(Por Gustavo Guarino*) "En nuestro país, la actividad minera tiene muchísimos años y está regida por el Código de Minería. Hace un tiempo atrás, se modificó el Código y ahora se vota esta nueva ley.

Se trata de que aquellos emprendimientos que por la superficie que ocupan o el valor de la inversión, o lo que producen (más de 400hás o más de U$S 100 millones), se regularán por esta nueva ley que ahora pasó a Diputados para su aprobación final.

Sin duda, en la realización de esta ley pesó el hecho de que el país está frente a la posibilidad de encarar emprendimientos mineros de gran porte y necesita una normativa específica para ello. Que en Uruguay hay hierro y que es explotable lo sabemos desde hace mucho. Cuando entré a Facultad de Agronomía, hace más de 40 años, ya el Profesor Jorge Bossi nos enseñaba los yacimientos de hierro de Valentines y nos decía que algún día sería rentable su explotación. El hecho de que ahora una empresa haya realizado trabajos de prospección y exploración en la zona, plantea la realidad concreta de tener que definir si el Uruguay ingresará o no en el camino de la minería de gran porte. La ley no es específica para los yacimientos de hierro y la empresa Aratirí, pero evidentemente ese es el primer proyecto de envergadura que deberá analizarse en el marco de esta nueva normativa.

Frente a esa realidad, tiempo atrás el Presidente Mujica convocó a todos los Partidos con representación parlamentaria a fijar criterios. Se llegó a firmar un acuerdo, en el cual todos los convocados firmaron que el Uruguay no podía dejar de incorporar a su matriz productiva un recurso que posee y, por lo tanto, debe encarar la explotación de minería de gran porte. Esto es el primer punto importante: hay acuerdo de los cuatro partidos en explotar los recursos mineros del país. Después, en el documento firmado el 22 de diciembre de 2011, se señalan los aspectos ambientales, sociales, económicos y los de gobernanza de lo que serán los emprendimientos de Minería de Gran Porte (MGP).

Bueno es aclarar esto, ya que el pasado día 13, ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional votaron el Proyecto en el Senado, argumentando que no se cumplía con los acuerdos .

En realidad, tal como lo demostramos en el debate parlamentario, la Ley votada cumple estrictamente con las leyes que regulan el Ordenamiento territorial (Ley 18.308) y la conservación del medio ambiente (Ley 17.283) y con los compromisos multipartidarios.

La Ley de MGP es una muy buena ley que pone al Uruguay a la vanguardia en cuanto a marco normativo para encarar emprendimientos mineros importantes.

Establece que estos emprendimientos se instalarán en suelo rural; en cuanto a lo ambiental es exigente al máximo; todo proyecto concreto deberá tener un estudio previo de impacto ambiental y requiere audiencia pública en todos los casos. El titular del proyecto de minería de gran porte deberá contratar una auditoría con capacidad y experiencia internacional para estudiar el impacto ambiental, empresa que deberá ser previamente aprobada por el MVOTMA, aunque el resultado de la auditoría no será vinculante para la administración. La Ley establece un capítulo completo con las exigencias del cierre de minas; con esto se busca mitigar los efectos que la extracción minera genera en el área de explotación. Se fija un régimen impositivo especial para la MGP, creando un adicional del IRAE y eliminando algunas exoneraciones fiscales. Eso significa que los recursos que ingresarán al Estado, junto con el canon minero que deberán pagar, se sitúen en el entorno del 50% de los ingresos de la minería.

De acuerdo a los niveles de producción en el caso del hierro los ingresos brutos de la minería serían del orden de los U$S 1.000 millones al año.

CRITERIOS PARA DISTRIBUIR LA RENTA MINERA

Se definen los criterios para la distribución de esos recursos con criterios estratégicos: un 70% (alrededor de 350 millones de dólares al año, para el caso visto anteriormente, el de mineral de hierro, que en adelante será sobre el que ejemplificaremos) serán para la creación de un Fondo Soberano de Inversión Intergeneracional, que lo administrará el Banco Central del Uruguay. Dicho fondo refleja el espíritu solidario intergeneracional; cuando ya no esté más en producción la mina, estarán los recursos para las generaciones que no pudieron usufructuar esas riquezas. Este es un concepto de vanguardia en cuanto a legislación minera con mirada solidaria y estratégica.

El otro 30% (alrededor de 150 millones de dólares al año) se dividirá de la siguiente manera:

*30% (45 millones de dólares) serán para el fondo de Desarrollo del Interior, dinero del que dispondrán las Intendencias de los departamentos involucrados para obras de infraestructura y desarrollo en la zonas afectadas por los emprendimientos mineros.

