Niega el Gobierno que vaya a "profundizar el populismo"

Tantas ganas había de llevarse bien, que el tema estuvo a punto de no plantearse. Pero Miguel Acevedo, secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), lo echó finalmente sobre la mesa en el extenso almuerzo con que, ayer, la central fabril recibió al ministro de Economía, Amado Boudou. La inquietud, que sobrevuela las conversaciones corporativas hace dos semanas, eran las declaraciones de Roberto Feletti, viceministro de Economía, sobre la necesidad de "profundizar el populismo" y "apropiarse de factores de renta importantes".

Acevedo no nombró a Feletti. Pero instó al jefe del ex Frepaso a aclarar qué significaban verdaderamente esas expresiones. Boudou no fue enérgico, pero, también de modo elegante, dio a entender que no coincidía. Contestó que, en realidad, él llamaba profundización del modelo a mantener los superávits gemelos, acumular reservas, cuidar el ingreso de importaciones, preservar el mercado interno y aportar al desarrollo de la región.

Intervino entonces Daniel Funes de Rioja, de la alimenticia Copal, que sí nombró la entrevista con Feletti concedida a la revista Debate . "Es amigo mío", atenuó el santafecino Guillermo Moretti. La UIA está menos crítica que el año pasado. Pero Boudou no había hecho otra cosa que reiterar, de modo menos directo, la opinión que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, le había dado horas antes al periodista Marcelo Longobardi en C5N. "Es una apreciación -explicó Randazzo-, tiene toda la libertad de hacerla. Nosotros no pensamos eso. Es una opinión personal de Feletti, no es la opinión del Gobierno en materia económica. Quien decide el rumbo en ese aspecto es la presidenta de la Nación. No hay que asustarse. Algunos sectores se asustan de nada."

Boudou entendió la buena disposición apenas se sentó a la mesa. Por si hacía falta, el vocal Miguel Saiegh le aclaró que a todos les convenía que él siguiera como ministro y no fuera candidato porteño. De todos modos, el protocolo había metido la cola: la formalidad indica que el presidente de la UIA -en este caso, José Ignacio de Mendiguren- debe sentarse frente al invitado, que estará flanqueado por los vicepresidentes 1° y 2°. Ironías de los usos y costumbres: Boudou quedó entre Federico Nicholson, de Ledesma, y Luis Betnaza, de Techint, la última empresa elegida como enemigo en la Casa Rosada.

Ausente la semana pasada en la reunión con la ministra de Industria, Débora Giorgi, Betnaza le preguntó a Boudou por el cierre de las investigaciones por dumping para el ingreso de tubos de acero con o sin costura de China, una medida reciente que pareció hecha a medida del grupo siderúrgico. Hace casi dos años, cuando vivía Kirchner, Julio De Vido lograba exactamente lo contrario: activar una causa por dumping. Boudou lo escuchó, pero alegó que no era su área.

El de Techint comentó entonces otra preocupación que los asalta desde el último encuentro en la Casa Rosada, cuando la Presidenta les dijo que la carga impositiva era aquí más liviana que en Brasil. ¿Viene un impuestazo y Feletti tenía razón?, se preguntan desde entonces las corporaciones. Betnaza objetó que sin ajuste por inflación en los balances la presión tributaria se acercaba en la Argentina, en términos reales, al 60%. El ministro no lo contradijo.

Después, el salteño José Urtubey (Celulosa) pidió una mejora en la coparticipación para equilibrar las economías regionales. Aprovecharon entonces Nicholson y el patagónico Juan Moravec -que habló de la pesca- para recordarle que algunos fracasos en el régimen de promoción industrial no indicaban necesariamente que no fuera una herramienta válida. Saiegh insistió en un nuevo sistema de capitalización para pymes y con la nostalgia fabril más recurrente de estos días: un banco de desarrollo, que ahora todos prefieren llamar, para evitar pesadillas, "de promoción de inversiones". El propio Saiegh se lo había sugerido a Cristina Kirchner, que aceptó el cambio semántico.

Mendiguren volvió a aclarar que la UIA no pedía una devaluación porque, dijo, la competitividad no depende sólo de un factor. Un pensamiento que, puesto así, no difiere de lo que piensan los dos únicos presentes ayer del mercado automotor, el más golpeado por las últimas trabas de Brasil: Cristiano Rattazzi (Fiat) y Luis Ureta Sáenz Peña (Peugeot), llamativamente silenciosos en el almuerzo. La conclusión de todos fue esperar y no dramatizar. El textil Jorge Sorabilla agregó que las negociaciones entre privados habían sido siempre exitosas.

