Más extremos y complejos. Así define el informe de Ernst & Young los 10 riesgos de negocio en la industria minera y metalúrgica en 2013.

1 Nacionalización: Quizá sea la crisis o sólo el populismo, pero la consultora alerta sobre la ola de nacionalizaciones que está afectando a la minería del mundo y la destrución de valor que esto provoca.

2 Escasez de mano de obra: Antes era un problema radicado en Australia y Canadá, pero este año llegó para quedarse en muchos otros países, incluido Chile.

3 Acceso a la infraestructura: Precios más altos de los minerales han hecho atractivos los depósitos más distantes, pero la crisis ha llevado a que los gobiernos ya no inviertan en infraestructura, y las mineras tengan que hacerlo, subiendo sus costos.

4 Inflación de costos: Mano de obra, energía, menor ley del mineral, restricciones e impuestos, un mix que las mineras deberán afrontar en todo el mundo y que les hará inflar sus costos de producción.

5 Ejecución de proyectos de inversión: Altos precios impulsaron una amplia cartera de proyectos que hoy, en medio de la incertidumbre por costos y precios, están obligando a las mineras a replantear.

6 Mantener una licencia social para operar: Es que lo que en Chile conocemos como la judicialización, la que encarece, pero también entorpece el desarrollo del sector.

7 Volatilidad de precios y monedas: La crisis también ha hecho que en los mercados bursátiles las alzas en los precios de los minerales se subrepresenten en el valor de las acciones pero, al revés, las bajas sobrecastiguen el valor bursátil de las mineras que, por este fenómeno, ven perjudicado su patrimonio.

8 Gestión y acceso de inversiones: La crisis ha complejizado el proceso de levantamiento de caspital.

9 Beneficios compartidos: En ambiente de crisis, los altos precios de los minerales ha hecho que la minería sea visto como un buen lugar para obtener recursos que de otros lugares ya no se consiguen, y todos quieren una parte del negocio: gobiernos, comunidades y empleados.

10 Fraude y corrupción: Crisis, judicialización y nacionalización, una compleja mezcla que aumenta el riesgo político de las operaciones mineras en el mundo.

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