*60% (90 millones de dólares) para proyectos productivos y de desarrollo nacionales, con particular énfasis en obras de infraestructura para captación de agua en grandes cuencas de arroyos y ríos con destino a emprendimientos de riego multiprediales. También en la fundamentación del proyecto se habla de importar fósforo como nutriente mineral de nuestros suelos que es escaso y deberá fomentarse su incorporación. En el caso del hierro, estaremos cambiando un mineral finito que tenemos, como el hierro, por otro finito pero que no tenemos y es esencial para la vida como el fósforo.

*5% (7,5 millones de dólares) para desarrollo educativo, en especial en el Interior.

*5% (7,5 millones de dólares) para fortalecer los organismos de contralor de la minería.

QUÉ PASA CON LOS PRODUCTORES AFECTADOS

Se tuvo particular cuidado en contemplar el interés de los productores afectados, sobre esto se ha dicho mucho pero la realidad es que recibirán una compensación económica importante.

Por concepto de canon minero, se les pagará lo establecido en la Ley modificativa del Código de Minería. Los afectados directamente recibirán hasta un total de 15 rentas promedio de la renta agropecuaria de la zona, y 7 rentas para los afectados indirectamente, por hectárea y por año.

Estamos hablando del entorno de los U$S 900 dólares por año y por há. para los directamente afectados y U$S 420 por há. y por año para los linderos. También se le incorporó a la Ley la posibilidad, para los productores de menos de 100 hás. que no quieran percibir la renta y prefieran obtener otra fracción, de que el Instituto Nacional de Colonización les dé prioridad para reubicarlos en un área de hasta 100 Km. de la zona.

Como se aprecia, la Ley votada contempla todos los aspectos por los que debe velar el Estado. Fue hecha con el aporte de todos pero lamentablemente no la votaron todos; seguramente pesó mucho lo electoral cercano y a la oposición no les importó el interés general y yo diría el interés de una región que necesita incorporar a su matriz productiva actividades nuevas como la Minería de Gran Porte , como es la región noreste del país. Región que tiene un retraso histórico, región que tiene los peores indicadores de desarrollo humano. Con estos emprendimientos se tendría una gran oportunidad para mejorar la equidad en el territorio.

Se dijo que la MGP dañaría suelos productivos; es cierto, pero debemos ver la magnitud del problema en relación con los beneficios que generará. Los proyectos conocidos hablan de que los pozos de las minas de donde se extraerá el hierro ocuparán un área máxima de 500 hás. Si le sumamos las áreas colindantes llegaremos a 14.000 hás. El Uruguay tiene 280.000 hás. perdidas por la erosión de sus suelos, por haber hecho prácticas agrícolas sin ningún control. Sí, así como se ve, esas hectáreas están tan perdidas e irrecuperables, desde el punto de vista del suelo, como las 500 hás. que se perderán en 30 años con la minería. Bueno es decir que ahora por primera vez desde el MGAP se exige planes de uso y manejo de suelos a todos los agricultores de más de 100 hás.

Reafirmamos lo dicho en el Senado, la Ley de MGP es una muy buena Ley y la oposición se perdió una oportunidad de haber actuado con espíritu amplio, como actuó el Frente Amplio hace muchos años votando otra Ley destinada a incorporar un nuevo sector a la matriz productiva, nos referimos a la Ley Forestal.

CRÓNICAS DEL DEBATE EN EL SENADO

El proyecto de ley de megaminería es una de las iniciativas productivas más importantes de este período de gobierno y durante su tratamiento en el Senado se ha revelado la riqueza del subsuelo uruguayo. La intervención del senador e Ing. Agr.Ernesto Agazzi, MPP, Frente Amplio, se caracterizó por la jerarquización de la minería en el Uruguay de la cual hizo una breve reseña histórica y donde expuso algunos de los minerales que se encuentran en nuestro suelo como lo son la dolomita, ilmenita, granito negro, ágatas, amatistas, talco, hierro, caolinita, limos, oro, cobre, plomo, zinc, manganeso, cuarzo, berilo, fluorita, baritina.

Para el senador Agazzi la megaminería es un componente más en la diversificación de la matriz productiva. Sostuvo que el proyecto de ley "nos permite dar discusiones de fondo sobre el país y sus rumbos; hablamos de discusiones estratégicas", sostuvo.

