Intiman al presidente de Shell por declaraciones

El Gobierno volvió ayer a embestir contra el presidente de Shell, Juan José Aranguren, esta vez por declaraciones publicadas en los diarios: la Secretaría de Comercio, que conduce Guillermo Moreno, intimó al ejecutivo a que "rectifique" o "ratifique" palabras que había dicho anteayer, cuando advirtió que las bajas en los precios de los combustibles aumentarían la escasez de nafta y gasoil.

La iniciativa fue ejecutada por el escribano general del Gobierno, Pedro Echegaray, que se presentó en la sede de Shell. Y fue cuestionada por varios constitucionalistas, que la juzgaron improcedente desde el punto de vista jurídico y, más aún, un avasallamiento de la libertad de expresión. No hubo, en cambio, pronunciamiento del sector petrolero o empresarial.

Anteayer, luego de anunciar que rebajaba los valores en los surtidores hasta casi 15% por pedido oficial, Aranguren había dicho: "Con la reducción de precios va a haber más demanda, entonces es probable que las restricciones en el abastecimiento sean mayores". Se trata de lo que piensan todas las petroleras que operan en el país, que en los últimos tiempos han tomado decisiones orientadas a desalentar la venta porque los precios internos no son atractivos. La última de ellas, el último 29 de junio, correspondió al líder del mercado, Repsol YPF, que decidió no aceptar pagos con tarjetas de crédito ni débito en sus estaciones de servicio. Por pedido del Gobierno, la decisión fue revocada al día siguiente.

Ayer, Moreno le envió a Echegaray ejemplares de LA NACION y Clarín con las declaraciones de Aranguren, tal como consta en la presentación oficial. El escribano se presentó entonces en el edificio de la petrolera, pero no fue recibido por el ejecutivo, sino por el abogado apoderado de Shell, Héctor Jurado. Echegaray le transmitió que le concedía a Aranguren 72 horas para reconocer como propios los dichos. "La secretaría considera que no se ajustan a lo que debería ser", explicó después el escribano a la agencia estatal Télam.

Consultados, en Shell no quisieron hablar. Tampoco se explayaron en el Gobierno. ¿Un empresario no puede decir lo que piensa?, preguntó LA NACION en un despacho oficial. "Sí, pero el tema es por qué lo dice -contestaron-. El tiene que abastecer el mercado. No puede amenazar."

La historia arrastra varios encontronazos entre el Gobierno y Shell desde 2005: un pedido de boicot de parte del ex presidente Néstor Kirchner, bloqueos de piqueteros de Luis D Elía a 33 estaciones, multas por $ 23 millones, un amago de clausura de la refinería, frenos a exportaciones y un pedido de prisión para Aranguren.

El celular es personal...
Entre el petrolero y Moreno parece haber poca afinidad personal e, incluso, una saga de anécdotas risueñas. Fue Aranguren el único hombre de negocios que no quiso, tiempo atrás, darle el número de celular al secretario, algo a lo que no se ha negado ningún empresario local. "No se preocupe, usted tiene mi directo -le contestó-. Me llama a la empresa y ahí me ubican. Mi celular no se lo doy a nadie."

La última vez que hablaron fue en septiembre de 2006, 24 horas después de que Shell presentara un gasoil premium un 10% más caro, que fue retirado del mercado por la Casa Rosada. Aranguren atendió ese día el teléfono de su oficina. Era Moreno. "No estamos de acuerdo con la decisión de la compañía", dijo el secretario. El ejecutivo preguntó por qué. "Porque no está en línea con la política de precios del Gobierno", se explayó el funcionario. A esa charla le siguió un aluvión de inspecciones a la firma.

Tal proceder ha logrado infundir pavor no sólo entre los empresarios, sino entre dirigentes de otros sectores. Anoche, un conocido constitucionalista se comunicó con LA NACION con un pedido singular: que no se publicaran las críticas que, momentos antes, le había confiado a este diario sobre la iniciativa contra Shell.

