Silvia Peco

Yacyretá es hoy la principal proveedora eléctrica del país. Tiene una potencia de más de 1.700 megavatios, cifra que equivale casi exactamente a 10% del total disponible en el sistema nacional, que orilla los 18.000 megavatios. La represa binacional está operando a una cota de 78 metros sobre el nivel del mar, pero si el límite se elevara a 83 metros, tal como prevé el proyecto original, la hidroeléctrica llegaría a 3.100 megavatios de potencia.

Como la diferencia es aun superior a los 1.200 megavatios que el gobierno se vio obligado a restringir a la industria desde junio y hasta el próximo 27, hay quienes opinan que no se está poniendo suficiente empeño oficial para terminar la represa. Sin embargo, las complicaciones que tiene la relación con Paraguay, las obras pendientes que presentan alguna demora en relación con las previsiones, los planteos de las organizaciones ecologistas de la zona, y los juicios y demandas por indemnizaciones hacen temer que no pueda cumplirse el proyecto oficial de que Yacyretá opere a la cota de 83 metros para el verano de 2009.

Según una opinión conocida recientemente, «sólo hay que apretar un botón» para terminar Yacyretá. Desde esa óptica, la solución «es indemnizar adecuadamente a los intrusos en forma inmediata y en efectivo», utilizando «un fideicomiso de u$s 563 millones» que tendría la entidad binacional y que en realidad son líneas de préstamo del BID y del Banco Mundial. (Según una carta de lectores del ingeniero Guillermo Laura al diario «La Nación».)

Referentes del sector energético consultados por este diario coincidieron en que la propuesta desconoce que entre las múltiples irregularidades generadas durante la construcción de la represa, una significativa provino del pago de indemnizaciones para relocalizaciones.

Antes de llegar a la cota de 76 metros, la entidad binacional debió indemnizar a varios dueños de terrenos inundables en Paraguay, aunque se sabía que algunos eran personas cercanas al poder político de ese país que adquirieron las tierras cuando empezaron las obras.

Ahora, para la elevación de la cota, se presentaron para ser reubicados por estar en terreno inundable 130 hornos de ladrillos, aun cuando sólo están legalmente registrados 18. Actualmente hay ya 60 denuncias contra la entidad binacional por la terminación de la represa. En junio de este año, la Corte Suprema de la Nación rechazó un recurso que involucraba a 1.200 particulares, según los cuales habrían perdido sus fuentes de trabajo porque se habían limitado los recursos naturales en las zonas afectadas por la represa.

Según el plan de relocalización de Yacyretá, en la actualidad falta reubicar a 4.361 familias en Paraguay y 1.500 en la Argentina. Taller Ecologista, una ONG de Rosario, considera que «aún falta relocalizar a unas 50.000 personas», mientras un estudio de la Universidad Católica de Asunción indica que al elevar el nivel del embalse, «se inundarán 55.000 hectáreas adicionales a las 110.000 ya anegadas, y varios municipios sufrirán pérdidas importantes». Estas opiniones anticipan conflictos legales por años.

• Pendientes
Algunos expertos creen que una salida hubiera sido darles el dinero a los obispos de Encarnación y Posadas para que resolvieran con las familias a relocalizar, pero ahora ya está iniciada la construcción de viviendas nuevas y comprometidos fondos del préstamo del BID para ese fin.

Pero lo más importante es que antes de elevar la cota, se necesita terminar la obra de protección del arroyo Aguapey para evitar la inundación de 38.000 hectáreas de tierras agrícolas que se utilizan para el cultivo de arroz en Paraguay. La obra fue adjudicada a IECSA, del grupo Macri y, según opinión oficial, está demorada con relación al cronograma.
También están pendientes otras tareas de infraestructura, como una nueva red cloacal, y reubicación de rutas y caminos costeros, antes que se pueda subir el nivel del embalse, para que no se produzca un desastre ambiental. Además, recién está en sus comienzos la nueva línea de transmisión eléctrica desde Yacyretá, porque las instalaciones vigentes están operando a pleno sobre todo porque se utilizan 900 megavatios de la capacidad instalada para ingresar la electricidad importada desde Brasil.

Esto no es todo. La relación con Paraguay siempre navega en la inestabilidad. En julio de 2006, los presidentes Néstor Kirchner y Nicanor Duarte Frutos llegaron a un preacuerdo para canjear la deuda de Paraguay, que ronda los u$s 11.000 millones, por el compromiso de que durante 40 años, la Argentina reciba la energía adicional que generará la terminación de la obra. El acuerdo no se habría cerrado, entre otras razones porque el gobierno argentino dudó del arreglo y dijo que primero deberían terminarse las obras. Del lado paraguayo también surgieron problemas: hay parlamentarios de ese país, y se afirma que también la Contraloría, que sostienen que de los 11.000 millones que reclama el gobierno argentino, 70% son intereses y lucro cesante que no corresponde pagar.

La cuestión debería solucionarse antes de que la represa binacional comience a operar a cota 83, porque si bien Paraguay tiene la obligación de vender la energía que no use de la hidroeléctrica a la Argentina, quiere cobrarla a precios internacionales, aun cuando el Estado argentino siempre afrontó solo los costos.