Como parte de la reseña histórica que realizó en su intervención Agazzi dijo ‘la minería en el Uruguay existe desde hace muchos años. La Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Máquinas Agrícolas, que se realizó en 1895 -reitero, en 1895- en la Plaza de Armas de aquel tiempo -donde ahora está ubicada la Intendencia de Montevideo-, fue inaugurada el 10 de marzo de ese año por el Presidente de la República, Juan Idiarte Borda. Allí fueron presentados productos ganaderos, agrícolas y máquinas. Además, se mostraron otros, incluidos en un capítulo denominado "Productos naturales". En esta categoría fueron exhibidos mármoles, piedras de construcción y piedras semipreciosas. En resumen, hubo 924 expositores, y 32 de ellos presentaron productos de este tipo.

En 1916 se escribió el "Informe preliminar sobre las riquezas minerales de la República Oriental del Uruguay", de Rolf Marstrander.

A su vez, en 1936 y 1941 vinieron los famosos informes de Redmayne y de Write -en realidad, eran del Bureau de Minas de los Estados Unidos-, en los que se comenzaron a objetivar cuál era la estructura y la riqueza de recursos minerales que había en el Uruguay'.

Agazzi citó a uno de los fundadores de las ciencia geológicas en el país de quien dijo ‘El profesor Jorge Bossi, uno de los fundadores de la geología nacional, a fines del siglo pasado dijo: "En Uruguay no ha habido una conciencia clara de la importancia de nuestros recursos minerales ni una preocupación sistemática para su estudio y aprovechamiento. Es así que la Geología no ha tenido en el país un desarrollo acorde con las exigencias que plantea el aprovechamiento de los recursos materiales en nuestro siglo." Él lo dijo a fines del siglo XX'.

La riqueza minera de Uruguay excede las amatistas, el oro o el hierro. Dijo Agazzi ‘Ahora hay recursos geológicos conocidos y recursos probados. Hoy en día hay minerales de existencia probada en cantidad y calidad en el territorio nacional. Hay dolomita, ilmenita, granito negro y muchos mármoles. Quizá una prueba de los mármoles que tiene el Uruguay es este Palacio, que se hizo todo con mármoles nacionales. También hay ágatas y amatistas, talco, hierro, caolinita y otras arcillas, limos. Hay minerales que tienen existencia conocida y algunos de ellos se están explotando, como es el caso del oro, pero también hay cobre, plomo, zinc, manganeso, cuarzo, berilo, fluorita, baritina.

A su vez, hay minerales de los que se tiene mucha necesidad y que es preciso identificar, como es el caso del fósforo -que existe en nuestras rocas-, del uranio, del petróleo, los esquistos bituminosos y el carbón'.

Superficies

De la exposición del senador del MPP se pueden mostrar estos datos:

Superficie total de Uruguay: 17:622.000 hectáreas

Superficie dedicada a la producción agrícola: 16:500.000 hectáreas

Superficie de lagos: 119.000 hectáreas

Superficie de explotación minera: 20.000 hectáreas

Superficie de exploración minera 34.000 hectáreas

Superficie de producción forestal: 1:000.000 hectáreas

Superficie de producción de granos 2:000.000 hectáreas

En un pasaje de su exposición, casi a modo de conclusión sostuvo el senador Agazzi ‘ con esta nueva normativa el Uruguay piensa un poco más allá de como lo ha hecho hasta ahora: ya no se trata de que empresas extranjeras vengan y extraigan nuestros recursos; lo que hay que lograr es que esto sea positivo para la economía, para la sociedad y para el futuro, es decir, que sea una oportunidad y no un problema'.

Intervención completa del senador Ernesto Agazzi en la sesión del Senado que analizó y aprobó la ley de Minería de Gran Porte

Señora Presidenta: Si cada uno de los señores Senadores, cuando habla de un asunto, trae libros y los quiere incorporar a las versiones taquigráficas, los diarios de sesiones van a resultar bastante más indigestos de lo que ya son porque van a contener una sumatoria de elementos que no son producto de la discusión ni prueba de lo que se dice en Sala. Pero si esto se convierte en un problema para el Senado, comparto la sugerencia de que se adopte un criterio amplio y se incluya este documento.

Advierto que en este hay elementos que ideológicamente los puede plantear cualquier Senador. Observo, por ejemplo, que hay críticas muy fuertes al capitalismo y cómo se expresa hoy por las distintas empresas transnacionales. Repito, en este documento están incluidos capítulos de libros que, incluso, no tienen que ver con lo que estábamos discutiendo en Sala. Lo planteo porque incluye dos capítulos que refieren a una empresa, y hoy estamos discutiendo una ley relativa a una actividad; creo que son cosas diferentes.

El proyecto de ley que estamos discutiendo hoy lleva dos años y medio de discusión en el país. En el año 2011 se discutió en la Comisión Multipartidaria; tuvo su tratamiento en la Cámara de Representantes durante seis meses, y creo que lleva tres meses de debate en la Cámara de Senadores.

