"La decisión la va a tomar cada empleador. Hay una cuestión de conciencia y de buena fe", señaló el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja
La CGT rechazó la idea de Funes de Rioja de no pagar salarios a quienes no se vacunen
Télam
La CGT rechazó las expresiones del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien consideró la posibilidad de que las empresas no abonen los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus, y aseguró que imponer sanciones de ese tipo "no es el camino adecuado".
La central obrera se expresó a través de un comunicado firmado por su secretario de Prensa y Comunicación, Jorge Sola, quien sostuvo que "castigar en un derecho laboral a quienes debería solicitarse un compromiso colectivo o social respecto del plan de vacunación contra el coronavirus no es para nada el camino adecuado".
Sola, además secretario Gremial del Sindicato del Seguro, rechazó las afirmaciones de Funes de Rioja, quien ayer en una rueda de prensa realizada tras la reunión de Junta Directiva de la UIA, opinó sobre la situación de aquellos trabajadores que no deseen vacunarse y expresó que "en esos casos cesa la dispensa y también la remuneración".
"Sancionar desde la relación laboral es ilegal y no coincide con la senda del convencimiento que hay que seguir para lograr la vacunación. A través del ejercicio abusivo de la relación del empleador con el trabajador no se logrará convencerlo, sino mediante el sentido común, el razonamiento y la opinión científica", enfatizó la CGT.
Sola se pronunció en representación de la central obrera por la necesidad de realizar "los mayores esfuerzos para lograr una vacunación masiva de los trabajadores" y rechazó" cualquier tipo de sanción que pueda imponerse sobre la relación laboral".
Funes De Rioja había planteado, a partir del avance de la inmunización, que las empresas podrán considerar la eliminación de la dispensa a los trabajadores que decidan no inocularse y, ante la imposibilidad de incorporarlos al ámbito laboral, de no pagarles.
"Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. En esos casos, debe cesar la dispensa y la remuneración", afirmó el dirigente de la UIA.
Trabajadores no vacunados: qué dice el Gobierno sobre una posible norma que permita a empresas recortar salarios
ELIZABETH PEGER/EL CRONISTA
Ante el planteo de la UIA para que se apliquen descuentos de sueldos a los trabajadores que no estén vacunados y no vuelvan a sus lugares de empleo, en el Ejecutivo ratificaron la vigencia de la resolución conjunta de abril pasado y remarcan que la inoculación no es obligatoria
l Gobierno rechazó que vaya a avanzar en la definición de una nueva normativa que habilite a las empresas a recortar salarios a sus empleados o a impedir su ingreso a los lugares de trabajo si no están vacunados y ratificó la vigencia de la resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Salud de abril pasado que solo dispone que los trabajadores inoculados pueden ser convocados por sus empleadores a cumplir tareas presenciales, pero sin la posibilidad de aplicar sanciones para quienes incumplan con esa convocatoria.
La posición oficial fue transmitida a este diario por fuentes de la cartera laboral que conduce Claudio Moroni, quienes indicaron que "la postura por ahora es la resolución vigente y ningún otra" en referencia a la posibilidad de un nuevo ordenamiento normativo sobre el retorno de los trabajadores a oficinas e industrias.
El Gobierno respondió así al planteo formulado ayer por el presidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien consideró que los trabajadores que no hayan recibido al menos una dosis de algunas de las vacunas contra el Covid-19 aprobadas en la Argentina no podrán ocupar su puesto de trabajo y, como consecuencia, tampoco cobrarán sus salarios.
"La posibilidad del trabajo remoto, e incluso la chance de no trabajar pero cobrar de todos modos, se dio por una cuestión excepcional. En ese momento no existían las vacunas. Hoy sí, por lo que entendemos que hay un mecanismo para combatir la enfermedad", sostuvo el titular de la UIA durante un encuentro con la prensa. Y añadió: "Cesará la dispensa para no trabajar. Porque nadie puede ser obligado a vacunarse, como tampoco nadie nos puede obligar a nosotros a reinsertarlos en un medio laboral, en cuidado de toda la comunidad de la empresa".
La conducción de la entidad fabril llevó sus planteos a las autoridades laborales en la búsqueda de activar el debate sobre una nueva modificación normativa para atender el tema, aunque no conversó esa posibilidad con la cúpula de la CGT que, a través de Héctor Daer -cotitular de la central gremial-, juzgó como una "bravuconada absoluta y absurda" el pedido de Funes de Rioja.
