Por Alejandro Caldarelli - Director de la consultora Economía & Regiones.

Hemos señalado que, el aumento del dólar blue distorsiona las decisiones de inversión y consumo durable afectando el nivel de actividad agregado; dado que los agentes postergan sus elecciones de gasto y vuelcan sus ingresos y ahorros al mercado de cambios paralelo. Al mismo tiempo, la expansión de la brecha cambiaria influencia las expectativas de devaluación del público y presiona sobre el nivel de precios internos, puesto que los empresarios y trabajadores (que tengan capacidad de fijar de precios) intentan remarcar sus precios y salarios para cubrirse de la pérdida de ingresos que les provoca la devaluación, por lo que el aumento de la brecha cambiaria llevaría a la economía argentina hacia la estanflación.

Sin embargo, reducir la brecha entre ambas cotizaciones no resulta para nada sencillo. Además de controlar las expectativas del público -que puede implicar una paulatina apertura del grifo de dólares-, habría que modificar sustancialmente la política macroeconómica. Pero aún llevando a cabo estas modificaciones, el problema no se solucionaría acabadamente. Quedan latentes otros problemas estructurales de nuestra economía, que justamente presionan sobre el mercado cambiario y funcionan como una aspiradora de dólares.

A grandes rasgos, estos son:

* La formación de activos externos del sector privado (fuga de capitales) dictaminada por la idiosincrasia de los argentinos que tenemos por costumbre ahorrar en dólares y atesorar divisas ante cualquier escenario de incertidumbre.

* La estructura del entramado productivo local que requiere de insumos y bienes de capital importados.

* La extranjerización de las empresas que giran dividendos a sus casa matrices, generando un déficit estructural de la cuenta rentas del balance de pagos.

* Por último, el creciente déficit energético que además de presionar sobre las importaciones y el resultado comercial, complica las cuentas públicas que deben financiar el faltante de gas y combustible.

LA HISTORIA

Sin lugar a duda, sin resolver estos inconvenientes, difícilmente se pueda dar solución definitiva a los obstáculos que atraviesa nuestro mercado de cambios. En este sentido, el déficit energético es uno de los problemas estructurales que afecta el mercado de cambios.

A partir del 2007, comienza reflejarse un paulatino deterioro del balance comercial energético que desencadenó en la pérdida total del autoabastecimiento en 2011. Lejos de revertirse, en 2013, la tendencia se profundizaría: estimamos un déficit record de u$s 4.550 millones, producto del repunte del nivel de actividad, que adicionará importaciones de combustibles mientras que las exportaciones (energéticas) permanecerían constantes.

La pérdida del autoabastecimiento energético surge como consecuencia de una oferta domestica penalizada por tarifas congeladas e impuestos a las exportaciones (retenciones) y por una demanda sobreestimulada con subsidios. De modo que, mientras las exportaciones se han mantenido constantes en torno a los u$s 6.500 millones, las importaciones se vienen incrementando sucesivamente año tras año, hasta llegar a u$s 9.300 millones en 2012.

Este creciente deterioro del saldo energético no sólo complica al resultado comercial, llegando a absorber más de la tercera parte del total esperado para 2013, sino que también compromete el frente fiscal que debe hacerse cargo de los costos más elevados de la energía importada (a través de los subsidios energéticos). A su vez, las importaciones energéticas representan una verdadera aspiradora de divisas, que sofocan estructuralmente al mercado cambiario.

A modo de ejemplo, las compras de gas (GNL) por barco, que arrancaron en 2008 como una medida transitoria, llegarían a nuevo record de como mínimo de 83 cargamentos en 2013 (28% más que en 2012) que implicarán para el Estado un desembolso de u$s 3.300 millones.

El gas por barco, es inyectado a la red nacional, además de lo que ya se importaba desde Bolivia. En su conjunto, el gas importado ya explica más del 20% de la oferta local de gas.

En otras palabras, las divisas que se queman para financiar el déficit energético agotan el cupo de divisas que se podría disponer para otros fines como financiar las necesidades de insumos y bienes de capital de la industria, o la demanda de divisas del sector privado para turismo en el exterior.

NO ALCANZA

La producción interna de combustibles no alcanza para abastecer a la creciente demanda de insumos energéticos. La producción de gas es la más afectada, dado que es el combustible más utilizado en nuestro país y representa más del 60% de la matriz energética. Esta escasez de oferta surge como consecuencia de un marco regulatorio heredado desde el año 2003.

Concretamente, la regulación de este mercado quitó los incentivos a invertir y a ampliar las capacidades de producción, de generación y distribución de gas, a partir del congelamiento de tarifas de servicios públicos, de la aplicación de retenciones a las exportaciones y de la imposición de precios máximos a la venta minorista de combustibles en las estaciones de servicios. Mientras tanto, la demanda se incrementó con el crecimiento de la economía.