Me parece que es un proyecto de ley importante que nos permite dar discusiones de fondo sobre el país y sus rumbos; hablamos de discusiones estratégicas como las intervenciones que se realizaron hoy.

Considero que la discusión de hoy tomó un giro conceptual, un giro para discutir el tema razonadamente, argumentando y dando posiciones que no necesariamente son las mismas o confluyentes. No estamos discutiendo esto emotivamente sino haciendo un intento para objetivar el debate, viendo en qué punto estamos, qué es lo que hay que resolver, cuáles son los elementos a tener en cuenta y que cada uno de nosotros fije sus posiciones y determine cómo va a actuar.

Además, quiero señalar que no me gusta discutir este proyecto de ley a través de las declaraciones de particulares o de discusiones emotivas. Este es un ámbito político, aquí estamos los representantes de los partidos políticos y, como tales, tenemos la responsabilidad de tomar posiciones y determinar el contenido de las leyes. A su vez, también tenemos posiciones políticas.

Quiero razonar este asunto de la misma forma en que lo hago con todos los temas: en forma objetiva y a partir de los intereses del país. Y quiero analizarlo a partir de nuestra historia, no de los libros.

Así, pues, la minería en el Uruguay existe desde hace muchos años. La Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Máquinas Agrícolas, que se realizó en 1895 -reitero, en 1895- en la Plaza de Armas de aquel tiempo -donde ahora está ubicada la Intendencia de Montevideo-, fue inaugurada el 10 de marzo de ese año por el Presidente de la República, Juan Idiarte Borda. Allí fueron presentados productos ganaderos, agrícolas y máquinas. Además, se mostraron otros, incluidos en un capítulo denominado "Productos naturales". En esta categoría fueron exhibidos mármoles, piedras de construcción y piedras semipreciosas. En resumen, hubo 924 expositores, y 32 de ellos presentaron productos de este tipo.

En 1916 se escribió el "Informe preliminar sobre las riquezas minerales de la República Oriental del Uruguay", de Rolf Marstrander.

A su vez, en 1936 y 1941 vinieron los famosos informes de Redmayne y de Write -en realidad, eran del Bureau de Minas de los Estados Unidos-, en los que se comenzaron a objetivar cuál era la estructura y la riqueza de recursos minerales que había en el Uruguay.

La composición de la corteza terrestre -sobre la que estamos apoyados- no digo que sea infinita, pero es muy grande. Nosotros vivimos sobre la cáscara de esa corteza, por las rocas o por ese producto derivado de las rocas, que es el suelo.

La corteza tiene una composición promedio para cada elemento. Así, pues, el 8% de ella es aluminio; el 5%, hierro; el 0,1%, manganeso, y el 0,007%, cobre. A escala geológica, estos elementos son móviles sobre la corteza terrestre, dependiendo de la estructura que tiene cada una de nuestras regiones. Por tanto, donde aparecen yacimientos de estos elementos, en realidad, son anomalías de la corteza porque tienen concentraciones más altas.

Ahora bien, convertir esos yacimientos en explotaciones rentables es el objetivo de la investigación minera. En nuestro país, lo que hubo durante muchos años fueron hallazgos casuales o porque se buscaban minerales. El hecho de convertir esos hallazgos en conocimiento científico es un trabajo de avance del conocimiento.

El profesor Jorge Bossi, uno de los fundadores de la geología nacional, a fines del siglo pasado dijo: "En Uruguay no ha habido una conciencia clara de la importancia de nuestros recursos minerales ni una preocupación sistemática para su estudio y aprovechamiento. Es así que la Geología no ha tenido en el país un desarrollo acorde con las exigencias que plantea el aprovechamiento de los recursos materiales en nuestro siglo." Él lo dijo a fines del siglo XX.

Lo que está sucediendo con estos temas es que el conocimiento va avanzando, es decir, nos conocemos más. Actualmente hay profesionales formados en esta disciplina y, además, hay más información sobre la parte de la corteza terrestre que nos toca en nuestro territorio.

Ahora hay recursos geológicos conocidos y recursos probados. Hoy en día hay minerales de existencia probada en cantidad y calidad en el territorio nacional. Hay dolomita, ilmenita, granito negro y muchos mármoles. Quizá una prueba de los mármoles que tiene el Uruguay es este Palacio, que se hizo todo con mármoles nacionales. También hay ágatas y amatistas, talco, hierro, caolinita y otras arcillas, limos. Hay minerales que tienen existencia conocida y algunos de ellos se están explotando, como es el caso del oro, pero también hay cobre, plomo, zinc, manganeso, cuarzo, berilo, fluorita, baritina.