Por Francisco Olivera
De la Redacción de LA NACION

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Gil Lavedra defenderá a Shell
El Cronista, Buenos Aires (www.cronista.com.ar)

La novela político-económica del verano, Guillermo Moreno versus Shell (o Juan José Aranguren, su presidente) suma nuevos capítulos cada semana. A fines de la anterior, luego que la petrolera anunciara la baja de precios tan deseada por el secretario de Comercio Interior, este funcionario volvió a la carga. Aranguren pronosticó, en declaraciones periodísticas, que “con la reducción de los precios habrá más demanda y peor será el abastecimiento”, Moreno respondió enviando el escribano general de Gobierno, Natalio Etchegaray, para que constate esas declaraciones e intime a la empresa a cumplir su “obligación de cubrir las demandas” de combustible en el marco de la resolución 25/06, que reglamentó la Ley de Abastecimiento (20.680).

“Es normal que el Gobierno utilice a su escribanía general para notificar algo, y realizar el acta notarial de ese acto. Como el presidente de la compañía no estaba, dejamos constancia ante su apoderado, Jorge Jurado”, explica Natalio Etchegaray, escribano oficial. El caso se politizará más esta semana, cuando Ricardo Gil Lavedra, ex candidato a senador radical en las últimas elecciones, defienda a Shell en un caso que origina varias discusiones: si está vigente o no la Ley de Abastecimiento, o los límites a la libertad de expresión, entre otras.

Por ahora, en Shell declinan hacer todo tipo de comentarios, ya que todavía no hubo tiempo de realizar evaluaciones. Pero como el estudio de Gil Lavedra es el que lleva los asuntos penales de la compañía, la participación del ex fiscal en el Juicio a las Juntas Militares está confirmada. Hasta se espera que hoy mismo se reúna con Aranguren para analizar los pasos a seguir en la Justicia. Según la notificación de Comercio Interior, Shell deberá responder en 72 horas.

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La Shell, entre la rebelión y la partida
Página 12, Buenos Aires (www.pagina12.com.ar)

Por Raúl Dellatorre
La relación del Gobierno con Shell no se parece al vínculo con ningún otro grupo empresario. El tema precios fue detonante de varios conflictos, que promovieron más de un episodio de “castigo oficial” a la empresa en cuestión. Pero, en general, la salida fue acordada, con flexibilidad de las partes. La excepción estuvo dada por las empresas concesionarias que desistieron de seguir en el país (Suez en Aguas Argentinas, Electricité de France en Edenor, entre otras) o que demostraron desinterés en seguir vinculado al negocio (Macri en Correo Argentino).

En el caso de las petroleras, la relación mezcló como en ningún otro sector lo político con lo empresario. Con Repsol YPF y Petrobras, el vínculo fue tenso hasta que las empresas, española y brasileña respectivamente, dejaron un espacio abierto a la negociación con sus gobiernos de origen. Rodríguez Zapatero, desde España, y Lula, desde Brasil, debieron involucrarse en buena medida para mejorar el clima. Petrobras es una empresa mixta con mayoría estatal. Repsol es privada, pero el grupo de control (La Caixa) reconoce innegables vínculos con el gobierno del PSOE.

La política se diferenció de la que se mantuvo con Esso y Shell. Inicialmente, porque estas dos empresas refinadoras y comercializadoras no tienen pozos de extracción en el país, con lo cual deben comprar el petróleo para elaborar. El gobierno de Néstor Kirchner admitió que las petroleras llevaran a un nivel elevado el precio del crudo y recién adoptó una política agresiva de intervención cuando los valores internacionales se dispararon sin desaceleración. Desde ese instrumento, el Gobierno buscó dominar el mercado, pero la rentabilidad que las empresas integradas obtenían en la extracción las diferenció de las solamente refinadoras. Este quiebre fue histórico, ya que rompió por primera vez la alianza entre los miembros del cartel petrolero.

A partir de allí, la relación pasó a ser conflictiva con unos y armoniosa, aunque con saltos, con otros. El episodio del aumento de los combustibles en febrero de 2005 dio lugar a dos hechos “fundantes” de la relación posterior en el sector: las negociaciones a nivel político con los mandantes de Repsol-YPF y de Petrobras, y la ruptura del vínculo con Shell, con boicot a sus productos incluido, apenas unos días después.

Tampoco la relación entre las petroleras volvería a ser la misma. Juan José Aranguren, por entonces presidente de la cámara que los agrupa, cuestionó la posición de sus “colegas” al acordar la anulación del aumento sin consenso de Shell ni Esso. No recibió una respuesta satisfactoria. Dos años después, cuando el Gobierno nacional convirtió en móviles a las retenciones a la exportación como respuesta a un nuevo salto en el valor internacional del crudo, Aranguren volvió a la carga imputándoles “ingenuidad” a Repsol-YPF y Petrobras por haber permitido aquel acuerdo. Esta vez, sí hubo respuesta. El tono, por lo elevado, casi termina con las copas de cristal en las que habían servido el agua, sobre la larga mesa de reuniones de la cámara.