Frente al reclamo industrial, sin embargo, el Ministerio de Trabajo no prevé disponer ninguna medida en el corto plazo. Y en ese sentido ratificó la plena vigencia de la resolución 4/2021 que esa cartera dictó en abril pasado junto con el Ministerio de Salud para habilitar el retorno de los empleados vacunados a sus lugares de trabajo. "Por el momento esa resolución es lo único que va a haber" respecto al tema, indicaron fuentes del área de Moroni.
En paralelo, desde otras áreas del Gobierno evaluaron las dificultades de avanzar con una norma que contenga el planteo de la UIA cuando la vacunación contra el Covid-19 no es de carácter obligatoria. "Seguramente se avanzarán más adelante en protocolos para las condiciones de retorno al trabajo, pero no se analizan recortes salariales", dijeron los voceros consultados.
Similar a la posición expresada desde la CGT, en la administración de Alberto Fernández estiman que se trata más de conflictos individuales en algunas compañías y no de un reclamo de carácter colectivo, y deslizaron que en algunas actividades el universo de trabajadores exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo (cifra que involucra no solo a los no vacunados sino también personal con patologías de riesgo o con algún tipo de licencia) se ubica en torno al 2% de la dotación.
Con esos argumentos de fondo, en el Gobierno ratificaron la vigencia de la resolución de abril. Esa medida estableció que las empresas podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas" y consideró que la convocatoria puede darse "independientemente de la edad y la condición de riesgo" de los empleados luego de haber transcurrido 14 días de haberse vacunado.
La misma medida fija que, quienes tengan la posibilidad de acceder a una inyección y opten por no vacunarse, "deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar a los empleadores".
Pero considerando que la inoculación contra el Covid-19 es opcional, ni el Gobierno ni un empleador pueden obligar a quién no desee vacunarse a hacerlo y, por lo tanto, esos trabajadores tampoco entran dentro del universo que cubre la Resolución Conjunta 4/2021.
No pagar el sueldo a quienes no se quieran vacunar
CARLOS LAMIRAL/ÁMBITO
Los empresarios de la Unión Industria Argentina (UIA) están poniendo su mirada en la salida de la crisis sanitaria. Entienden que este año la actividad manufacturera puede crecer entre 8% y 9% y por ello creen que debería haber “incentivos” para fortalecer ese proceso.
Ya con la perspectiva de una mayor apertura de las actividades por delante, y en base a las últimas disposiciones del Gobierno, las empresas están convocando a los obreros que estuvieron este tiempo dispensados y que recibieron ya una primera dosis de vacuna contra el Covid-19.
Y la sugerencia es que está haciendo la central a sus socios es de poner fin a las dispensas de aquellos que no quieran darse la vacuna.
“La decisión la va a tomar cada empleador. Hay una cuestión de conciencia y de buena fe”, señaló el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en una charla con periodistas tras la reunión de última de la Junta Directiva en donde se analizó el tema.
El presidente de la UIA indicó que la central fabril “no tiene poder de imperio” con sus socias, de modo que llegado el caso, cada empleador deberá definir qué hacer con los empleados que son convocados a trabajar y que no se quieren vacunar.
La entidad sugiere “cesar la dispensa”, que le permite al trabajador seguir cobrando sus haberes estando en su casa, y que ello incluye dejar de abonar esos haberes. Funes de Rioja aclaró que la UIA “no está propiciando despidos”. Pero los límites en virtud de las leyes laborales vigentes pueden no ser claros.
Si bien para los empresarios existen argumentos legales para respaldar el caso de una empresa que no le quiera mantener las dispensas a los obreros que no se quieran vacunar, también hay un cierto riesgo de judicialización. “En Argentina todo es judicializable, lamentablemente. Creemos que tenemos fundamentos para ello”, señaló el presidente de la UIA.
Para los empresarios el hecho de ir a trabajar a un espacio en el que se tiene que convivir con otros trabajadores implica una cuestión de conciencia personal de cada empleado. “Quien quiera entrar a lugar de trabajo colectivo tiene que tomar las medidas del caso. Si no quiere vacunarse no podrá ingresar a su lugar de trabajo”, señaló el empresario.
Los industriales también analizaron la situación del transporte. Dado que también bajó el nivel de contagios y que avanzan también las segundas dosis le propondrán al gobierno que se amplíe la capacidad del transporte público para llevar obreros, ya que hasta ahora se encuentra limitada.
