MULTA A CEMENTERAS: LA JUSTICIA DIJO NO A LA APELACIÓN DE LAS EMPRESAS

La Justicia avaló multas récord contra empresas cementeras

Clarín, Buenos Aires

La Cámara en lo Penal Económico rechazó que hayan prescripto las acciones imputadas.

La Justicia confirmó provisoriamente las multas récord de 310 millones de pesos que el Gobierno impuso a varias empresas cementeras, acusadas de haberse puesto de acuerdo para repartirse el mercado y elevar los precios. La Cámara en lo Penal Económico rechazó ayer recursos de las compañías, que argumentaban que las acciones contra ellas habían prescripto, porque la investigación no había sido iniciada por el Estado.

Sin embargo, ahora los jueces deberán analizar la decisión de fondo, es decir si las sanciones fueron aplicadas correctamente. Esto, eventualmente, puede llegar a producir una variación en el monto de las multas.

La medida tomada en forma unánime por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. El tribunal negó que las empresas no hayan tenido la oportunidad de defenderse ante las autoridades administrativas. Además, sostuvo que no prescribieron las prácticas por las cuales ellas fueron multadas. La investigación se hizo retroactiva alcanzó hasta 1981.

Las compañías multadas son Loma Negra, Cementos San Martín, Juan Minetti y Corcemar, Cementos Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia. Según el Gobierno, estas habrían pactado acuerdos para mantener precios elevados a través de la concertación de cuotas.

Las sanciones fueron anunciadas el 27 de julio por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, e implicó una multa total de 309,2 millones de pesos contra las empresas Loma Negra (138 millones), Cemento San Martín, Cementos Avellaneda, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Minetti-Corcemar. La investigación oficial se basó en una investigación periodística publicada en 1999 por la revista Veintidós.

"Estas compañías pactaron acuerdos para mantener precios elevados a través de la concertación de cuotas", dijo en aquel momento Lavagna. Es decir, se las acusó de haberse repartido el mercado sin haber practicado una competencia real entre ellas. Se trata de las multas más importante impuesta por el Estado contra un conjunto de empresas en el marco de la ley de Defensa de la Competencia.

Las sanciones también incluyen a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, que deberá pagar una multa de 529.289 pesos y abstenerse de distribuir entre sus asociados información competitivamente sensible sobre la producción, importación y despachos de cemento portland.

Ayer, el tribunal, integrado por los jueces Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Carlos Pizzatelli, dijo que la acción no prescribió porque la ley de defensa de la Competencia habla de seis años de plazo y no de dos, como argumentaban las empresas.

La investigación se inició en 1999 y abarcó desde allí hasta 1993. Pero luego se resolvió extender la pesquisa hasta 1981.

Rechazados los planteos preliminares, el tribunal se dedicará ahora a analizar el fondo de la cuestión, es decir si las multas fueron aplicadas en forma correcta. La Justicia tiene incluso la libertad de acción como para reformular sus montos.

El tribunal aplicó en este caso el mismo criterio que ya había usado en ocasión de rechazar planteos similares interpuestos en su momento por la petrolera YPF, que había sido multada en 109 millones de pesos por vender el petróleo más caro dentro de la Argentina. Ese fallo, recordaron fuentes judiciales, se encuentra firme al haber sido confirmado por la Corte Suprema.


Lucio Fernández Moores.


Caras de cemento con caras largas

Página 12, Buenos Aires

El fallo de cámara desestimó el planteo de prescripción presentado por dos de las empresas afectadas. De ese modo, sigue vigente la multa de 300 millones de pesos aplicada por Defensa de la Competencia al Club del Cemento por repartirse el mercado y fijar los precios de común acuerdo.

El Club del Cemento sufrió un fuerte revés: la Justicia desestimó ayer su planteo de prescripción de la causa por la cual las cinco empresas que lo componen fueron multadas en 310 millones de pesos. La sanción queda firme hasta tanto se dicte un fallo sobre el fondo de la cuestión. En el Ministerio de Economía esperan confiados, ya que recuerdan que en 25 años los jueces nunca revirtieron una decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Esa dependencia fue la que realizó la investigación sobre el comportamiento cartelizado de las compañías cementeras e impuso las penalidades. Si bien a la batalla judicial le quedan varios capítulos, las empresas apostaban sus mayores chances de librarse de la multa a la maniobra que acaba de naufragar.