Tampoco se habló de salarios, pero Boudou les recordó su relación con Hugo Moyano, a quien dedicó un elogio: no sólo ha hecho un aporte al modelo, dijo, cerrando paritarias en 24%, sino que tampoco representa un poder sindical atomizado y desbordado por las bases. El ejemplo elegido fue Kraft.

DIXIT
"El populismo debería radicalizarse. Ganada la batalla con los medios, no tenés límites"

ROBERTO FELETTI
Viceministro de economía

"Es una opinión personal de Feletti, no la del Gobierno en materia económica"

FLORENCIO RANDAZZO
Ministro del interior

"Estamos revisando la matriz de negocios del sector empresario"

El viceministro de Economía, Roberto Feletti, habla de todo: Techint, Indec, participación del Estado. Y, también, anticipa los próximos pasos que se darán respecto de la regulación de la renta exportadora.

Roberto Feletti, viceministro de Economía, fue designado recientemente director por el Estado en Banco Macro. En una extensa charla con Debate, analiza la relevancia de una mayor participación del Estado en los directorios de las empresas donde la Anses tiene inversiones y, en particular, explica el fondo de la puja con el Grupo Techint. A su vez, reflexiona sobre el proceso de reforma del Indec y critica a las universidades que elaboraron un informe sobre la institución. Y adelanta lo que viene: regular nuevamente la renta exportadora del sector agropecuario.

¿Cómo explica la puja entre el Gobierno y el Grupo Techint?

En un sistema de sociedades anónimas, con participación accionaria, cualquier empresario privado o público tiene derecho a elegir directores y participar del proceso de dirección de la empresa. No creo que una compañía privada que tenga el 25 por ciento de acciones en otra sociedad no reclame su participación en ese directorio. Es una cosa que se cae de maduro. Está claro que, en todo este proceso, Techint quedó aislado. También que su rechazo tiene que ver con la propia historia de la compañía, y su forma de emergencia como grupo económico. Esta empresa fue parte del endeudamiento del Estado, de la transferencia de pasivos hacia el Estado. Esta lógica empresaria, que utilizó a Somisa como puente para llegar a los caños sin costura y lograr competitividad en el mundo, está reflejada hoy cuando se observa una empresa que desvinculó su lógica de negocio de la realidad argentina, donde su esquema de acumulación de resultados no asignados, y al no distribuir dividendos tenía como única lógica la construcción de una planta fuera del país. Entonces, hay que decir que estamos ante un grupo que, si bien utiliza insumos argentinos, se beneficia con la energía barata del país, tiene asiento en la Argentina, toma decisiones de negocios no vinculadas al desarrollo del país. Y esto se verifica en la poca creación de empleo y en que trasladan sus inversiones a otras partes del mundo. Lo que se está revisando en la Argentina es la matriz de negocios del sector empresario.

 

Es decir que con la mayor participación de directores dentro de Techint se buscaría que la empresa tuviera una mirada estratégica sobre el mercado interno.

Por lo menos que pueda discutirse el tema, que expliquen por qué sus decisiones de inversión se desvinculan de la Argentina. En realidad, este conflicto está dando cuenta de que se puso fin a una lógica de funcionamiento de los consorcios económicos que surgieron durante la dictadura, que desvincularon su suerte del destino del país. Ésta es otra discusión emblemática. Acá hubo quienes desvincularon su matriz de negocios de la Argentina, donde la apoteosis fueron los años 90 y la ola privatizadora que llevó a la extranjerización de la economía. ¿Por qué razón Techint no quiere un director más del Estado? Porque no desea abrir una discusión sobre sus inversiones y la matriz de su negocio. Techint es un grupo emblemático que creció al calor de la dictadura. Durante aquellos años, se llevó adelante un plan para crear grupos económicos dominantes, que tenían bien diversificadas sus inversiones porque estaban inmersos en la lógica de la valorización financiera. Si bien hoy todavía adolecemos de una burguesía nacional, no se concibe que un empresariado se desvincule de sus compromisos de empleo y la reinversión en el país. En algún punto, es lo mismo que ocurre con Clarín, donde en ambos casos están afectados sus esquemas de negocios. Por ejemplo, Papel Prensa es un mecanismo de acumulación monopólica. En vez de ser una empresa que provee papel libremente a todo el país, fue convertida en un centro de costos para digitar la expansión de Clarín en todo el país. Esta discusión sobre Papel Prensa no la dio Alberto Fernández (ex jefe de Gabinete), sino Guillermo Moreno. El progresismo en el país debería ver estas diferencias.