Mientras los ejecutivos de Esso iban preparando lentamente las valijas –no renuevan contratos con las estaciones de servicio, como forma de retirada paulatina–, en Shell se prepararon para dar la pelea solitarios. Desafiando el propósito del Gobierno de dar la imagen de tener “un mercado bajo control”, la angloholandesa desarrolló una política comercial que más parecía una provocación que el intento de ignorar las directivas oficiales. Lanzó productos “premium”, para ganar “un público más exigente”. Obviamente, con precios más caros. Ante las objeciones oficiales, respondió con argumentos ortodoxos acerca de la libertad de mercado, que no podían tener otra consecuencia que irritar más al Gobierno.

Se resistió a importar gasoil para completar la insuficiente oferta interna –ante una demanda creciente– y enfrentó denuncias y multas por desabastecimiento, que llegaron al embargo de estaciones de servicio. La Ley de Abastecimiento fue una herramienta desempolvada por el Gobierno casi exclusivamente para enfrentar a Shell. En los últimos meses, la firma empezó a desarrollar una política de suba de precios que la diferenció sustancialmente de los valores de la competencia (hasta 40 centavos por litro: casi un 20 por ciento). Como sus ventas no descendieron tanto como se hubiera imaginado, la competencia empezó a revisar su política. Petrobras, paulatinamente, comenzó a acercarse a los valores de Shell. Repsol-YPF, más pausadamente, inició un camino parecido.

Entre fines de diciembre y principios de enero, las autoridades del área de Energía empezaron a notar que la política se les escapaba de las manos. Empezaron una nueva ronda de negociaciones, siempre excluyendo a Shell, y ante la falta de resultados aplicaron un “castigo”: la prohibición de exportar combustibles. Aunque el volumen es marginal, se trata de las operaciones comerciales, hoy por hoy, más rentables de las compañías, con envíos periódicos a países limítrofes (Uruguay y Paraguay, principalmente).

En el bunker de Shell de Diagonal Norte y Perón, rodeando a Aranguren, volvieron a sonreír con mueca de venganza, recordando los episodios de dos años atrás en torno de una mesa de la Cámara de la Industria del Petróleo. Pero unos días después, se reflotaba el acuerdo entre petroleras y Gobierno: vuelta atrás con los aumentos de los últimos tres meses y levantamiento de la suspensión de exportación. Shell quedaba otra vez al margen, pero ahora con sus pizarras mostrando precios hasta 30 por ciento superiores a la competencia.

Cundió la alarma entre los expendedores. El lunes, Rosario Sica, titular de Fecra, llegó a las oficinas de Aranguren. Le rogó un cambio de actitud, porque a esos precios temían una caída en picada de las ventas. El titular de Shell argumentó que prefería diferenciarse de la competencia. Sica insistió, planteó una situación social insostenible para el sector. Le recordó la seguidilla de cierre de bocas de expendio en los últimos años. Aranguren le reclamó que formulara el pedido por escrito. Para sí mismo, recordó que, a la par de una batalla económica, libra un combate legal con el Gobierno y aquel papel podría resultarle útil.

El martes, Sica volvió a las oficinas céntricas de Shell con el documento por escrito. Aranguren pidió 48 horas. El jueves, anunciaría la rebaja en los precios, pero sin privarse de desafiar argumentalmente al Gobierno una vez más: no acepta canje de medidas, como el permiso de exportar, porque no los considera legales. Y anunció que con la relación de precios actual, no consigue petróleo suficiente para usar toda su capacidad productiva ni cree que se garantice el abastecimiento. Veinticuatro horas después, un escribano del Gobierno enviado por el secretario de Comercio le pedía ratificar sus dichos.

Desde hace casi tres años, Guillermo Moreno no se sienta a negociar con Aranguren. El primero no lo convoca, el segundo no pide audiencias. Por razones diversas, o similares, creen que sus posiciones son irreconciliables. Allegados a Shell aseguran que, en el año 2004, la empresa estuvo muy próxima a cerrar un acuerdo para vender sus activos en el país a una petrolera extranjera. Se sospecha que Pdvsa, aunque no lo confirman. La operación se frustró, dicen, “cuando se metió el Gobierno (argentino) y quiso conducir la operación”. No revelan más detalles, pero Shell se retiró de la negociación.