El 26 de julio último, Roberto Lavagna dio a conocer un dictamen de Defensa de la Competencia ?organismo que depende de su cartera? lapidario: comprobó que a lo largo de 18 años, entre 1981 y 1999, las empresas Loma Negra, Cementos San Martín, Minetti, Cementos Avellaneda y Petroquímica Rivadavia (esta última, desde 1989) se repartieron cuotas de mercado y acordaron los precios de sus productos. El escandaloso mecanismo de cartelización funcionó de manera muy aceitada a escala nacional. Las compañías cubren la totalidad de la demanda de cemento en el país. Todas ellas y la Asociación de Cemento Portland, que actuó de nexo, fueron obligadas a pagar multas por un total de 309,3 millones de pesos.

De inmediato, las empresas iniciaron su contraofensiva en tribunales. El primer intento, y también el más ambicioso, dado que si prosperaba ninguna de ellas hubiera tenido que pagar un peso, era plantear la prescripción. Su argumento fue que las causas por las cuales se las sancionó habían caído debido a que el Estado no investigó en su momento ?ni produjo actos procesales? los ilícitos imputados. La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, tribunal de alzada de la Comisión de Defensa de la Competencia, desestimó ayer la presentación de las cementeras.

Lo más curioso es que los jueces Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos utilizaron como prueba de que el Estado inició las actuaciones a tiempo las desmentidas que las firmas Cementos Avellaneda, Minetti y Corcemar (estas últimas, luego fusionadas) hicieron en agosto de 1999 de una investigación del periodista Marcelo Zlotogwiazda. En ese artículo se denunciaban los acuerdos de precios y el reparto de mercados a partir de julio de 1981. La Comisión de Defensa de la Competencia recogió el guante y abrió un expediente de oficio. Eso ocurrió el 31 de agosto del ?99.

Según citan los magistrados, en aquella oportunidad las compañías negaron los hechos y con ello se dieron por notificadas de las averiguaciones oficiales. Por lo tanto, las multas que se aplicaron el mes pasado respetaron los plazos procesales y no corresponde dar las causas por prescriptas.

?Mi mandante ha sido notificada del contenido de un artículo aparecido en la revista Veintidós (...) Minetti y/o Corcemar no intervinieron en ningún ?pacto? con otras fábricas de cemento en el año 1981 para repartirse el mercado de cemento?, reprodujeron los jueces en su fallo la carta de los abogados de esas empresas. ?De este modo ?concluyen los magistrados?, se advierte que Minetti y Corcemar pudieron brindar las explicaciones preliminares del caso con relación a todos los períodos involucrados en la denuncia, razón por la cual no han visto perjudicado el derecho de defensa en juicio que les asiste.?

La multa más elevada, de 137,8 millones de pesos, recayó sobre Loma Negra, la cementera más grande del país, con una participación de mercado del 48 por ciento, que a comienzos de año pasó a manos de la constructora brasileña Camargo Correa. Cemento San Martín, subsidiaria de Loma Negra y también controlada por Camargo Correa, fue multada con 28,5 millones de pesos. Minetti, controlada por el grupo suizo Holcim (domina el 35 por ciento del mercado), y Cementos Avellaneda, de las españolas Molins yUnilan (16 por ciento), fueron castigadas respectivamente con multas de 100,1 y 34,6 millones de pesos. La única en manos locales es Petroquímica Comodoro Rivadavia (3 por ciento), que recibió una sanción menor, de 7,3 millones de pesos, porque fue ?forzada? por sus competidoras a participar de las maniobras de cartelización desde 1989. Finalmente, a la Asociación del Cemento Portland le aplicaron una multa de 529 mil pesos.

Por David Cufré

Aval de la Justicia a multas del Ejecutivo por cartelización

Infobae, Buenos Aires

La Cámara en lo Penal Económico respaldó en un fallo las sanciones por $310 millones contra cementeras que concertaron precios


La Cámara en lo Penal Económico avaló la multa récord de 310 millones de pesos que el Gobierno impuso a varias empresas cementeras, acusadas de haberse puesto de acuerdo para repartirse el mercado y elevar los precios, al rechazar planteos de prescripción interpuestos por algunas firmas afectadas.