Usted fue nombrado director por el Estado en el Banco Macro. ¿Cuáles son los cambios que deberían darse en el sistema financiero?

Hay que apostar a un redireccionamiento de la inversión con mecanismos de financiamiento más elaborados. Éste es el debate que se viene. En el país ya se crearon condiciones de macroeconomía que restituyeron la autonomía nacional, pero en el interior de esa autonomía continuaron adoptándose decisiones de negocios de manera “libremercadista”. Esto tiene que empezar a cambiar.

En este sentido, ¿cuál debería ser el rol de una nueva ley de entidades financieras?

Las iniciativas de cambio de la ley son saludables porque abren un debate que apunta a reformar uno de los emblemas de la dictadura, tal como sostiene uno de sus impulsores, el diputado (Carlos) Heller. Tiene un valor simbólico importante: fue la ley que dio el puntapié inicial al esquema de valorización financiera. En cuanto a las decisiones concretas que deberían aplicarse en el sistema financiero, son dos. Una es el retorno de la banca especializada. Esto lo puede hacer el propio Banco Central: crear los instrumentos para volver a una banca especializada por región y producto. En segundo lugar, crear una convergencia de tasas de interés, expectativa de tipo de cambio, certezas en los índices de precios al consumidor, para lograr que el peso sea una reserva de valor; es decir, que pueda ahorrarse en moneda local. Éste es un debate que debe darse. A partir de acá, creo que podrá restablecerse el crédito para el desarrollo. También es necesario modificar las condiciones de accesibilidad al financiamiento, que los bancos puedan ofrecer préstamos en cuotas para capital de trabajo, apalancar más a las Sociedades de Garantías Recíprocas. Son todas medidas de rápida ejecución.

Acaba de mencionar la necesidad de tener certezas en el índice de precios al consumidor (IPC). Esta semana, el Gobierno se reunió con las universidades públicas que analizaron la situación del Indec. ¿Cuál es el balance de ese encuentro?

En realidad, el informe de las universidades es un insumo más de todo el trabajo que se está haciendo para reformar el Indec. Nosotros queremos hacer luz sobre el Instituto y recuperar su credibilidad. También pretendemos llevar este debate a la opinión pública y al Congreso. En el seminario que realizamos esta semana le dijimos a las casas de estudio cuáles habían sido los errores encontrados en la elaboración del IPC previos a 2007, errores que tenían un doble impacto en la economía. Por un lado, afectaban a los insumos que utilizan los agentes económicos para la toma de decisiones y, además, generaban un abultamiento indebido de los costos de la deuda externa. Esto se vio reflejado en cálculos erróneos, por ejemplo, en las cuotas de las escuelas privadas, el precio del pan, el turismo, el empleo doméstico y los productos importados.

¿Por qué el Gobierno no dijo todo esto en 2007, cuando desplazó a la ex titular del IPC, Graciela Bevacqua?

Lo dice ahora. Era muy difícil en ese momento. Después, el proceso político llegó a tal nivel que la convivencia con la oposición era muy compleja y, por eso, se tuvo que buscar algún tipo de mediador, como las universidades. El acuerdo de (Amado) Boudou con las casas de estudio era para alcanzar algún tipo de ecuanimidad de análisis y no que la UBA se hiciera cargo de todas las cosas que dijeron los tipos que se habían quedado afuera del Indec. Las universidades admitieron que no analizaron la situación previa a 2007. No dicen nada de las razones que llevaron al Ejecutivo a pensar en una reforma del Indec; nada dicen de la manipulación de las cifras que se daba antes de 2007. Hubo mucho sesgo ideológico en su trabajo. Acá había una situación de manipulación de cifras previa a 2007 y nadie dijo nada.

¿Y cómo se hace después de tanto tiempo para instalar en la sociedad que la manipulación de cifras no la hizo el Gobierno, sino las ex autoridades del Indec?

Eso es lo que deberían haber hecho las universidades. Para eso se las convocó. Sobre todo la UBA. La principal responsable de todo esto es la UBA. No puede ser que (Enrique) Zuleta Puceiro me diga “y sí, yo sé cómo era el Indec antes”. ¿Por qué no lo reflejó en el informe, entonces? A lo mejor podrían haber cuestionado un montón de cosas, pero deberían haber tamizado un poco. ¿O era un secreto que el Indec funcionaba al servicio de la patria financiera?

¿Cómo será el IPC nacional diseñado junto con el FMI?

