El 70% de la economía debería estar operando al finalizar la primera etapa (finales de mayo)
HUGO FLÓRES CÓRDOVA
Como en muchos otros países emergentes, en Perú existe una fuerte preocupación por los efectos económicos del coronavirus.
El lunes 11 de mayo tuvo lugar un acontecimiento muy esperado para muchos ciudadanos: el inicio de la reapertura económica. Pese a las grandes expectativas que genera este proceso, el país sudamericano no afronta un escenario fácil, ya que posee una economía altamente informal, detalle que, sumado a requerimientos engorrosos, puede complicar el reinicio de las actividades e incluso afectar la situación sanitaria del país.
En total, el Gobierno ha dispuesto que la reapertura se dé en cuatro fases. La primera acaba de empezar. La segunda iniciará en junio, la tercera en julio y la cuarta en agosto. Los sectores que ya han empezado a operar como parte de la primera etapa son industria, construcción, minería, comercio, servicios y consumo.
Según lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, no todas las actividades en estos rubros funcionarán desde esta primera fase (se ha priorizado a la minería de gran escala, a las empresas de comercio electrónico, a los restaurantes que tengan su propio servicio de delivery, por citar algunos ejemplos). Además, la forma de operar no será la misma, ya que se han establecido diversos requerimientos sanitarios para las empresas de parte del Ministerio de Salud (Minsa) y de otros ministerios.
Según estima el Ministerio de Economía y Finanzas, el 70% de la economía debería estar operando al finalizar la primera etapa (que en teoría acaba a fines de mayo).
Algunos ministerios han hecho incluso proyecciones más específicas. José Antonio Salardi, viceministro de Mype e Industria de Perú, explica que en esta primera fase se contempla la reactivación de 4.058 empresas de los sectores textil, comercio de bienes para el hogar y restaurantes. "Todas las fases contemplan la reactivación de micro, pequeñas y medianas empresas", añade Salardi.
Más allá de los pronósticos y que reiniciar actividades productivas es positivo para muchas familias, el Perú afronta el enorme desafío de tener una economía altamente informal.
De acuerdo con varios académicos, más del 70% de los trabajadores peruanos son informales. Es decir, no están en planilla, no pagan impuestos, no contribuyen al sistema privado o al sistema público de pensiones, o no poseen un seguro de salud.
A ello se suma que más de la mitad de empresas peruanas operan con cierto nivel informalidad (no pagan impuestos o simplemente no figuran en ningún registro estatal). "Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 2018 habían cerca de 9,7 millones de empresas, de las cuales solo el 25% (2,4 millones) eran formales", comenta Tilsa Oré, profesora de economía de la Universidad de Piura.
En este contexto, si bien el Gobierno solo ha autorizado el funcionamiento de algunas empresas, lo cierto es que esa disposición no evita que varios negocios y trabajadores informales realicen sus actividades.
Hoy es muy común ver en Lima y otras ciudades tiendas y comercios que operan a puerta cerrada, situación que puede aumentar en los siguientes días dado que la capacidad para fiscalizar del Estado es muy baja.
Asimismo, una parte considerable de los trabajadores en el Perú, además de ser informales, viven del día a día. "Básicamente, cuando uno plantea medidas de aislamiento o confinamiento, resulta difícil implementarlas porque la gente vive del día a día y trabaja en la calle, no necesariamente con las medidas de seguridad adecuadas", explica Jorge Guillén, profesor de finanzas de ESAN Graduate School of Business.
El viceministro Salardi señala que el Gobierno está diseñando un plan agresivo de formalización a nivel nacional a través de medios virtuales. "Consiste en el registro de su Registro Único de Contribuyente (RUC) y la inscripción en los registros públicos.
De igual manera, estamos evaluando incorporar un componente de inclusión financiera a través de la creación obligatoria de una cuenta bancaria y el uso del dinero electrónico", dice el funcionario.
Para algunos especialistas, no obstante, los efectos de esta iniciativa serían limitados, ya que la mayor dificultad que tienen las empresas para formalizarse en el Perú no es el registro, sino cubrir los costos que tiene la formalidad.
El panorama para una reapertura ordenada –y considerando que la cuarentena obligatoria se ha extendido hasta el 24 de mayo– se vuelve más complejo debido a que los criterios utilizados en este proceso no serían los más idóneos.
Uno de los que genera cuestionamientos son los requisitos de ventas anuales para las empresas que soliciten reiniciar sus operaciones.
En comercio electrónico, por ejemplo, se pide que las firmas hayan facturado S/ 3 millones (cerca de US$ 900.000) o más en 2019. En el caso de restaurantes, se exigen ventas anules iguales o superiores a S/ 215.000 (aproximadamente US$ 64.179).
De acuerdo con Jorge Guillén, de ESAN Graduate School of Business, al restringir que las empresas de menor facturación operen, se podría provocar su quiebra (así sean formales o informales). "También perjudica a las compañías grandes que tienen como proveedores a pequeñas empresas", añade el catedrático.