La resolución fue adoptada por la Sala B de la Cámara, que confirmó provisoriamente la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía, por presunta violación a la libre competencia.

Fuentes judiciales explicaron que los camaristas Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos deberán estudiar ahora la cuestión de fondo, para determinar si las multas han sido aplicadas correctamente y si fuera así, también se deberán analizar si se mantiene o modifica el monto.

Se trata de la multa más importante contra un conjunto de empresas por la presunta violación de la ley 22.262 de Defensa de la Competencia, por maniobras que habrían cometido entre 1981 y 1999 y que fue anunciada por el titular de la cartera económica Roberto Lavagna el 26 de julio pasado.

Las cementeras multadas son Loma Negra, Cementos San Martín, Juan Minetti y Corcemar, Cementos Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia, porque habrían pactado acuerdos para mantener precios elevados a través de la concertación de cuotas.

Las empresas plantearon que la acción contra ellas estaba prescripta, porque el Estado no había producido actos impulsores de la investigación.

La Sala B de la Cámara, que actúa como tribunal de alzada de la Comisión de Defensa de la Competencia, rechazó los planteos de prescripción de dos de las cementeras afectadas, Cementos Avellaneda y Juan Minetti.

La sanción también incluye a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, que deberá pagar una multa de 529.289 pesos y abstenerse de distribuir entre sus asociados información competitivamente sensible sobre la producción, importación y despachos de cemento portland.

Durante la conferencia del 26 de julio pasado en la que se anunció la multa a estas empresas, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, le adjudicó un importante grado de responsabilidad a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.

Para el titular del Palacio de Hacienda, esta asociación fue "el lugar y el instrumento desde dónde se hicieron estos acuerdos, con un sistema informático altamente tecnificado, que percibía cualquier desvío que se produjera en las cuotas".

El expediente se inició de oficio por una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a partir de la publicación de una nota en la revista Veintidós del 26 de agosto de 1999.

Se trata de una investigación en el mercado del cemento para determinar si las cementeras infringieron la ley 22.262, mediante un posible acuerdo conjunto de fijación de precios y reparto del mercado, con potencial afectación al interés económico general.

La multa aplicada a las cementeras es la segunda de este tipo que impuso el gobierno nacional, ya que la primera fue el 18 de julio pasado y alcanzó a cuatro empresas productoras de oxígeno medicinal por un monto de 70,3 millones de pesos.

Las empresas multadas fueron Praxair Argentina SA, Air Liquide Argentina SA, Aga SA e Indura Argentina SA, bajo el fundamento de que simulaban competencia y sellaban acuerdos para subir los precios.


Confirman multas contra empresas cementeras

La Nación, Buenos Aires

La Cámara en lo Penal Económico aprobó la sanción de 310 millones de pesos impuesta por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



La Cámara en lo Penal Económico confirmó las multas de 310 millones de pesos que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia impuso a varias empresas cementeras, al rechazar planteos de prescripción interpuestos por algunas firmas afectadas debido a que la sanción tomó en cuenta los precios fijados entre 1981 y 1999.

La resolución fue adoptada por la Sala B de la Cámara, integrada por los jueces Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, en el marco de un expediente en el que se investigó a las cementeras por realizar un supuesto reparto de cuotas de venta.

De esta forma, los jueces confirmaron provisionalmente la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo respecto de si las multas fueron aplicadas correctamente.

Fuentes judiciales dijeron que los camaristas analizarán ahora si las multas han sido aplicadas correctamente y si fuera así, también se deberán definir si se mantiene tal cual o modifican el monto.

Las cementeras sancionadas fueron Loma Negra, Cementos San Martín, Juan Minetti y Corecemar, Cementos Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia, porque habrían pactado acuerdos para mantener precios elevados a través de la concertación de cuotas.

Cementos Avellandea y Minetti, en la apelación planteada ante la justicia, dijeron que la acción estaba presripta porque el Estado no había producido actos impulsores de la investigación.

La Sala B de la Cámara, que actúa como tribunal de alzada de la Comisión de Defensa de la Competencia, rechazó provisoriamente los planteos de la empresas.

La decisión de Economía de imponer una multa de 310 millones de pesos a las cementeras se produjo en momentos en que el gobierno realizaba una nueva embestida contra sectores formadores de precios, para mantener bajo cuerda la inflación.