A su vez, hay minerales de los que se tiene mucha necesidad y que es preciso identificar, como es el caso del fósforo -que existe en nuestras rocas-, del uranio, del petróleo, los esquistos bituminosos y el carbón. Hay potencialidades de extracción y también quiero decir que hay consenso. De todos quienes nos visitaron en la Comisión -algunos técnicos y otros pertenecientes a organizaciones sociales-, los que tienen un enfoque más científico del tema afirmaron -y nadie duda de eso- que el Uruguay es marginal en materia de concentración en la corteza de los minerales más importantes. Esto significa que no vamos a ser un país minero porque tenemos recursos marginales.

En base a la discusión que se viene dando, voy a dar algunas cifras. Según datos oficiales, el Uruguay tiene una superficie total, en tierra, de 17:622.000 hectáreas. La superficie en producción agrícola son 16:500.000 hectáreas.

Tengamos en cuenta que hay una superficie ocupada por ciudades, carreteras, áreas urbanas y suburbanas que ocupan 1:000.000 de hectáreas, mientras que los lagos representan 119.000 hectáreas. Los datos oficiales que dio el miembro informante de la superficie en exploración minera son 34.000 hectáreas y, en explotación, 20.000 hectáreas.

Señora Presidenta: quiero decir que si el Uruguay fuera un predio de 500 hectáreas, la superficie en exploración minera sería de una hectárea y la de explotación de 0,6 hectáreas. Con este cuadro de los recursos disponibles hecho en base a información geográfica oficial, es un error decir que nos vamos a convertir en un país minero; eso es una exageración y no va a ser así, pues no tenemos las características para eso. De lo que se trata es de incluir un nuevo componente en una matriz productiva en base a los recursos naturales de que disponemos. En realidad, va a ser un factor de diversificación productiva, incluyendo una nueva actividad.

Nosotros hemos incluido diversificación productiva en nuestra producción histórica; hemos agregado la cadena forestal celulósica, que ocupa 1:000.000 de hectáreas; hemos incorporado la cadena de los granos, que ocupa 2:000.000 de hectáreas y también hemos incluido otras cadenas, pero no voy a hablar ahora de este tema.

La incorporación de la cadena minera agrega 34.000 hectáreas, que representan un 3% de lo que agregó la cadena forestal y el 1,5% de lo que agregó la cadena de los granos. Esto es una realidad objetiva.

Ahora bien; tenemos que tomar decisiones políticas sobre lo que vamos a hacer.

Creo que los partidos políticos estuvieron de acuerdo con la idea de que, para la explotación minera de gran porte, se necesitan reglas de juego diferentes a las que teníamos en este país. Por eso se conformó una Comisión Multipartidaria y todos los partidos firmaron un documento; es cierto que el Partido Colorado hizo cuatro salvedades, pero de todos modos lo firmó. Reitero: todos estuvieron de acuerdo con que para la explotación minera de gran porte se necesitan reglas de juego diferentes a las que teníamos en este país. Luego me referiré a los contenidos, divergencias y convergencias de ese acuerdo.

En la sociedad uruguaya hay distintas opiniones a este respecto. La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios -a la que no pertenezco, pero a una de cuyas reuniones solicité concurrir, habiéndoseme permitido hacerlo- recibió a varias delegaciones que trajeron consigo diferentes opiniones: académicas, de superficiarios y de organizaciones sociales.

En lo personal, me pregunto: ¿se necesita una ley de minería de gran porte?

Si en el día de hoy no votáramos este proyecto de ley -es decir, si votáramos en contra de esta iniciativa que viene del Poder Ejecutivo y que fue aprobada por la Cámara de Representantes-, continuaríamos rigiéndonos por el Código de Minería. Ahora bien; ¿este Código es mejor que una modificación adaptada a las circunstancias de lo que es la minería de gran porte?

Considero que este proyecto de ley es absolutamente razonable y necesario. Contiene cosas muy importantes, tanto en materia tributaria, como en lo que respecta a los compromisos ambientales -como el cierre de minas- y al Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión. En realidad, constituye una respuesta a una nueva situación: la de que tenemos muchos más recursos de lo que pensábamos.

Además, con esta nueva normativa el Uruguay piensa un poco más allá de como lo ha hecho hasta ahora: ya no se trata de que empresas extranjeras vengan y extraigan nuestros recursos; lo que hay que lograr es que esto sea positivo para la economía, para la sociedad y para el futuro, es decir, que sea una oportunidad y no un problema.

