La construcción de la segunda planta de litio del país se inició a 4.544 metros de altura sobre el nivel del mar en el departamento de Susques, en la Puna jujeña, con una inversión inicial de $ 1.300 millones y la generación de 650 puestos de trabajo.

Se trata del Salar de Olaroz, ubicado en la puna jujeña, cuyo inicio de obra estuvo encabezado esta mañana por el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, y fue formalmente inaugurado esta tarde por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de una teleconferencia que tuvo como cabecera el partido bonaerense de Avellaneda.

En ese acto la Presidenta planteó que la intención del Gobierno nacional no sólo es impulsar "la extracción de carbonato de litio, sino tener las baterías hechas ahí, al lado del recurso natural" en la provincia norteña.

"El futuro va a ser de los autos eléctricos en los centros urbanos y las baterías de litio van a ser imprescindibles para ello" dijo la jefa del Estado al recordar que el gobierno le ofreció "a muchas firmas automotrices internacionales (trabajar) en uno de los yacimientos más importantes".

Fernández de Kirchner mantuvo la videoconferencia con el gobernador y presidente de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) Eduardo Fellner, el vicepresidente Amado Boudou, el Embajador de Japón en Argentina, Masashi Mizukami, autoridades de la empresa Toyota y representantes de pueblos originarios.

El proyecto Olaroz, que inciará su actividad productiva en el segundo semestre de 2014, producirá carbonato de litio con una calidad del 99,5%, para ser utilizado en la generación de energías limpias de baterías y pilas recargables.

La participación accionaria de este emprendimiento está compuesta por la empresa provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), con un 8,5%; el operador Sales de Jujuy (Orocobre), y una de las principales automotrices del mundo, la japonesa Toyota Tsusho.

Este proyecto demandó una inversión inicial de 1.300 millones de pesos, y la generación de 650 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto, con una participación activa de las comunidades Pato Chico, Susques Puesto Sey, Huancar, Olaroz Chico y Catua de los pueblos originarios de la zona.

Olaroz prevé alcanzar una producción anual de 17.500 toneladas de carbonato de litio y 20 mil toneladas de cloruro de potasio.

El proyecto cuenta con reservas de 6.400.000 toneladas de carbonato de litio y 19.300.000 toneladas de potasio. En 800 g/kl, la calificación promedio de litio es similar al Salar del Hombre Muerto, y aproximadamente el doble del grado de la Operación de Silver Peak y el Salar del Rincón.

La relación con el magnesio es baja, en torno al 2,8, aventajando a Atacama y Uyuni, que es 6,4 y 19, respectivamente.

Este proyecto de litio es el mas avanzado en la región (en el mayor bloque de litio que comparten Argentina, Bolivia y Chile) y cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) aprobada.

El interés de Toyota en la minería argentina fue confirmado al Secretario de Minería, Jorge Mayoral, en noviembre pasado en Tokio en una reunión que mantuvo con los máximos representantes de la empresa en su casa matriz.

En ese encuentro le anunciaron al funcionario argentino el desembolso de los primeros 150 millones de pesos para la construcción del proyecto, dentro de los siguientes 15 días.

Esta inversión de Toyota Tsusho está avalada por el organismo japonés JOGMEC, que es él que analiza y aprueba las inversiones niponas en el exterior.

En esa oportunidad los ejecutivos de la automotriz japonesa destacaron la sociedad que integrarían la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), con una participación del 8,5%, mientras que Toyota tiene el 25% y Orocobre (la operadora) el 66,5 por ciento.

El ministerio de Planificación, a través de la Secretaría de Minería de la Nación impulsó la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), entre cuyos lineamientos señala que es necesario que las provincias no sólo sean dueñas de los recursos, sino que participen en el negocio.

De allí surgió la necesidad de que cada estado provincial conforme su empresa pública para asociarse a los proyectos mineros que se desarrollen en sus territorios.

Fuente: Télam