a las autoridades del nuevo gobierno es que no se quede al margen de los temas, como la administración anterior. Que tenga un mayor compromiso, que parte del apoyo a la actividad minera es cumplir con sus funciones. Si hay que fiscalizar, fiscalicemos; si hay que sancionar, sancionemos; si hay que recomendar, recomendemos, y si hay que revisar lo que se ha hecho, revisemos.

- ¿Cuál es la relación entre la ciudadanía peruana y las  mineras?
- Hay una percepción generalizada, sin mucho análisis, de que las mineras ganan muchísimo dinero, y que esas ganancias exorbitantes tienen que ver con el incumplimiento de normas ambientales. También hay una gran conciencia de que es un pilar en el desarrollo económico del país y de que muchas veces, cuando una empresa minera  desarrolla un proyecto en las alturas de nuestra sierra, llega una ayuda inédita, como caminos, escuelas y hospitales. Entonces, la actividad minera es muchas veces también la representación de una forma de institucionalidad.

Aún cuando existen ciertos grupos antimineros recalcitrantes a los que nada los va a hacer cambiar, la mayoría del país tiene claro que es importante la actividad minera y que así como las empresas tienen que cumplir su actividad con absoluta sujeción a la normas ambientales, de seguridad y de relación con las comunidades, el ciudadano de a pie, las comunidades, tienen que saber que el apoyo a la minería no tiene tampoco que ser incondicional sino que tiene que haber un control, que le corresponde al Estado.

-¿Y la cuestión ambiental?
-Más allá de que haya organizaciones ambientalistas que rechazan cualquier tipo de actividad minera, hay otras que prefieren tener una vigilancia cercana al desarrollo de los proyectos. Muchas mineras han incorporado dentro de sus sistemas de control ambiental lo que llaman el monitoreo participativo. Es decir, cuando se toman las muestras de agua, de aire, lo hacen la empresa, las autoridades estatales y una comisión comunal y cada uno decide en qué laboratorio analizar sus muestras. Con esto se ha logrado que se tenga confianza. Es un acierto, porque va generando la confianza vital en temas ambientales. Si se ve que se están haciendo las cosas bien, se puede seguir avanzando.

Recuadro:

 Cierre de Minas

- ¿Cómo se maneja en Perú el cierre de minas?
- Es un tema no menor, que en tiempos pasado ha dejado importantes pasivos ambientales. En Perú, la Ley de Cierre establece que todas las empresas tienen que tener aprobado el estudio de impacto ambiental y el plan de cierre,  y éste es un instrumento dinámico, que tiene revisiones periódicas obligatorias y que también debe adecuarse cuando la operación sufre cambios, cuando hay una mejora tecnológica o una ampliación de actividades.

Este plan de cierre tiene tres opciones. Una es el cierre continuo o permanente, que se va dando conjuntamente con la operación. Si se acaba un tajo que se va a cerrar porque se va a abrir otro, ese cierre es concurrente con la operación propia de minado y forma parte de la actividad diaria.

Después está el cierre final, que es aquel que se hace cuando ya no se está extrayendo mineral. Y por último el pos cierre. La ley establece que las actividades de cierre final y de pos cierre deben estar garantizadas por la empresa mediante garantías bancarias, con un fideicomiso o por terceros, que el Estado ejecuta si una empresa no cumple con el cierre para contratar a otra empresa que lo haga. De esta forma se terminaría de manera definitiva con los pasivos ambientales.