ELDA CANTÚ

Poco a poco, nuestro mundo empieza a dividirse en dos: el de los vacunados y los que aún faltan por vacunarse. Los vacunados han empezado a viajar, a socializar y —aunque los expertos dicen que no deberían— también a respirar sin cubrebocas. Los no vacunados, mientras tanto, batallan con sistemas deficientes de citas, esperan sus turnos y empiezan a usar doble mascarilla.

Y ese espacio raro donde chocan ambas realidades revela algunas de nuestras fortalezas y fallos, como personas y como países. Unos intentan saltarse la fila con engaños o sobornos. Otros se arman de paciencia, redoblan precauciones o piensan en los demás.

En Latinoamérica, donde son muy notorias las fronteras entre los inmunizados y los aún vulnerables y donde el egoísmo y la solidaridad chocan de forma dramática, ha habido algunas novedades:

Cuba, donde escasea incluso el pan, anunció que la Soberana 02, su vacuna nacional, estaba cerca de aprobarse; la noticia abriría la puerta no solo a que toda la isla quede inmunizada, sino a posibles donaciones a otros países y también a un inusual turismo médico.

Y Perú ha sido remecido con la revelación de que cientos de personas cercanas al poder —funcionarios, empresarios, médicos— se vacunaron de manera irregular con un lote de Sinopharm destinado para un ensayo clínico.

Y es que, frente a la oportunidad de acceder a la inyección que podría devolvernos un poco del mundo que hemos perdido, los humanos somos impredecibles.

En Massachusetts, donde el gobierno anunció que quien acompañe a una persona de la tercera edad al centro de vacunación también recibiría la vacuna, algunos empezaron a ir puerta por puerta a buscar a alguien que necesitara un aventón.

La urgencia no es solo individual. Algunas naciones que tienen suministro —como India, China y Emiratos Árabes Unidos— buscan ampliar sus redes de aliados y han donado dosis, incluso a costa de sus propios ciudadanos. Y ya se estudian alternativas de documentos de viaje para comprobar que las personas están vacunadas, algo que podría acentuar las disparidades y acercarnos a una distopía donde la movilidad internacional estaría reservada para unos pocos.

Los países de América Latina, recomiendan los analistas Miguel Lago y Anna Petherick, deben trabajar en conjunto para evitar que las desigualdades preexistentes de la región no se agudicen en materia de salud.

Después de todo, una vacuna de acceso limitado es prácticamente inútil si lo que buscamos es recuperar la vida en común, esa en la que los médicos tienen tiempo para dormir, en la que se conversa con un desconocido en la fila del supermercado y en la que abrazar a una pareja de recién casados en su fiesta de matrimonio no es un deporte de alto riesgo.

Al final, una vacuna no salva vidas, sino que, como dijo el profesor A. David Paltiel, de la Escuela de Salud Pública de Yale, “los programas de vacunación salvan vidas”.

MIGUEL LAGO Y ANNA PETHERICK*

Las grandes disparidades sociales de la región generan factores de riesgo a la salud y han contribuido a la proliferación del virus haciendo más difíciles las medidas de aislamiento e higiene. Un estudio de la Universidad de Oxford, que analizó la disponibilidad de pruebas para la COVID-19 en Brasil a lo largo de varios meses, encontró que el predictor más fuerte para su obtención ha sido el ingreso. Esto se acentuó a medida que había más pruebas disponibles.

Las vacunas contra el coronavirus aportan el beneficio directo de la protección individual, pero solo cuando este se expande de forma organizada en la sociedad se pueden maximizar los beneficios indirectos de la vacunación: reducir el riesgo de infección para los no vacunados, permitir la reapertura de las escuelas, aliviar los sistemas de salud sobrecargados y hacer crecer la economía.

Y para obtener estos beneficios indirectos, los gobiernos nacionales y subnacionales deben dar prioridad a las poblaciones más vulnerables. En el caso de Europa y Estados Unidos, estas son claramente las personas mayores y con precondiciones de salud.

Pero en América Latina, los más vulnerables a la COVID-19 son también los más pobres, quienes, junto a los profesionales de salud, son los más expuestos al virus y deberían tener prioridad en la vacunación. Además de la edad de las víctimas, incluir la dimensión socioeconómica y el nivel de exposición es fundamental para que la región pueda empezar a controlar la pandemia.

