NATALIE KITROEFF Y MITRA TAJ

La pandemia ha devastado a América Latina. Y, según los fiscales de la región, solo ha empeorado debido a una ola de corrupción y lucro.

De todos los esquemas que han desviado recursos de los países latinoamericanos que combaten el coronavirus, la conspiración de la bolsa de cadáveres podría ser la más descarada.

El mes pasado, los fiscales de Ecuador anunciaron que habían identificado una red criminal que conspiró con funcionarios de salud para ganar un contrato de venta de bolsas para cadáveres a los hospitales por hasta 13 veces su precio real.

Luego, uno de los hombres implicados, Daniel Salcedo, huyó de Ecuador en una avioneta que se estrelló en Perú. Salcedo ahora se recupera bajo custodia de la policía ecuatoriana.

A pesar de que América Latina se ha convertido en un epicentro de la pandemia, con muertes e infecciones en aumento, los esfuerzos para contener la crisis se han visto socavados por una letanía de escándalos de corrupción.

Decenas de funcionarios públicos y empresarios locales están acusados de explotar la crisis para su enriquecimiento personal, mediante el tráfico de influencias en hospitales y gobiernos para vender con sobreprecio suministros básicos, incluidos mascarillas, desinfectantes y ventiladores. Parte del equipo era tan defectuoso que se volvió inútil, y puede haber contribuido más a la propagación de la enfermedad y la muerte.

Compradores utilizando mascarilla hacen fila en un supermercado durante un día sin impuesto a las ventas, en medio del brote de coronavirus, en Bogotá, Colombia, Junio 19, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

“Tenemos muertos que eran abandonados en las calles porque el sistema de salud llegó a colapsar”, dijo Diana Salazar, la fiscala general de Ecuador. “Tratar de beneficiarse con el dolor ajeno, con todas estas personas que están perdiendo sus seres queridos, es inmoral”.

Las investigaciones sobre fraude han llegado a los niveles más altos de gobierno. El ex ministro de Salud boliviano está bajo arresto domiciliario en espera de un juicio por cargos de corrupción después de que el ministerio pagó a un intermediario millones más que la tarifa vigente por 170 ventiladores, que ni siquiera funcionaban correctamente.

En Brasil, que tiene el segundo mayor número de muertes por coronavirus después de Estados Unidos —y el viernes rebasó el millón de casos reportados—, funcionarios gubernamentales de al menos siete estados están bajo investigación por supuesta malversación de más de 200 millones de dólares en fondos públicos durante la crisis.

En Colombia, el procurador general investiga informes de que más de 100 donantes de campañas políticas recibieron contratos lucrativos para proporcionar suministros de emergencia durante la pandemia.

El jefe de policía y el ministro de Interior de Perú renunciaron después de que sus subordinados compraron desinfectante diluido y cubrebocas endebles para los agentes de policía, que después comenzaron a morir a tasas alarmantes de infecciones por el virus. Los fiscales están investigando los vínculos entre los oficiales de policía y los proveedores del equipo para determinar si se confabularon para defraudar al gobierno, según Omar Tello, jefe de la unidad anticorrupción en la fiscalía.

Armillón Escalante, un agente de policía en Lima, dijo que a él y sus colegas les dieron mascarillas y guantes tan delgados que se rompieron de inmediato.

La estadística difundida este sábado por el Ministerio de Salud precisa que la cifra de fallecidos por coronavirus creció en 43 desde la víspera y llegó este sábado a 4.199 decesos confirmados por la enfermedad, aunque también registró 2.866 muertos "probables". EFE/José Jácome/Archivo

“Realmente no teníamos protección”, dijo. Escalante trabajaba haciendo valer las medidas de distanciamiento social en un mercado atestado junto con otros tres agentes que desde entonces han muerto a causa del virus.

Escalante se infectó en abril y pasó tres semanas intubado en el hospital. Aún sufre dolor en los pulmones y falta de aliento cuando habla. “No solamente yo, la mayoría estaban abandonados”, dijo. “No me siento igual que antes. Esta enfermedad ha dañado mis órganos”.

Cuando los fiscales peruanos comenzaron a investigar la compra de equipos de protección este mes, varias cajas de evidencia desaparecieron en la sede de la dirección investigación criminal de la policía, en Lima. Los agentes de policía dijeron a las autoridades que varias cámaras de seguridad no estaban funcionando el día de la desaparición. Tello dijo que el sistema de monitoreo parecía haber sido manipulado y los fiscales están trabajando para conseguir imágenes de las personas que retiraron las cajas.

Según el gobierno, más de 11.000 policías en Perú se infectaron y 200 murieron a causa del virus, lo que obligó al país a cerrar algunas comisarías, al menos temporalmente, para contener brotes.