Por lo tanto, la producción energética nacional está en una fase de prolongado retroceso en el área de hidrocarburos, fruto de una acelerada descapitalización caracterizada por el agotamiento de las reservas. En conclusión, la producción cae porque se achican las reservas y estas caen porque se reduce la inversión en exploración.

En lo que respecta a la producción de gas, entre 1940 y 1970, se multiplicó en 14 veces; mientras que entre 1970 y el 2000, la producción se incrementó en seis veces y alcanzó su máximo histórico en torno a los 52.400 millones de metros cúbicos anuales (mca) en 2004. Sin embargo, en 2012 la producción de gas, 44.100 millones de metros cúbicos anuales, experimentó una merma superior al 16% respecto del pico del 2004, mostrando un nivel inferior al del año 2000.

Por el lado de las reservas de gas, según el último dato publicado por la Secretaría de Energía, cayeron un 51% en los ocho años comprendidos entre el 2003 y el 2011.

SOBREESTIMULADA

En las últimas décadas se incremento significativamente el consumo de gas en nuestro país, destacándose la creciente utilización del GNC en los vehículos automotores, así como la demanda de gas como insumo para producir energía eléctrica. A partir del año 2002 el consumo interno de gas aumentó un 47%, mientras que la producción se mantuvo estancada, habiendo caído a partir del 2005. De modo que si al consumo de gas de la industria y el comercio (35,1%) se le agrega el consumo de las centrales eléctricas, tenemos casi el dos tercios del consumo total gasífero.

Además, en los últimos años (2002-2010) el consumo familiar de gas aumentó más que la cantidad de usuarios, lo contrario a lo que había ocurrido entre 1992 y 2001. A su vez, la capacidad de los gasoductos y de la extensión de redes de distribución también creció mucho menos entre 2002-2010 que en el periodo 1992-2001. Esta evolución del consumo margina principalmente a los más pobres, ya que -según el Censo del 2010- aún el 44% de la población carece de acceso al gas natural.

Por lo tanto, la importación el GNL trajo aparejada un costo cinco veces superior al precio interno y la construcción de dos plantas re-gasificadoras en Bahía Blanca y Escobar. Ambos fueron costeados por el Gobierno nacional: El diferencial de precio por cada metro cubico importado de gas es subsidiado a través de Cammesa y Enarsa y la construcción de la planta regacificadora se llevo a cabo a través de un consorcio entre Enarsa, Excelerate e YPF.

Hasta aquí, el Gobierno Nacional decidió descomprimir el mercado energético con subsidios a la demanda capaces de pagar los mayores costos de la energía importada. Fue así que todos los subsidios al sector energético se incrementaron un 18% interanual aproximadamente y totalizaron unos 50.000 millones de pesos en 2012, lo que representa el 56% del total de subsidios a los sectores económicos.

Además, el peso de los subsidios energéticos en la estructura gasto del Gobierno Nacional es creciente (el resultado fiscal se erosiona exponencialmente) y difícil de ajustar a la baja. En el corto plazo, la única forma de contener estas erogaciones sería ajustando las tarifas o reduciendo la demanda (que implica un menor nivel de actividad).

PARCHE

Frente al actual escenario de enorme esfuerzo fiscal (subsidios crecientes a la energía) y escasez de divisas el Gobierno persigue al menos detener el deterioro del balance energético. A partir de enero de 2012, se avanzó en la quita de subsidios de servicios de electricidad y gas a un grupo reducido de hogares residenciales catalogados como de elevado poder adquisitivo que permitió restringir la demanda y desacelerar el crecimiento de las partidas de subsidios. A modo de ejemplo, el costo (agregado) del gas y la electricidad presentó un aumento del 245% para aquellos ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que dejaron de recibir el subsidio.

Posteriormente, se decidió incentivar la producción interna a través de un aumento diferencial del precio del gas (en boca de pozo), para la porción de producción que supere a la del año anterior; a la vez que se redujeron las retenciones a las exportaciones de petróleo. Sin embargo, a pesar de que estas medidas contribuirían a reducir el déficit energético, se necesitan enormes inversiones y un tiempo de maduración cercano a los cinco años para que se comiencen a ver los frutos de esta política.

En síntesis, de ser un país exportador de gas en 2003, hoy Argentina tiene que importar más del 20% de su demanda. La energía importada trae aparejada costos mayores a la producida localmente. A su vez, esta importación compromete el frente externo y sobre todo el frente fiscal que debe afrontar el diferencial de precios. Y este gasto es muy difícil de moderar o ajustar a la baja. Actualmente, luego de 9 años, se tomaron medidas tendientes a reducir el déficit que implican una corrección de tarifas y un estímulo a la producción.

Fuente: La Prensa