La escasez de vacunas en la región es también una expresión de la desigualdad y esto ha hecho que el cronograma de vacunación en Latinoamérica esté avanzando más lentamente que en otras regiones. Mientras México, el tercer país en muertes en el mundo, cuenta con poco más de 700.000 dosis, el Reino Unido, quinto país en muertes, dispone de más de 15 millones. Al día de hoy, en la región, solo Costa Rica, Brasil y Chile alcanzan el promedio de al menos una vacuna administrada por cada 100 habitantes.

Pocos son los países que tienen la capacidad de desarrollar su propia vacuna y la capacidad logística para distribuirla eficazmente. Brasil podría desarrollar una vacuna y cuenta con gran capacidad logística —por muchos años ha vacunado a 80 millones de personas anualmente—, pero el gobierno de Jair Bolsonaro ha tardado mucho en presentar un plan nacional de vacunación. La inercia del gobierno federal ha hecho que los estados más ricos lancen su propio plan de vacunación.

Muchos países de América Latina dependen en gran medida de Covax, el mecanismo dirigido en parte por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca garantizar el acceso global a las vacunas contra la COVID-19.

Covax, que aspira a distribuir 2000 millones de dosis de vacunas hasta el final de 2021, destina sus vacunas primero al 3 por ciento de la población de cada país, pero su meta es alcanzar al 20 por ciento a medida que el suministro se vaya incrementando. Una vez que este quinto de la población mundial esté vacunado, Covax distribuirá las nuevas dosis a partir de un análisis de los riesgos y vulnerabilidades de cada país.

De momento, países con una población similar reciben la misma cantidad de dosis sin importar su nivel de ingreso, capacidad de laboratorios o tasa de mortandad radicalmente distintos. Según las previsiones actuales, Costa Rica va a recibir un número de dosis parecido al de Nueva Zelanda, a pesar de que el país latinoamericano tiene más de 100 veces víctimas mortales.

Pero no es justo ni eficiente que países con vulnerabilidades y focos de contagio tan diferentes reciban el mismo nivel de aportes de Covax.

Si el plan de distribución de Covax —que parece complacer más a los diplomáticos que a los epidemiólogos— sigue así, América Latina tardará más que otras regiones en recuperarse sanitaria y económicamente. Todo lo anterior pone en evidencia lo difícil que será controlar la pandemia a nivel regional.

Para cambiar este porvenir, habría primero que garantizar mayor cantidad de vacunas. Esto hace necesario un esfuerzo de coordinación de los gobiernos nacionales para que presionen como un bloque a Covax por una distribución de vacunas más adecuada a sus necesidades.

La aplicación del modelo Fair Priority, defendido por epidemiólogos y bioéticos, le convendría mucho a la región. Este modelo propone que la asignación de vacunas siga el principio de la justicia distributiva. Es decir, independientemente de la geografía, los gobiernos deberían enfocar la vacunación primero en las poblaciones donde más se muere por el virus, en especial muertes a una edad temprana. La segunda prioridad, es tratar de reducir las dificultades socioeconómicas de esas poblaciones. El tercer objetivo es reducir la transmisión comunitaria.

Ahora que los gobiernos empiezan a recibir dosis, es necesario planificar la distribución y coordinar la vacunación a nivel regional y dentro de los países. Esto es necesario para minimizar los años de vida perdidos entre las víctimas de la pandemia y para que se obtengan los beneficios indirectos de la vacunación. Y, para ello, es necesaria la cooperación institucional entre gobiernos nacionales y subnacionales, compartiendo datos y proyecciones y enviando la vacuna donde más se necesita.

El principio de distribución equitativa puede ayudar a avanzar más rápido en ese sentido. El orden de vacunación debería priorizar a aquellos con más probabilidades de morir, debido al alto nivel de exposición al virus y a otros factores de riesgo, en particular los trabajadores de la salud, del sector de servicios esenciales y los informales, quienes se ven obligados a circular incluso en momentos de confinamiento. Las medidas de distanciamiento social deben ser reforzadas mientras se vacunan esas poblaciones prioritarias.

Para controlar la pandemia, la región tiene que enfrentarse a las desigualdades. Solo si lo hacen trabajando juntos más de cerca, los países de América Latina reforzarán sus defensas contra las futuras variantes del coronavirus y nuevas epidemias en el futuro.

*Especialistas en políticas públicas en América Latina