Proesmin es una empresa peruana encargada a desarrollar actividades de consultoría, asesoría y capacitación a empresas de la industria extractiva, con más de 16 años de experiencia.
En una conferencia brindada recientemente, Leopoldo Monzón, gerente general de Proesmin, realizó la ponencia "Agua y conflictividad social: ubicación de áreas con conflictos sociales existentes y sus características" en la cual mostró a través del programa SIG (Sistema de Información Geográfico), ejemplos de georreferenciación donde se apreciaba la información del conflicto social.
"Nosotros planteamos que se debería hacer una implementación de planes de desarrollo, también una estimación de la demanda y oferta del recurso hídrico en las zonas de conflicto, y hacer una descontaminación y potabilización del agua y manejo de residuos", señaló Leopoldo Monzón, gerente general de Proesmin.
Monzón explicó porque de los 223 conflictos sociales identificados por La Defensoría del Pueblo, 115 están vinculados al tema hídrico. Según su experiencia en Proesmin, el 90% de los problemas se debe a tres temas puntuales.
En primer lugar por la falta de un plan de desarrollo que permita conocer las necesidades exactas de la población. En segundo lugar, por el desconocimiento del consumo de agua por parte del Estado, la población y las empresas. Finalmente, porque no se cuenta con servicios de agua potable y un adecuado manejo de residuos en las zonas adyacentes a los conflictos.
Las soluciones deben partir de implementar planes de desarrollo que contemplen obras de ingeniería, optimizando el uso del territorio con una visión técnica-económica. Para esto se debe considerar una política de responsabilidad social sostenible e independiente de la actividad económica que se realice, preservando las características ambientales encontradas en el territorio y dotándolas de recursos e infraestructura necesaria.
Según la base de datos de Proesmin, haciendo el uso responsable de las soluciones planteadas se recuperarían 300,000 hectáreas para la agricultura, ganadería y forestación alrededor de la zona de conflicto. También se descontaminaría 40 kilómetros de ríos. Asimismo, la dotación de agua potable y manejo de residuos para 500,000 pobladores y el destrabe de proyectos de inversión calculados en $ 25,000 mm. Infraestructura desarrollada para acceder a nuevos mercados internacionales que beneficien a 100,000 familias.
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