El coronavirus está poniendo a prueba a naciones que venían luchando contra la corrupción mucho antes de enfrentar una emergencia de salud global. A lo largo de los años, presidentes en Brasil, Perú y Guatemala han sido obligados a abandonar el cargo por casos de soborno y coimas.

Pero la pandemia ha ampliado las oportunidades para que los funcionarios públicos en América Latina saqueen las arcas estatales, dicen los expertos en corrupción. Al declarar un estado de emergencia, varios países suspendieron algunas regulaciones que rigen los contratos públicos, detuvieron las sesiones presenciales del Congreso o eliminaron las reglas que les exigían responder a las solicitudes de información de los medios.

“Tienes las condiciones ideales para hacer lo que se te dé la gana”, dijo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional México, un grupo anticorrupción sin fines de lucro. “Hay menos transparencia, menos acceso a la información, y cero supervisión independiente del Congreso”.

El sistema hospitalario federal en México devolvió ventiladores defectuosos que habían ordenado al hijo del jefe de la comisión federal de electricidad, después de que un grupo de vigilancia local reveló que el gobierno había acordado pagar un 85 por ciento más que la opción más barata del mercado.

Imagen de archivo de funcionarios de la salud en medio de una protesta ante la falta de equipos frente al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en medio del brote de coronavirus, en Lima, Perú, Junio 17, 2020. REUTERS/Sebastian Castañeda. NO REVENTA. NO ARCHIVOS

El mes pasado, un funcionario del ministerio de Salud de Bolivia recurrió a una compañía española llamada IME Consulting para comprar 170 ventiladores, aunque otra empresa había ofrecido las máquinas por la mitad del precio.

El gobierno boliviano acordó pagar a IME Consulting alrededor de 28.000 dólares por ventilador, tres veces el precio que el fabricante original dijo que cobra por cada máquina.

Poco después de que llegaron los ventiladores, los médicos comenzaron a quejarse de que las máquinas no eran adecuadas para tratar a pacientes con coronavirus gravemente enfermos. Una abogada de Marcelo Navajas, el ex ministro de Salud, ha dijo a la prensa que demostraría “la total y absoluta inocencia y la legalidad de las contrataciones”, y que “aquí no hubo absolutamente ningún acto ilegal y menos indebido”.

Días antes de la fuga fallida de Salcedo de Ecuador, los agentes de policía allanaron la casa de un ex presidente, Abdalá Bucaram. Lo arrestaron después de descubrir un arma de fuego ilegal, junto con miles de mascarillas y pruebas de coronavirus.

Bucaram “no tiene calidad de importador o comerciante porque su actividad económica sea la comercialización de insumos médicos,”, dijo Salazar, la fiscala general. Ella dijo que los fiscales creen que un grupo criminal, que incluye a Salcedo, Bucaram y algunos de sus familiares, desde 2018 ha cobrado en exceso por equipos médicos a los hospitales. El año pasado, dijo Salazar, vendieron a un hospital miles de bolsas de cadáveres por 148 dólares cada una, a pesar de que solo valían alrededor de 11 dólares.

Salcedo “ha sido proveedor durante la emergencia también”, dijo Salazar. “Por supuesto, tenía que aprovechar”.

Imagen de archivo. Trabajadores de un cementerio usando trajes protectores completan el entierro de un hombre, que murió de COVID-19, en el Estado de México, México. 19 de junio de 2020. REUTERS/Henry Romero

El hermano de Salcedo, Noé, fue atrapado este mes intentando cruzar la frontera con Perú con 47.000 dólares en efectivo —dinero que los investigadores creen que fue obtenido de forma ilícita— y ahora está en la cárcel. Los fiscales han emitido órdenes de arresto contra Michel y Dalo Bucaram, dos de los hijos del ex presidente. Hasta hace poco, Dalo Bucaram se hospedaba en la casa de Salcedo en Miami.

La abogada de Salcedo dijo que su cliente no está involucrado en un esquema de corrupción y que el efectivo que llevaba su hermano provenía de un préstamo bancario de sus padres. Bucaram, que está bajo arresto domiciliario, ha negado los cargos en su contra y dijo que enfrenta una “persecución cobarde y política”.

Los investigadores sospechan que las pruebas y las mascarillas encontradas en la casa de Bucaram estaban destinadas al hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por el virus, donde los cadáveres se apilaban afuera de los hospitales o fueron empacados dentro de cajas de cartón para empacar bananas por falta de espacio de almacenamiento.

Alex Vivas, un médico que trata a pacientes con coronavirus en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, dijo que estaba horrorizado con la trama.

“Para nosotros, los médicos en primera línea, es indignante ver este nivel de corrupción”, dijo Vivas en una entrevista. “Ver cómo estos contratos sobrevalorados consumen los presupuestos que deberían destinarse a tal equipo de protección, es simplemente indignante”.