Según Eduardo Jiménez, economista y jefe del servicio de información de la consultora Macroconsult, la medida es equivocada, ya que hay empresas más pequeñas que ya se estaban preparando para operar y que, con este parámetro, no van a poder hacerlo de manera legal.
De hecho, varios de los especialistas consultados para esta nota señalaron que algunas empresas podrían empezar a migrar a la informalidad debido a esta exigencia.
Para Miguel Jaramillo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), un centro de investigación privado sin fines de lucro, si el objetivo de poner como requisito un monto de ventas es facilitar la fiscalización, lo que el Gobierno dice con ese enfoque es que el aparato productivo debe adaptarse a la capacidad fiscalizadora del Estado. "Obviamente, eso me parece una receta para el atraso económico y la corrupción", señala Jaramillo.
Desde el Gobierno, sostienen que están abiertos a flexibilizar los requisitos en la medida que la situación del país mejore. "Todos los días evaluaremos ser más flexibles en los requisitos y en los alcances territoriales, siempre y cuando se mejoren indicadores de salud difundidos por el Minsa", responde el viceministro José Antonio Salardi. Sin embargo, las inquietudes que generan las exigencias estatales van más allá de la facturación.
Diversos especialistas coinciden en que el proceso para reanudar las actividades económicas es muy burocrático. Según señalan, cumplir requisitos del Minsa (que, entre otras disposiciones, pide a las empresas elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo), de otros ministerios (ya hay protocolos aprobados para algunos sectores, como el hotelero) e incluso de los gobiernos locales (municipios y gobiernos regionales) vuelve muy complicado que una empresa pueda funcionar con normalidad, debido a que la autorización tardaría bastante tiempo en ser entregada. "Lo que puede pasar es que, a fin de ser expeditivas y no tener carga administrativa, las entidades estatales aprueben las autorizaciones muy rápido y sin mucho control", advierte Eduardo Jiménez de Macroconsult.
A la lentitud del proceso, se puede añadir que este puede llegar a ser costoso y hasta poco razonable. Por ejemplo, según Jiménez, la exigencia del Minsa de contar con una enfermera en empresas con más de 20 trabajadores y con un doctor en el caso de compañías con más de 100 empleados no es realista, ya que hay un alto déficit de estos profesionales en el país.
Asimismo, para otros expertos, el requisito del Minsa de que los empleadores hagan pruebas rápidas o moleculares a los trabajadores que se reincorporen a su centro de labores sería también muy complicado de ejecutar, debido a la alta demanda global de estos productos –lo que vuelve complicado conseguirlos y podría aumentar su precio– y a que existen pocos laboratorios a nivel nacional que realicen las pruebas.
"Hay empresas formales que no van a poder cumplir estos requisitos", opina Jiménez. Según algunos especialistas. el hecho de que la lista de requisitos sea amplia –si se toma en cuenta la cantidad de entidades públicas que intervienen– vuelve también poco viable que varias organizaciones pequeñas, microempresas y empresas informales la cumplan.
Patricia García, profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y exministra de Salud, sostiene que el Minsa debería, más que pedir la elaboración de un protocolo amplio y exigir otros requisitos que no tienen impacto, entregar un check list de acciones efectivas que puedan ejecutar todas las empresas. "Las empresas presentarían una declaración jurada de que se cumplirán. Lo que el Estado debería monitorear es su implementación", dice García.
De acuerdo con la propuesta de la catedrática, el Minsa también debería pedir a las empresas que identifiquen las áreas críticas en los centros de trabajo (es decir, lugares donde la probabilidad de contagio es mayor, como comedores, o, en caso de campamentos, los dormitorios) y que se implementen medidas específicas para esos espacios.
Un lineamiento del Minsa que también preocupa a la exministra es la ya mencionada obligación de las compañías de hacer pruebas para diagnosticar coronavirus a trabajadores sin síntomas antes de que estos se reincorporen a sus centros de labores. "Esto puede generar una falsa sensación de seguridad, ya que ninguna prueba es 100% confiable", dice la catedrática. García señala que esa exigencia debería descartarse y que las empresas deberían enfocar sus esfuerzos en estrategias y acciones que puedan prevenir el contagio.
Para Miguel Jaramillo, de Grade, la reapertura debe trabajarse con mayor creatividad. Propone, por ejemplo, que las personas menores de 40 años y que no vivan con adultos mayores puedan salir a trabajar sin mayores inconvenientes. Además, sugiere enfocar los esfuerzos gubernamentales en evitar las aglomeraciones. "Las estrategias deben considerar la realidad, como el hecho de que hay muchas personas que viven del día a día, que trabajan en la informalidad o que cerca del 30% de las familias peruanas no tiene un refrigerador", dice.
Algunos especialistas señalaron para este informe que varias de las medidas estatales pueden ser afinadas o corregidas. Se trata, sin duda, de una coyuntura compleja. Al cierre de esta nota, Perú superaba los 104.000 casos de coronavirus (es el segundo país de Sudamérica con más casos) y reportaba más de 3.000 muertos debido a esta pandemia. Sin embargo, es esa misma complejidad la que hace necesario que las acciones adoptadas sean realistas y bien enfocadas.