Muchas veces se habla del colonialismo de las grandes empresas transnacionales concentradoras de la explotación de recursos minerales en el mundo. Efectivamente, eso existe, y hay ejemplos de situaciones que viven algunos países de África y también de América latina. Ahora bien; si en nuestro país discutimos sobre el tema, si los partidos políticos debaten, si cada uno expresa su punto de vista y luego adoptamos decisiones, es decir, definimos cómo queremos gobernar este proceso, pensando siempre en el medio ambiente y en la sociedad de hoy y de mañana, podremos enfrentar esas fuerzas poderosas, que tienen muchos intereses pero carecen de alma. En realidad, esas situaciones de las que se ha hablado existen porque se los deja hacer. Nosotros pretendemos no dejar hacer, sino convertir esto en una oportunidad para el desarrollo nacional, con acuerdos, con convicción, con la política y con la sociedad.

En realidad, en el Uruguay ya tuvimos esa clase de empresas que vienen a realizar distintas actividades, tantean y ven si pueden clavar el garrón. Por algo la empresa Ence se fue de nuestro país y Botnia se quedó. Las empresas que son más responsables y tienen experiencias más serias, deciden aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro territorio y quedarse, mientras que otras, al ver que no hay condiciones, se van.

A mi modo de ver, esta normativa será positiva en términos económicos, ya que dará mayor renta económica; habrá mayor recaudación, se creará un impuesto adicional -que al día de hoy la minería común no lo tiene-, y se instituirá un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión. A su vez, en términos sociales generará fuentes de trabajo, condiciones de vida diferentes, buenos salarios -gran parte de esto está generándose ya, con las explotaciones mineras que hoy tenemos- y, además, una mayor capacitación de la gente. Ciertamente, todo esto educa -uno puede advertirlo claramente al conversar con los cuidadanos, y no solo con los que trabajan en Minas de Corrales o en Valentines-, genera educación y posibilita que haya cursos -como los que brinda el Inefop- para capacitar a las personas. En esa zona que antes estaba dedicada a la ganadería extensiva, hoy pueden participar los estudiantes de los liceos informándose, es decir que se forma trama social. A mi juicio, esta es una herramienta para construir ciudadanía, donde la gente se organiza y se expresa. En términos sociales, lo importante es que los beneficios que se deriven de esto queden en el pueblo y sirvan para beneficio y multiplicación de la sociedad.

Seguidamente quiero hacer una consideración política.

El Presidente de la República llamó a conformar una Comisión multipartidaria a fin de tratar este tema. No ocurrió así con otras actividades. Podría decirse que es un mecanismo sui géneris, puesto que la Constitución de la República en ningún lado establece que se formarán Comisiones multipartidarias. De modo que está por fuera de la normativa que tiene el país. Es un mecanismo medio voluntarista que -reflejando quizás el modo de ser del Presidente de la República- busca sumar y acordar. Lo cierto es que ha sido aceptado por todos y tiene un contenido importante, que hace que nos involucremos.

A mi juicio, la Comisión Multipartidaria fue muy útil para recoger información, para clarificar las ideas y para involucrarnos en la discusión. Creo que esto da sentido de pertenencia en los temas. En la sesión pasada, el señor Senador Heber manifestó que cuando se empezó a discutir este asunto en el Partido Nacional, había ocho posiciones distintas. Quizás el hecho de contar con toda la información y participar en los debates permitió a su Partido ir clarificando y avanzando en su posición al respecto.

Cabe preguntarse si este mecanismo -que culmina con una iniciativa que recogió el trabajo de la Comisión Multipartidaria y fue enviada al Parlamento cuatro meses después de finalizada esa labor- da garantía de un acuerdo total con lo que dice el proyecto de ley. En realidad, no la da. Lo que da garantía es que se discuten las cosas y se recaba información sobre los temas, pero ciertamente hay acuerdos y desacuerdos. Cada actor hace su balance sobre cómo participó, cómo avanzó en sus conocimientos y qué posiciones tiene; y el hecho de que se pueda explicar todo esto es mucho mejor que si hubiera surgido una ley que no hubiera tenido un proceso de discusión.

Creo que todos los que participamos en este debate mejoramos, sabemos más y tenemos ideas bien definidas -que antes no teníamos- respecto a estos asuntos. Incluso se puede ir cambiando durante el proceso. Porque quien estuvo de acuerdo en integrar la Comisión Multipartidaria y, después de discutir el tema en su partido político, llegó a un punto de vista diferente al del inicio, legítimamente podría decir que si la discusión empezara hoy, tendría una posición diferente. No quiero decir que esto suceda; solo estoy haciendo un razonamiento político. En suma, lo que quiero significar es lo siguiente: puede ser que al finalizar el tratamiento del asunto se tenga una posición distinta, pero no porque el proyecto incumpla lo que se discutió, sino porque se cambió de punto de vista.

