DANIEL BOSQUE*
La coincidencia generalizada es que el costo fiscal de unos US$ 1.000 millones será menor que los perjuicios políticos que deberá pagar el gobierno con motivo del fallo de la Corte Suprema.
El comité de crisis de la Casa Rosada puso en marcha el "plan dar la cara" y sentó ante la prensa a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo para mostrar acatamiento a la sentencia que enterró el ya deshilachado tarifazo al servicio público de gas natural por redes.
Marcos Peña, después de Mauricio Macri el máximo exponente del discurso new age de Cambiemos, puso énfasis en que la administración nacional seguirá escuchando a todos los sectores. Y tendrá que hacerlo para salir de su actual cuadro de debilidad en la materia, porque la Corte retrotrajo las tarifas residenciales pero dejó vigentes las del comercio y la industria.
De ahora en más, y hasta el 12-S, en la Babel de la política energética se abren nuevos escenarios. Por un lado, habrá que oir a todas las voces todas sobre el carácter de las tarifas, planchadas por la década K para el regocijo popular y la angustia de las empresas. Por otro, seguirá el crescendo de amparos, en gas, electricidad, agua y otros servicios, de quienes aún no fueron acogidos por la Justicia.
Como ocurrió esta semana cuando Juan José Aranguren fue al Congreso, la cita del Enargas será otra virtual cadena nacional. Un evento para seguir desde los hogares, clubes y pizzerías. Otra gran catarsis multisectorial que desnudará, por ejemplo, cómo la factura que pagan los consumidores tiene un notable componente de impuestos muy difíciles de desmontar sin que se caiga el castillo de naipes del Estado del Bienestar made in Argentina.
Falló el alto tribunal y trajo alivio, aún para los funcionarios que esperaban otra decisión de los cortistas. Si te van a dar una mala noticia, mejor es que te la den pronto. A pasar el lampazo y a probar micrófonos en la sede de Suipacha 636.
Vuelven las audiencias a la regulación del gas, las mismas que supieron ser citas tensas repletas de cifras y debates hace 20 años, cuando esta confusión post freezer era inimaginada. Regresan los discursos y estadísticas en pantalla ampliada, pero esta vez de apuro, con el telón de un notable stress de empresas y consumidores.
Qué lejos está aquel 1992, cuando se privatizó y se segmentó Gas del Estado en nueve distribuidoras y dos transportadoras. La Ley 24.076, la norma que privatizó este servicio vital con la promesa de que traería prosperidad y felicidad para todos hoy es un papiro manoseado. Como tantos otros en Argentina. Marchen más remiendos.
*Director de EnerNews