Desde entonces, las tácticas de uno y otro lado pasaron a ser otras. Shell, como un alumno caprichoso y rebelde, se convirtió en el personaje que desarticula toda la clase, al no aceptar las reglas internas. El Gobierno, como un maestro ya sin paciencia, busca aislar al caprichoso, acorralarlo, evitar que perjudique o contagie al resto; y si no lo logra, sacarlo de la clase.

En la última semana, Shell anunciaba que no podría producir utilizando más del 85 por ciento de su capacidad de planta. Ello equivale a decretar desabastecimiento para febrero y marzo, cuando la demanda para la cosecha le suma presión al mercado de gasoil. Comercio Interior disparó una inédita resolución, poniendo en conocimiento de las refinadoras que “deberán optimizar su producción con el fin de obtener los volúmenes máximos de su capacidad. Ello, en el marco de la Ley de Abastecimiento, que prevé fuertes sanciones, hasta clausura o decomiso, a quien no cumpla”.

Por si faltaran gestos, al mismo tiempo Repsol YPF anunciaba que había alcanzado cifras record de procesamiento de petróleo. obteniendo combustibles de alta calidad que fueron volcados al mercado interno. Y recordó que su participación en el mercado pasó, entre 2001 y 2007, del 41,5 al 50,7 por ciento en naftas, y del 46,3 al 56,1 por ciento en gasoil. Sin mucha preocupación por mostrar semejante concentración de mercado. Saben que, hoy, las miradas están en otra parte.

“No le compremos nada”

Los problemas comenzaron el 10 de junio de 2005 cuando la petrolera aumentó 3 por ciento el precio de la nafta y 5 por ciento el gasoil, motivando una dura reacción oficial del entonces presidente Néstor Kirchner, que convocó a un boicot. “No le compremos nada, ni una lata de aceite”, reclamó Kirchner. En menos de 24 horas grupos piqueteros y asociaciones de consumidores respondieron al llamado “escrachando” a varias decenas de estaciones de servicio.

Lo que siguió fueron episodios de mayor o menor tensión, pero la relación nunca se recompuso. La petrolera no se sumó a las otras tres refinadoras que en 2006 empezaron a importar gasoil para abastecer el mercado interno y en septiembre de ese año presentó un producto más caro (V-Power Diesel) que luego debió retirar por no haber recibido la autorización de la Subsecretaría. A partir de noviembre de ese año comenzaron las millonarias sanciones por desabastecimiento y en agosto de 2007 el secretario Guillermo Moreno pidió ante la Justicia la detención de los integrantes del directorio local por violar la Ley de Abastecimiento. Todavía quedaba más. Un par de meses después se aumentaron las retenciones para forzar una baja en los precios y como no dio resultado se prohibieron las ventas al exterior. Repsol, Esso y Petrobras decidieron entonces bajar los precios, pero Shell siguió resistiéndose y recién lo hizo el jueves pasado, aunque negó que haya sido por la presión oficial.

Enérgico rechazo de varios juristas

Varios juristas cuestionaron ayer la intimación oficial a Shell por las declaraciones del presidente de la firma, Juan Aranguren.

"No se puede presumir de antemano de una intencionalidad dolosa -dijo el ex diputado del Pro Jorge Vanossi-. Si fue interpretado como una amenaza, eso hay que probarlo. De lo contrario, se está coartando la libertad de expresión. Los procedimientos de Moreno son muy expeditivos y bordean el nivel de lo arbitrario. Se trata sólo de una opinión de un empresario sobre una probable secuela de una medida económica. Eso no es un delito ni puede dar lugar a ninguna acción penal."

Según Gregorio Badeni, profesor en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, el del Gobierno es un "gesto intimidatorio y mediático". Badeni considera que el pedido oficial sobre la ratificación o rectificación de los dichos "es legal", pero aclaró que Aranguren "no está obligado a contestar". Fue incluso más enérgico: "Puede pedirle al escribano del Gobierno que se retire de sus oficinas".

El constitucionalista advirtió en la iniciativa "algo poco habitual en el ámbito público, más una finalidad intimidatoria o mediática que de resguardo de derechos, como sí se lo utiliza entre privados".