SEÑOR AGAZZI.- Las internas de los partidos se arreglan dentro de cada uno de ellos. Nosotros arreglamos la nuestra. Y lo cierto es que el Partido Nacional participó en este Acuerdo. Las demás cuestiones deben discutirse en otro ámbito y no en éste.

Al culminar este proceso de consideración del proyecto de ley, noto un cierto ánimo de buscarle "pelos al huevo", es decir, de buscar detalles de cosas para fundamentar una posición contraria.

El numeral 7 del capítulo "Eje Ambiental", al que se refirió el señor Senador Bordaberry, dice que en cada caso deben elaborarse los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable a la escala territorial correspondiente, esto es, nacional, regional, departamental o local, de acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Perfecto. Eso es lo que está haciendo el Gobierno.

La citada Ley se discutió durante diez años en el Parlamento, y en la Cámara de Representantes hay un proyecto de ley que establece las directrices nacionales de desarrollo territorial. La Ley indica cuáles son los instrumentos del ordenamiento territorial, que son varios y tienen un orden. Ahora bien; si hasta que estén todos estos instrumentos -las directrices nacionales, las directrices regionales y los planes regionales- no vamos a poder realizar ninguna actividad económica, entonces toda la economía va a quedar detenida, estancada. ¿Acaso para desarrollar las actividades actuales se exigió la existencia de directrices de ordenamiento territorial? No. Entonces, es obvio que hay que hacer andar el país a medida que se van mejorando los instrumentos. De lo contrario, no podría desarrollarse ninguna actividad hasta que estuviera finalizado todo el instrumental de una ley que, en sí misma, es compleja, y en la que participan -está muy bien que así sea- desde el Congreso de Intendentes hasta la sociedad civil.

En realidad, el mencionado numeral 7 determina que deben elaborarse los instrumentos de ordenamiento territorial. Tres meses después de firmado el Acuerdo, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley con el primer instrumento de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable: las directrices nacionales; dos meses más tarde envió una segunda iniciativa, que refiere a las directrices nacionales para la zona costera; y es lógico que seguirá enviando proyectos de este tipo.

¿Cuáles son los instrumentos que menciona la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible? A este respecto, hay un Capítulo que refiere a cada uno de ellos, a quiénes los presentan, dónde se discuten y cómo se construyen. Algunos deben ser presentados por el Poder Ejecutivo, y otros, por distintas autoridades de acuerdo al territorio de que se trate.

De modo que, conceptualmente, no acepto la idea de que la aprobación de los proyectos económicos del país deba suspenderse hasta que esté pronto todo el instrumental de ordenamiento territorial. Y más allá de quiénes estuvieron a favor o en contra de la iniciativa de ordenamiento territorial -porque, como se dijo en la sesión pasada, no importa lo que cada uno votó-, lo cierto es que hoy es ley y, por lo tanto, estamos obligados a respetarla.

Es legítimo haber participado en la Comisión Multipartidaria. Asimismo, es legítimo haber brindado puntos de vista y dejado salvedades, tal como hizo el Partido Colorado.

Confieso que no integré la Comisión, de modo que bajé el documento de la página web de Presidencia y lo estudié empleando únicamente mi razón; por lo tanto, quizás los actores que participaron en esa instancia podrán interpretarlo de una manera distinta. Por mi parte, considero que en el documento hay 58 conceptos firmados y cuatro salvedades. Dentro de esa cantidad de conceptos, hay algunas cosas que no se cumplen, como por ejemplo, el punto al que le adjudico el número 20, referido al alojamiento y los servicios del personal que trabaja en minería, lo cual no corresponde que figure en la ley. En cuanto a la tasa interna de retorno acorde a los niveles internacionales que fija el Acuerdo, si bien no se establece como tal en este proyecto de ley, sí se fija de manera indirecta en el régimen tributario. El Acuerdo alude también a la participación de la Bolsa de Valores, que no es un punto que deba figurar en una Ley de Minería de Gran Porte. En cuanto a la administración del Fondo por parte de una persona pública no estatal -que fue uno de los puntos objeto de salvedades por parte del Partido Colorado-, la iniciativa establece que va a ser administrado por el Banco Central y no por una persona pública. Finalmente, otro punto refiere a la capacitación del cuerpo inspectivo de la Dirección General Impositiva, que tampoco es un tema que daba figurar en una ley.

SEÑOR AGAZZI.- Gracias, señora Presidenta.

