MULTARÍAN A SIDERÚRGICAS Y PETROLERAS POR ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

Estudian multas a siderúrgicas, petroleras y fabricantes de jabón

Es por los incrementos de precios, que el Gobierno cree que son producto de arreglos entre los industriales o por abuso de posición dominante. También tienen en la mira a las compañías lácteas.


Después de las cementeras, el Gobierno puso la lupa sobre otros sectores sobre los que, supone, podría haber algún tipo de maniobra entre productores para fijar precios en el mercado. Siderúrgicas, lácteas, petroleras y artículos de tocador están ahora en la mira.

La decisión de investigar a esas industrias llegó tras la aplicación de multas por $ 310 millones a Loma Negra y Cementos San Martín (pertenecen al mismo accionista), Minetti, Cemento Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia, por acciones de cartelización entre 1981 y 1999. Al menos Loma Negra y Minetti ya apelaron la medida.

"Esta vez los períodos que podríamos investigar son más cercanos, de la devaluación para acá", se sinceró un técnico gubernamental.

"Multar a las empresas durante una campaña electoral y cuando suben los precios tiene mucho rédito político", admitió el ejecutivo de una poderosa siderúrgica a la que, estiman, no le tocarían sanciones. Al compás de la suba del índice de inflación y del recalentamiento de la campaña electoral para los comicios legislativos de octubre, tanto los hombres de negocios como los propios funcionarios de Economía suponen que continuarían las acciones oficiales en este sentido.

Más allá de las fechas analizadas, en todos los casos aún no hay un decisión oficial tomada en cuanto a la sanción. Y la única investigación formalmente abierta es la que recae sobre el hierro para la construcción, confirmaron en Economía. Abarcaría a las siderúrgicas Acindar, Bragado, Zapla y Sipar. Ya se realizaron audiencias públicas donde las empresas plantearon su posición pero, por el momento no hubo sanciones. De todos modos, las primeras conclusiones dirían que la acción de cartelización no estaría centrada en los fabricantes sino que ahora se concentraría en los canales de distribución.

Según datos del Centro de Industriales Siderúrgicos, en el costo total de los edificios destinados para vivienda, el hierro para la construcción sólo representaría el 3% de ese valor. En cambio para las obras públicas (puentes, por ejemplo) ese porcentaje llegaría hasta el 20%.

Después de la sanción a las cementeras, en Defensa de la Competencia, prefieren esquivar las declaraciones. Ante la consulta de Clarín, el secretario de Defensa de la Competencia, Ismael Malis, se disculpó diciendo, a través de su secretaria, que "está abocado a una tarea específica que lo requerirá por 15 días". El secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, (de quien depende Competencia) no contestó los llamados telefónicos.

El otro sector que tendría la lupa sobre sí sería el petrolero, por el precio del GLP, el combustible que contienen las garrafas. No existe una investigación del Gobierno aunque sí una denuncia presentada de la Defensoría del Pueblo, que preside Guillermo Mondino, donde se demostraría "abuso de posición dominante en el mercado de GLP envasado por parte de las empresas YPF Gas, Repsol Gas, Total Gaz y Shell Gas".

El organismo envió una carta pidiendo definición en este tema a Malis. "Tenemos prueba de sobra para demostrar que hay acción cartelizada. No se qué espera el Gobierno para accionar en el caso de las petroleras", señaló Mondino en este sentido.

Los otros que seguirían son los lecheros y una empresa industrial que produce artículos de tocador y de limpieza. En este último caso se trata de un jugador que pisa fuerte en el mercado. "Ni siquiera necesitarían ponerse de acuerdo con nadie porque son los más grandes productores", se sinceró una especialista vinculada a temas de defensa de la competencia.

Con los productores de leche el malestar oficial sería muy elevado. "Pusimos retenciones a las exportaciones de leche en polvo y en el último índice de IPC de julio, la leche en sachet pasó de 1,40 a 1,59 pesos en algunos casos", admitió un funcionario del Palacio de Hacienda que trató de transmitir el malhumor que hay en la Rosada por este producto sensible a la canasta básica que subió al fracasar el acuerdo de precios que impulsó Economía.

Hasta acá lo que el Gobierno estudiaría basándose en la ley de Defensa de la Competencia, que apunta a las posiciones monopólicas o cartelizadas de las empresas que "pudiera ser perjudicial para el interés general", según reza la ley. Pero hay otro instrumento jurídico: la ley de Defensa del Consumidor, que apuntaría a casos menos grandilocuentes pero igualmente efectivos políticamente.

Según información de esa Secretaría, que preside la candidata a legisladora por Córdoba, Patricia Vaca Narvaja, en julio se aplicaron 16 sanciones superiores a $10.000 a, entre otras, Molinos, Rodó, CTI, Hewlett Packard, Unilever, Carrefour y Wal Mart. "En el 90% de los casos, los jueces nos dieron la razón y las empresas ahora deberían depositar los montos de sus multas directamente en el Fisco", aclaró una fuente de esa Secretaría.