Opinión
Gobierno corporativo de Codelco
Por Luis Hernán Paul Fresno para El Mercurio
LUIS HERNÁN PAUL FRESNODirector y asesor de directorios de empresas
El directorio debería estar conformado en su mayoría por directores profesionales e independientes.
Hace ya algún tiempo que hay una visión bastante unánime tanto en la Concertación como en la oposición de la necesidad de ajustar el funcionamiento del gobierno corporativo de Codelco. Pero pareciera que todavía no está muy claro qué es exactamente lo que corresponde cambiar y menos aun las propuestas específicas de las modificaciones a realizar. A continuación entrego una opinión sobre los aspectos que creo deben revisarse.
Parto haciendo ver que su directorio no funciona acorde con las mejores prácticas de los directorios de empresas de propiedad estatal de acuerdo con lo que establecen, por ejemplo, instituciones reputadas en esta materia como la OECD. Resalta el hecho de que la elección de su vicepresidente ejecutivo sea facultad del Presidente de la República y no del directorio. Esta norma quiebra la línea de mando y delegación que existe normalmente entre el directorio y el máximo ejecutivo, transformando al directorio en una suerte de organismo asesor más que en un organismo directivo. El presidente ejecutivo debería ser nominado, evaluado y eventualmente poder ser removido por el directorio. El debido ejercicio de la autoridad de los directorios no debe asociarse a que haya una administración débil. Cada cual tiene un papel que cumplir. El directorio no está para revisar por encima el trabajo de la gerencia, sino que fundamentalmente para monitorear y controlar su gestión y para refinar, aprobar y dar seguimiento a la estrategia propuesta por la administración.
Creo que en el caso de Codelco no sólo es válido, sino que además conveniente perseguir como objetivo la maximización del valor de la empresa. Ello debiera permitir también maximizar el flujo sostenible de fondos que puede entregar al Estado y éste, a su vez, definir qué uso dar a dichos recursos en función de sus propios objetivos. Llevar a Codelco a impulsar objetivos que corresponden al Estado sería un grave error que sólo complicaría la administración de la empresa y afectaría la asignación de recursos públicos.
También hay un problema en la composición del directorio, del cual forman parte dos miembros nombrados por el Presidente de la República, un integrante de las Fuerzas Armadas, dos representantes de los trabajadores y los ministros de Hacienda y Minería. Sin perjuicio de que hay personas calificadas entre los que ocupan estos cargos, cabe preguntarse qué tan buenos representantes son ellos de los dueños de la empresa. Desde el punto de vista político, el gobierno de turno puede ser un representante legítimo del Estado y de todos los chilenos, que somos el verdadero dueño, pero no es el más adecuado desde el punto de vista económico, ya que tiene objetivos adicionales al de maximizar el valor de la empresa y sus intereses son de más corto plazo que lo deseable. El directorio debería estar conformado en su mayoría por directores profesionales e independientes, que posean las capacidades y experiencias requeridas para guiar el destino de una empresa que ostenta una posición de liderazgo mundial y que sean personas que no estén sujetas a conflictos de interés que puedan sesgar sus aportes y opiniones.
Pero la selección de los directores no basta. Hay que llevar a que el directorio funcione acorde con el papel planteado y contar con un presidente con reales posibilidades de ejercer su función.
En materia del equipo de ejecutivos principales es delicado que se produzca, tal como ha pasado muchas veces, un cambio casi total en éste cada vez que hay cambio de gobierno.
Codelco, actualmente, al ser un emisor de deuda pública inscrito y supervisado por la Superintendencia de Valores, está sujeto a las normas usuales de transparencia que se aplican a las sociedades anónimas abiertas. Además produce un reporte ambiental cada año, lo cual es valorado a nivel internacional. Le falta, sin embargo, quedar sujeto a las prácticas del mercado accionario internacional, las cuales involucran normas de transparencia más universales y, lo que es tan o más importante, la generación de análisis y estudios por parte de analistas de mercado. Para esto se requeriría colocar en bolsa un porcentaje de su propiedad, lo que tendría tres beneficios muy importantes. La empresa dispondría de recursos adicionales para financiar su crecimiento, se facilitaría la comparación de su desempeño con el de sus pares y se contaría con indicadores de mercado del valor de la empresa.