Desde mi punto de vista, pues -oídas las razones que aquí se dieron, así como la calidad de tales razones y, fundamentalmente, la calidad del contenido del proyecto de ley-, el Acuerdo multipartidario ha sido respetado, lo que no quiere decir que se pueda coincidir en todos los puntos. Al fin y al cabo, el Acuerdo Multipartidario, de muchos de estos puntos tiene solo una frase. Cada uno puede tener interpretaciones distintas; está bien. Pero lo cierto es que se buscó y que hay diferentes interpretaciones en cuanto a en qué medida este proyecto de ley recoge los puntos del Acuerdo con el que, por supuesto, no se trataba de hacer una ley entre todos -si no, sustituimos el Parlamento-, sino, por el contrario, de discutir y tomar posición sobre los puntos más relevantes.

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑOR AGAZZI.- A los señores Senadores que plantean esos cuestionamientos, les digo: bienvenidos al club de defensores del ordenamiento territorial, porque estuvieron en contra de la Ley y no la votaron; la votamos solo nosotros.

SEÑOR AGAZZI.- Me parece bien que se profundice y se aplique ahora.

SEÑOR AGAZZI.- El artículo 7º del proyecto de ley Actividad Minera de Gran Porte establece: "Las actividades mineras de gran porte deberán localizarse en suelo categorizado rural de conformidad con la Ley n.º 18.308, de 18 de junio de 2008″, que es la Ley de Ordenamiento Territorial.

Es una ley, por tanto, hay que cumplirla en todos sus términos. Más aun, en cada una de las leyes que aprobemos de aquí en adelante tendremos que establecer que se va a cumplir lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial.

Voy a citar un ejemplo que habla de un país serio y responsable, con el que todos estamos comprometidos. Ancap tenía un proyecto: quería instalar una planta de cemento portland y a esos efectos hizo la exploración en el departamento de Treinta y Tres, cerca de la Quebrada de los Cuervos. Pero, siguiendo el criterio de la normativa sobre ordenamiento territorial, no se le otorgó la autorización. El Estado, controlando a un ente del Estado le respondió que allí no se podía, que se debía buscar otro lugar.

Esto habla de una actitud seria: el Estado se controló a sí mismo y prohibió que Ancap instalara una planta de ese tipo en Treinta y Tres.

SEÑOR AGAZZI.- Le concedí una interrupción; una más no, porque, si no, pasamos a un diálogo que no es querido por mí y seguramente tampoco por el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- En síntesis, el organismo multipartidario establecido por la Constitución es el Poder Legislativo, donde los Partidos Políticos discutimos los distintos proyectos de ley, pero si todos estamos de acuerdo en buscar puentes sobre estos temas que son tan importantes para el futuro del país; si todos estamos de acuerdo en construir herramientas; si la intención es agregar elementos de interacción para definir mejor nuestras posiciones y poder construir hacia adelante, cabría preguntarse: ¿hoy es temprano? ¿Esta normativa no dará resultado? ¿Es necesario dar marcha atrás? Pienso que no. Por el contrario, debemos insistir, discutir -tal como lo hemos hecho- y tomar posición. Eso sí, si pensamos que se acerca el 2015, la situación se complica, porque nuestra colectividad tenderá a decir que lo que hace el Gobierno está muy bien y que la crítica de la oposición no es válida, mientras que la oposición sostendrá que lo que hace el Gobierno está mal. Es obvio, entramos en una etapa distinta del quinquenio, pero igualmente trataremos de ubicar el momento y la forma.

De todas maneras, rescato esta intención política que no tiene antecedentes en el Uruguay. A mi juicio, el mérito no es del Frente Amplio, sino de todos, porque hemos buscado acuerdos y ámbitos de discusión para analizar los temas en profundidad.

Simplemente, entiendo que tenemos recursos minerales en cantidades conocidas que, debido a que afloran en zonas rocosas y de cuchillas -no en el oeste del país, donde los suelos son más fértiles-, representan una oportunidad para el país, pero sobre todo para las regiones con mala calidad de suelos.

Se hizo un esfuerzo importante por discutir en la Comisión Multipartidaria y este proyecto recoge mayoritariamente lo que allí se acordó. Estoy seguro que con un Estado responsable, con sus ciudadanos, con su pueblo esta normativa será muy positiva para el desarrollo nacional y va a redundar en beneficio de los pobladores y de los trabajadores, porque va a permitir construir redes sociales. Ello no quiere decir que en el futuro no haya que ir mejorándola en función de la experiencia.

Hoy, con los elementos de que disponemos, votaré con convicción porque el desarrollo de la minería de gran porte será mucho mejor con esta herramienta que sin ella".

* Senador uruguayo

Fuente: uy.press/Mining Press