En eso están trabajando los técnicos. El debate del Indec plantea hoy la posibilidad de llegar al Congreso con un conjunto de informes para discutir en profundidad su situación y restablecer su credibilidad. Supongo que lo del Fondo es un insumo más. No es que el IPC nacional será creado por ellos. El Gobierno decidió dar este debate en un año electoral, dato que no es menor. El Indec fue una batalla importante para la Argentina.

LAS PRÓXIMAS BATALLAS

Papel Prensa, Techint, Indec. ¿Cuáles son los denominadores comunes?

Me parece que es un cambio en las relaciones de poder en la Argentina, entre el Estado y los sectores empresariales. En los tres lugares fueron impedidos esquemas de apropiación de excedentes rápidos; unos por la valorización financiera y otros dos por gozar de un mercado monopólico. Esto no quiere decir que el Estado se oponga a la rentabilidad de las empresas. Pero sí se opone a la apropiación indebida de excedentes rápidos y sin la contracara de lo que supondría un capitalismo con un Estado fuerte. En el país había una patria financiera que operaba junto al Indec como aliado. Llamaban al Instituto para preguntar dónde convenía invertir en función de la actualización vía CER. Eso se acabó. Básicamente, el denominador común de estos casos es ejercer un mayor control a la sobrerrenta indebida. Es lo mismo que ocurrió con las retenciones agropecuarias. Que las formas podrían haber sido distintas, es verdad. Pero el fondo de la cuestión es el mismo.

¿Cuáles son los grandes debates pendientes que podrían encararse en un próximo gobierno kirchnerista?

El primero debería ser la profundización de la inserción regional de la Argentina y la construcción de la UNASUR como bloque económico y una mayor complementariedad con Brasil. Hay una visión de que Brasil debe ampliar su poder de compra sobre el país. El segundo debate que se viene tiene que ver con la suba generalizada de los alimentos. Esto obliga a discusiones que no deberían centrarse solamente en una transferencia de recursos entre países. Debemos discutir la ampliación de la oferta y regular la renta exportadora. Éste es un debate mundial y que deberá darse nuevamente en el país. El tercer debate es el modelo industrial. La Argentina avanzó en una reconversión industrial importante. Tiene una salida exportadora relevante, pero no puede pensarse que su competitividad sostenida en el tiempo estará dada sólo por un tipo de cambio alto y salarios bajos. El modelo industrial debe ser capaz de bajar más la tasa de desempleo, llevarla cerca del cinco por ciento, compatible con lo que sería el desempleo voluntario. La etapa que se viene necesita un poco más de audacia. En estos ocho años se dieron respuestas rápidas a cuestiones sociales, y se logró una autonomía nacional que ahora necesita profundizarse.

¿Y cuál es el rol de la juventud en todo este proceso?

Creo que son los jóvenes empleados, los que pudieron cambiar su vida a través del trabajo, quienes van a liderar este cambio. El populismo -al que muchos critican- debería radicalizarse. Uno de los problemas del populismo es que no era sustentable, ya que no podía apropiarse de factores de renta importantes. Esto es lo que cambió. Un proceso de estas características necesariamente debería profundizarse. Ganada la batalla cultural contra los medios, y con un posible triunfo electoral en ciernes, no tenés límites.

Las dudas sobre el plan oficial

Si el gobierno fuera reelecto, se produciría -según algunos de sus más calificados voceros- la acentuación del populismo. El viceministro de Economía, Roberto Feletti, lo ha dicho sin ambages: “El populismo, al que muchos critican, debería radicalizarse” (Debate, 6.5.2011).

Por Rodolfo Terragno, Escritor, Politico y Periodista

A su juicio, hasta ahora sólo hubo un populismo tenue porque el Estado “no podía apropiarse de factores de renta importantes”. En caso de reelección, “el proceso no tendrá límites” .

Ernesto Laclau coincide en la necesidad de “profundizar” el populismo , que hasta ahora habría sido sólo “un populismo a medias” (Clarín, 29.10.10). El gobierno -al cual apoya- habría querido ir más allá, pero una trama de intereses frenaba la marcha .

El calificativo “populista” suele ser peyorativo; pero el gobierno lo asume sin complejos . Laclau ofrece fundamentos para el populismo: si las instituciones no satisfacen las demandas sociales, se requiere “un mecanismo no institucional”, construído “desde fuera del Estado”, que represente a la sociedad insatisfecha . “Se puede tener populismo de derecha o de izquierda, pero siempre hay una interrupción del sistema institucional del poder”, concluye.

