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Editorial
Desafíos de la gran minería
14/08/2006

PREVISIBLE: SE DEMORA MÁS ACUERDO CON PRIVATIZADAS

Ambito Financiero, Buenos Aires
El relevo de Roberto Lavagna se considera una señal inquietante en las empresas privatizadas. No porque el ex ministro haya podido incidir hasta ahora en las decisiones sobre tarifas, resorte exclusivo del presidente Néstor Kirchner, sino porque su reemplazo se interpreta como un fortalecimiento de la parte menos permeable del gobierno en las tratativas con estas compañías.

Paradójicamente, sin embargo, la crisis de Aerolíneas Argentinas que se desató en los últimos días dejó en evidencia que, en el caso de esta empresa, Lavagna respaldó la posición de no aprobar los balances de 2002, 2003 y 2004, frente a la posición contraria del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien aparentemente cuenta con el aval del ministro Julio De Vido en el tema.

El Palacio de Hacienda consideró que el Estado -con una participación de poco más de 1% en Aerolíneas- no podía aprobar los balances porque en éstos figura una deuda de la empresa local con el accionista mayoritario -Air Comet-Marsans de España- que no se puede convalidar.

Esa deuda surgió después que la SEPI, organismo del Estado español que era el anterior dueño, le dio a Air Comet fondos para pagar los pasivos de Aerolíneas con sus principales acreedores. La empresa española canceló, pero quedó como acreedora de la firma argentina.

Por eso, para algunas privatizadas, el sector del gobierno que se reposicionó no sólo sería más hostil con ellas sino también más proclive a decisiones que crean suspicacias, como el incremento de los subsidios a los trenes para no aumentar el boleto, mientras el resto de las tarifas está congelado desde 2002.

• Con el FMI

Las compañías estiman además que probablemente el gobierno sea ahora todavía más reacio para negociar con el Fondo Monetario, organismo para el cual la recomposición de los ingresos de las privatizadas forma parte de la agenda con la Argentina.

Lavagna fue quien en enero pasado anunció un ajuste de tarifas para Aguas Argentinas que rondaría 15%, siendo desmentido primero por el jefe de Gabinete y luego por el Presidente en un acto en el Gran Buenos Aires, donde dijo: «Minga que les vamos a dar aumento».

El ex ministro fue también el que más gestiones habría hecho para que la francesa Suez encauzara la relación con el gobierno y no terminara yéndose de la empresa de agua.

Por otra parte, en medios empresarios, la salida de Lavagna se visualiza ligada a una mayor inflación, aunque se cree que eso también habría ocurrido con el ex ministro. Pero lo que se teme es que, por miedo a la inflación, se vuelva a priorizar la contención de los precios y no haya avances con las tarifas, ni siquiera con los ajustes ya pactados.

En la lista de empresas hay situaciones de distinta índole. Las concesionarias de accesos a Buenos Aires tienen acordado con el gobierno y ya autorizado por el Parlamento una suba de 15% en los peajes desde julio pasado. En igual trance, están las empresas de transporte eléctrico, empezando por Transener.

La demora en que se dicten los decretos poniendo en marcha los ajustes se atribuyó primero a que no era propicio el aumento en época preelectoral. Ahora habría quienes dicen que ésta y otras subas podrían tener un efecto contraproducente, como una señal de largada para que industrias y comercios apliquen nuevos aumentos.

También están las privatizadas que ya acordaron con el gobierno un alza de tarifas para las industrias, y sus pliegos están en el Parlamento o a punto de entrar. Esta lista incluye a Gas Natural, Edenor y Edesur. La primera entró al Congreso hace dos semanas junto con Trasnoa. Las eléctricas entrarán en los próximos días.

• Receso

Pero por empezar, las compañías ya descuentan el receso del los legisladores de enero, porque la sanción de hecho (al término de 60 días sin expedirse), no puede incluir el mes de receso, debido a que una aprobación en esas condiciones sería fuertemente controvertida.

De esta forma, los expedientes regresarían al Ejecutivo con el aval parlamentario recién a partir de marzo y abril. Luego faltará el decreto presidencial y ahí es donde será determinante si la inflación se pudo contener o no.

Con todo, faltarían más de seis meses para que se resolviera algún ajuste, mientras hay una mayoría de empresas que no llegaron a ningún preacuerdo todavía. Entre ellas están MetroGas, Camuzzi Sur y Pampeana, Telefónica y Telecom.

También Aguas Argentinas. Las conversaciones entre Suez y el fondo Fintech interesado en comprar la mayoría accionaria de la empresa local se congelaron hace unas tres semanas, cuando directivos del grupo francés viajaron a Buenos Aires para inicialar un precontrato de compraventa.

Hay coincidencia en que todo se frenó porque los representantes de Fintech no pudieron lograr que el ministro de Planificación, Julio De Vido, les diera alguna seguridad sobre un aumento de tarifas.

Silvia Peco


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