El especialista en derecho penal Juan Pablo Vigliero sostuvo que destinar al escribano general del Gobierno para intimar a una empresa era un "claro exceso de poder". No habló de ilegalidad, pero explicó que el método es "cuando menos, novedoso".

"Amordazar"

Según explicó a LANACION.com, la intimación del escribano oficial a un particular es "avanzar y entrometerse" en el ámbito privado. Con esta acción, dijo, lo que se pretende es "amordazar a los empresarios, infundirles temor para que sean cautelosos en sus opiniones respecto de lo que hace el Gobierno". "Este tipo de actos muestra un régimen en donde no se puede opinar libremente sobre los actos del Ejecutivo."

Shell bajó el precio de la nafta, pero el Gobierno la volvió a presionar

Por: Natalia Muscatelli
El "sainete" entre el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el presidente de la petrolera Shell, Juan José Aranguren, transitó ayer por un camino insólito. Molesto, después de haber leído declaraciones periodísticas del titular de la petrolera -con quien mantiene una contienda personal- Moreno envió ayer al escribano general de Gobierno, a intimar al directivo "para que ratifique o rectifique" sus dichos.

Resulta que, al anunciar rebajas de hasta el 15% en los precios de los productos de la petrolera, Aranguren había opinado, ayer, -entre otras cosas- que una baja en los precios de los combustibles podría afectar el normal abastecimiento del mercado.

Este concepto fue parte de las explicaciones que el directivo dio a la prensa cuando se le consultó porqué la empresa no bajó los precios un mes antes, cuando lo hizo el resto de sus competidores. Entonces, el titular de la petrolera conjeturó -igual que en otras oportunidades lo hicieron otros dirigentes empresarios- que, según su criterio, una reducción en los precios de las naftas, haría crecer la demanda y por consiguiente, eso podría empeorar el nivel de abastecimiento.

Para la Secretaría de Comercio, esa opinión tuvo otra lectura: "Se lo puede interpretar como que Aranguren está atentando contra el abastecimiento", consignó una fuente oficial. Por eso, ayer a la tarde, el escribano general de Gobierno, Pedro Natalio Echegaray, se presentó en el edificio de la petrolera para labrar un acta y darle al directivo 72 horas para que se presentara a ratificar o rectificar sus declaraciones. También, para saber si la empresa adoptó "las previsiones necesarias para cubrir el total de la demanda de gasoil, según lo establece la resolución 25/06 de la Secretaría de Comercio".

Según el escribano, la cartera que conduce Moreno considera que las declaraciones de Aranguren "no se ajustan a lo que debería ser", dijo, al salir del edificio luego de notificar al abogado de Shell, Héctor Jurado, ya que Aranguren no estaba.

Consultados sobre el tema, en la petrolera decidieron no hacer comentarios. En tanto, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay opinó que, evidentemente, se trató de hecho "intimidatorio" de parte del funcionario. "De ninguna manera se le puede limitar a una persona su libertad de expresión y sobretodo disponer de un funcionario público para exigirle ese tipo de proceder", explicó.

Quienes intentaron mantenerse al margen del episodio, ayer, fueron las distintas entidades que nuclean a los expendedores de combustibles. La razón fue la satisfacción por la decisión de Shell de retrotraer los precios. Ocurre que las ventas de los estacioneros de la marca habían caído abruptamente debido a la brecha de precios que se generó cuando los surtidores de YPF, Petrobras y Esso rebajaron los precios al nivel de octubre del año pasado. Eso motivó a Shell a bajar los precios también, "tras haber analizado la evolución del mercado durante los últimos días, junto a los estacioneros y a dirigentes de federaciones empresarias nacionales -como FECRA- y de otras jurisdicciones del país", dijo la empresa.

Destilerías, en la mira
El Gobierno oficializó ayer la medida que obliga a las destilerías que operan en el país a procesar al máximo de su capacidad para abastecer el mercado interno de combustibles líquidos.

Es la resolución 14/08 de la Secretaría de Comercio Interior que dispuso que "las empresas vinculadas al sector de refinería de petróleo y sus derivados deberán optimizar su producción a efectos de obtener los volúmenes máximos de su capacidad".

La medida, se publicó ayer en el Boletín Oficial, y habilita a Comercio a pedir informes a las petroleras sobre la capacidad que están utilizando.