Feletti es el encargado de aplicar esa doctrina al planeamiento económico . Sus objetivos (que, cabe suponer, son los del gobierno todo) se sintetizan en los puntos siguientes; pero se los puede ver desarrollados por el propio funcionario en el sitio www.robertofeletti.com.ar :

1. Cambio de las relaciones de fuerza entre el Estado y el poder económico . El gobierno juzga que, tradicionalmente, las corporaciones han influido de forma impropia sobre el sistema político. La idea es reducir la influencia.

2. Revisión de la matriz de negocios . Esto implica que el Estado analice y compare empresas, según los indicadores que juzgue relevantes (por ejemplo, rentabilidad) para luego establecer rangos. Es el paso previo a tomar decisiones de política económica aplicables a uno o más sectores.

3. Restricciones al libre mercado . Se anticipa que las decisiones no pueden seguir tomándose “de manera “libremercadista”.

4. “Mayor control sobre la renta indebida” . Lo indebido sería “apropiarse de excedentes rápidos”. Es lo que harían los sectores financiero y exportador. En forma explícita, el viceministro anuncia una nueva “regulación de la renta exportadora del sector agropecuario”.

5. Lucha contra los monopolios . Se enfatiza que las corporaciones “no pueden hacer lo que quieran y quedarse con el ingreso de los argentinos”. En los últimos años “se logró una autonomía nacional que ahora necesita profundizarse”.

6. Las estadísticas del actual INDEC como guía . El gobierno estima que, antes, el INDEC operaba a favor de la “patria financiera”. “Eso se acabó”.

7. Promoción del consumo, aunque esto produzca cierto grado de inflación . Feletti dice: “El gobierno admite que hay subas de precios, pero de ninguna manera aplicará un programa de ajuste. Creemos que es mejor que haya consumo, aunque se produzcan [nuevas] subas”.

8. Ampliación de la oferta . La interpretación es que la inflación, en el caso de los alimentos, obedece a una “insuficiencia de oferta”.

9. “Aumento del gasto público” . “Al aumentar la demanda interna, la expansión del gasto público es autofinanciable”. Se mantendrían los subsidios. Los que abaratan el transporte, se subraya, “son de enorme trascendencia para los trabajadores que se movilizan del Gran Buenos Aires”. Además, se cree que “los subsidios no presentan un obstáculo a la inversión pública”.

10. Utilización de reservas para no recurrir a préstamos internacionales . Las divisas acumuladas sobrepasan el monto necesario “para defender el peso de cualquier ataque especulativo”. En principio, el “excedente” seguiría usándose para pagar deuda, pero también “podría utilizarse para fondear proyectos de infraestructura a largo plazo”.

El programa es claro pero deja muchas dudas , que sus impulsores harían bien en despejar: ¿Hasta dónde llegaría la radicalización del populismo? ¿Harían falta, para eso, “mecanismos no institucionales”? ¿Cómo revisaría el Estado las matrices de negocios? ¿Hay una definición de “renta indebida” que impida la arbitrariedad? ¿Se puede desconocer la ley de la oferta y la demanda? ¿De qué modo se lucharía contra los monopolios, que sin duda merecen ser combatidos? ¿Hay una razón para no constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, previsto por la Ley Antimonopolios, cuya misión es evitar que se disminuya, restrinja o se distorsione la competencia? ¿ No correspondería a la justicia decidir si una o más empresas abusan de una posición dominante en perjuicio de la economía nacional? Siendo que -como bien señala el viceministro- la competitividad no depende sólo de “un tipo de cambio alto”, y es inadmisible lograrla mediante “salarios bajos”, ¿Cuáles serían los modos de aumentar la productividad , condición sine qua non para tener una economía más competitiva? ¿Es posible aumentar la oferta sin mayor inversión? ¿O el Estado produciría los bienes y proveería los servicios necesarios para superar la “insuficiencia de oferta”? ¿Se podría revisar las matrices de negocios y regular la renta sin afectar la inversión privada ? ¿Podría el sector público, por sí solo, encargarse de la inversión adicional que se necesita para tener crecimiento sostenido? ¿Cuál sería el límite al gasto público? Y, finalmente: ¿Los subsidios benefician sólo a los sectores más necesitados? ¿Qué pasaría si los no indispensables y, en general, el gasto público acabaran con el superávit fiscal ? ¿La inflación no sería contraproducente, a los fines de elevar la condición de los asalariados? ¿Es injusto decir que esta política tiene lagunas y contradicciones que, de no resolverse, podrían llevarla al fracaso?