El plan para regularizar deudas impositivas a 10 años de plazo, anunciado el pasado lunes por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conlleva una injustificada exclusión. Los medios de prensa son expresamente relegados en la resolución general 3.451, que reglamenta la medida.

Esta discriminación -fundada en ambiguas "cuestiones estratégicas que hacen a la política fiscal"- y las versiones sobre acuerdos particulares en beneficio de ciertos medios cercanos al oficialismo se suman a otras medidas que tienden a ahogar a la prensa independiente, como la arbitraria distribución de publicidad oficial y el reciente bloqueo a la publicidad de supermercados y cadenas de electrodomésticos por presiones verbales del secretario de Comercio Interior de la Nación.

La exclusión del plan de regularización constituye una flagrante vulneración al principio de igualdad que consagra nuestra Constitución. E implica, además, el desconocimiento de lo afirmado por el Gobierno nacional al analizar la situación de los medios.

Cuando en 2003 se estableció el IVA al precio de tapa y a la venta de publicidad en medios gráficos, revirtiendo la exención histórica que tutelaba la circulación de las ideas, se puso al borde de la quiebra a un alto porcentaje de las empresas periodísticas, en especial a las consideradas PYME.

Ello motivó el inicio de demandas contra el Estado nacional para que se redujera la carga fiscal sobre la prensa y, mientras se sustanciaba la causa, numerosos diarios y periódicos plantearon acciones de amparo, que en algunos casos están vigentes y que generaron la acumulación de deudas aun controvertidas.

Otras empresas se acogieron al decreto 1.145, firmado en 2009 por la presidenta Cristina Fernández, mediante el cual se facultó a la Secretaría de Medios de la Nación para que acordara un canje de deudas fiscales y previsionales por publicidad oficial.

Esa decisión del Gobierno nacional significó el explícito reconocimiento oficial a que la carga impositiva resultante de la aplicación del IVA era imposible de afrontar, al menos para las pequeñas y medianas empresas periodísticas.

Corroborando ello, la Presidenta señaló en esa oportunidad que era necesaria una solución definitiva de la cuestión, teniendo en cuenta que el decreto sólo abordaba las deudas pasadas pero no solucionaba la imposibilidad de hacer frente al IVA en el futuro.

Esta sigue siendo una asignatura pendiente de este Gobierno y una espada de Damocles para la prensa, en particular para las pequeñas publicaciones del interior del país, ya que la capacidad contributiva de la inmensa mayoría de los diarios y periódicos argentinos se limita al pago de las cargas sociales.

En atención a esa realidad, ADEPA presentó en 2012 un proyecto de escalas diferenciadas de IVA para la prensa, con el ánimo de aportar a una solución definitiva como la planteada en su momento por la presidenta de la Nación.